SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0532/2020-S1
Fecha: 21-Sep-2020
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar, se encuentra detenida en celdas judiciales, mediante Resolución 03/2020 de 04 de enero, emitido por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, se dispuso su detención preventiva; ante dicha determinación presentó apelación incidental, señalándose audiencia para el 21 de enero de 2020 a horas 16:30, misma a la que asistió sin abogado debido a desavenencias con el mismo.
En audiencia de la fecha señalada, las autoridades demandadas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, lejos de garantizar el sagrado, irrestricto e inviolable derecho a la defensa consagrado por los arts. 115.II y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE), art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, optaron por confirmar la resolución apelada, cuando lo correcto y legal era suspender la audiencia y convocar a otra, conminando a que asista con abogado, además de designar defensor de oficio o defensa pública, y al no hacerlo provocaron su total estado de indefensión, incumpliendo la SCP 0526/2019-S4 de 12 de julio, que establece que es obligatoria y vinculante en su aplicación por toda autoridad judicial, además de ser análogo a su caso conforme lo estipula el art. 203 de la CPE.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- concedió
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- i)
- III.1. El derecho a la defensa técnica en el desarrollo de una audiencia
- derecho a la defensa
- Fragmento 11
- “…interpretó el carácter irrenunciable de la defensa técnica determinando que, las autoridades judiciales no deben permitir durante el desarrollo del proceso, que el imputado asista a la audiencia sin la necesaria asistencia técnica, de lo contrario, deberán nombrar un defensor de oficio. Ello significa que, la exigencia de la defensa técnica determina las decisiones de las autoridades judiciales durante el desarrollo de una audiencia”
- “…la inviolabilidad de la defensa técnica implica necesariamente el derecho de contar con un abogado defensor de confianza, es decir, de libre elección por el imputado, desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia, entendiéndose por primer acto del proceso cualquier sindicación en sede judicial o administrativa, con mayor razón si el imputado no posee conocimientos jurídicos, o aún poseyéndolos, no puede ponerlos en práctica con idoneidad (arts. 5 y 9 del CPP). En el supuesto de que el imputado una vez consultado no elige a su defensor, porque no quiere o no puede designarlo, o si el elegido no acepta inmediatamente el cargo, de oficio se le debe nombrar un defensor. En éste último supuesto, debe precisarse que el derecho a la defensa no se agota con la simple designación de oficio del defensor o su presencia ineficaz, sino que debe observarse la asistencia efectiva de la defensa técnica, ya que el mero formalismo de la designación y presencia del defensor no puede prevalecer sobre el ejercicio material del derecho, de acuerdo al mandato de eficacia de los derechos fundamentales, consagrado en los arts. 14.III, 109.I, 196.I y 410 de la CPE”.
- para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados
- radica en el hecho de que el demandado, cuando se otorga la tutela, es responsable de restituir las formalidades conculcadas enmendado los actos denunciados de lesivos a los derechos a la vida, libertad personal o de locomoción e incluso, puede ser pasible a sanciones emergentes de las acciones u omisiones atribuidas a éste, constituyéndose en un requisito indispensable al momento de interponer esta acción de defensa”
- III.3. Análisis del caso concreto
- contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida
- CONFIRMAR en parte
- Fragmento 19
- MAGISTRADA
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Bolivia mediante Decreto Supremo (DS) 18950 de 17 de mayo de 1982, (elevado a rango de Ley 2119 promulgada el 11 de septiembre de 2000), establece el derecho fundamental de toda persona sometida a proceso, sujeto a una serie de garantías mínimas, entre las que se encuentra reconocida la defensa material