SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0239/2020-s3

Ghely Quispe Fernández, Médico Forense del IDIF de la Fiscalía General del Estado, no asistió al acto procesal programado; no obstante, presentó informe escrito cursante a fs. 19 manifestado que: 1) El 16 de septiembre de 2019, a horas 17:52 fue notificada con requerimiento fiscal para la valoración médica del ahora peticionante de tutela; por ello, el 19 del citado mes y año a horas 15:07, se constituyó en la Carceleta
Provincial de Tupiza del departamento de Potosí, donde procedió a realizar el examen médico forense, extremo que acredita con una fotografía del paciente durante la valoración; 2) Generalmente la certificación es emitida inmediatamente practicada la valoración médico forense; sin embargo, no puede asegurar con certeza que en el caso fue así; ya que, por la excesiva carga laboral del Ministerio Público y de su persona, no siempre cuenta con las copias de recepción; además, el requerimiento fiscal no tenía un plazo establecido para la entrega del referido certificado médico; no obstante, a objeto de subsanar ello informa que a la fecha se entregó de forma reiterada una copia del mismo al accionante en secretaría de la Fiscalía, extremo que acredita con el cargo de recepción de la misma; 3) En momento alguno quiso perjudicar al impetrante de tutela, como se hace notar en el memorial de esta acción tutelar, porque también la parte interesada debe preocuparse por exigir la entrega del certificado, en este caso su abogado, quien no se aproximó a su oficina para preguntar por el mismo; y, 4) El actuar del abogado -del peticionante de tutela-, es malicioso, mal intencionado y no acorde al debido proceso, porque en su momento debió preocuparse por exigir la certificación del examen practicado a su cliente y en última instancia solicitar conminatoria ante el Fiscal de Materia que requirió la valoración, y no buscar instancias superiores e intentar culpar a su persona  que desempeña el cargo de Médico Forense.