Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0054/2021-S2
Fecha: 19-Abr-2021
I.2.2. Informe del demandado
Augusto Tapia Revollo, Gerente General del Hospital San Vicente de Paúl S.R.L. a través de su representante administrativo -Cristhian Lizarraga- en audiencia señaló que, no tuvo la intensión de retener al accionante ni a ninguna persona; al parecer el prenombrado no tiene la posibilidad de realizar la cancelación económica por los servicios médicos prestados; sin embargo, ese Hospital esta prestó a elaborar un compromiso de pago, sin que esto genere problemas; adeudo que se podría efectuar al finalizar la cuarentena.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- I.2.2. Informe del demandado
- concedió
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre la procedencia de la acción de libertad en los centros hospitalarios públicos y privados
- No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales
- a) El paciente agraviado u otro a su nombre debe acudir a la unidad correspondiente, sea administrativa, legal y/o social, haciendo conocer su situación de insolvencia, y la procura del pago según los planes o beneficios, descuentos, programas asistenciales, y otros, que le permitan cumplir su obligación; o alternativamente, puede acudir directamente ante el director del centro hospitalario o clínica, en el mismo sentido, haciendo conocer su situación, su insolvencia y voluntad de pagar, solicitando se restablezca su derecho a la libertad, restringida o afectada por la retención y condicionamiento impuesto, y b) En caso de persistir el agravio; es decir, de no haberse definido en un plazo no mayor a veinticuatro horas, la modalidad de honrar la obligación y continuar la retención condicionada al pago; se activa la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, la cual debe ser dirigida contra el director del nosocomio, dado que es él quien tiene facultades para hacer cumplir el fallo constitucional ante una otorgación de tutela, como también asume la responsabilidad en caso de disponerse el pago de costas, daños y perjuicios, y la responsabilidad penal inclusive en su calidad de máxima autoridad responsable de los efectos de su gestión. No obstante, en caso de que la acción no sea dirigida contra él, igualmente corresponde la admisión de la misma, debiendo procederse también a su citación para que en su calidad de director tome conocimiento y repare la lesión denunciada
- i)
- ii)
- III.2. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR