SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0227/2021-S2

Sucre, 8 de junio de 2021

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

Acción de libertad

Expediente: 34847-2020-70-AL

Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 02/2020 de 11 de agosto, cursante de fs. 14 a 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Bernabé Jancko Huanca y Donato Jancko Suyo contra Rosario Merlo Vilca, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de agosto de 2020, cursante a fs. 1 y 9 a 10 vta., los accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, asociación delictuosa, y tenencia y porte o portación ilícita, se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; ante esa situación, pretendieron solicitar la cesación a su detención preventiva; sin embargo, para cumplir dicho fin, precisaban la emisión de requerimientos fiscales, empero, el cuaderno de investigación signado con caso 145/2020, se hallaba en la Fiscalía de Caranavi; por lo que, el 4 de agosto de 2020, teniendo los memoriales listos para presentar la mencionada solicitud ante Freddy Tarqui Mamani, Fiscal de Materia designado al asiento del citado municipio, que estaba en suplencia del asignado al caso, intentaron trasladarlos hasta el lugar; no obstante, se enteraron que el camino se encontraba bloqueado, hecho que imposibilitó la transitabilidad; razón por la cual, se comunicaron vía telefónica con la señalada autoridad, quien les indicó que podían hacer llegar su petición en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, mediante la “Coordinadora de Fiscales de Provincias” a cargo de Rosario Merlo Vilca, Fiscal de Materia, ahora demandada; para ello, su abogado tomó contacto con la nombrada y se apersonó a la Fiscalía de la indicada ciudad; autoridad que se negó recibir sus escritos; por tal motivo, quedaron impedidos de tramitar la cesación de la medida impuesta que pretendían pedir con base en los requerimientos que se hubieran emitido como respuesta por la representante fiscal más cercana; aún no sea la titular de la causa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, ordenando que la “…COORDINADORA ROSARIO MERLO V. EN EL DÍA…” (sic), recepcione su memorial de 4 de agosto de 2020, de solicitud de requerimientos fiscales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de agosto de 2020, según consta en acta cursante de fs. 12 a 13 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron los términos expuestos en el memorial de acción tutelar presentado y ampliándolo señalaron que: a) La SCP 1555/2013 de 13 de septiembre, estableció los principios rectores para la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; la cual, busca acelerar los trámites judiciales cuando existan dilaciones indebidas, priorizando la situación jurídica de las personas detenidas; y, b) El Ministerio Público se rige por los principios de unidad y jerarquía; es por ello, que la Fiscal de Materia ahora demandada, podía recepcionar su memorial y darle respuesta, emitiendo los correspondientes requerimientos fiscales.

I.2.2. Informe de la demandada

Rosario Merlo Vilca, representante fiscal, en la audiencia de garantías refirió que: 1) Es Fiscal de Materia Especializada en Justicia Penal Juvenil; por ello, responsable de esa área; es decir, conoce procesos penales donde los involucrados son adolescentes infractores de catorce a dieciocho años de edad; 2) No ostentaba el puesto de coordinadora de fiscales de provincias; por lo que, la acción tutelar adolecía del cumplimiento de los requisitos necesarios; y, 3) No vulneró ningún derecho fundamental de los accionantes; ya que, no conoció a sus abogados patrocinantes, tampoco sostuvo conversaciones vía telefónica.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2020 de 11 de agosto, cursante de fs. 14 a 16 vta., concedió en parte la tutela, disponiendo que Freddy Tarqui Mamani Fiscal de Materia designado al asiento de la Fiscalía de Caranavi, en suplencia del asignado al caso, recepcione los memoriales presentados por los accionantes, sea a través de los mecanismos de teletrabajo conforme el Instructivo M.A.C.V. 85/2020 de 21 de julio, Sistema Justicia Libre “JL1”, correo electrónico, WhatsApp u otro medio de comunicación; y, denegó la tutela, respecto a la autoridad demandada sustentando su determinación con base en los siguientes fundamentos: i) La Fiscalía Departamental del referido departamento, emitió el indicado Instructivo por medio del cual se dispuso la implementación de la modalidad de teletrabajo en dicha institución hasta el 7 de agosto de igual año; estando vigente ese tipo de jornada laboral; así como, la aplicación del referido Sistema, también disponible la plataforma mediante la que pudieron procesarse las solicitudes de forma electrónica; y, ii) Respecto a que la demandada no quiso recibir los memoriales, quien manifestó en la audiencia de garantías que no sería la “Coordinadora de Fiscales de Provincias”, además el abogado del impetrante de tutela señaló que tomó contacto con la “Dra Roció” y no así la “Dra. Rosario Merlo”; por otro lado, de la documentación adjunta evidenció que la causa penal está bajo la dirección funcional del Fiscal de Materia designado al asiento de la Fiscalía de Caranavi.

En vía de aclaración y complementación los accionantes solicitaron que se notifique al Fiscal Departamental de La Paz a efectos que esa autoridad indique quien sería el representante fiscal coordinador de provincias; en sustanciación y resolución la Jueza de garantías resolvió “no ha lugar” sin perjuicio de que los nombrados puedan recabar dicha información de manera directa de la Fiscalía Departamental; refiriendo que, en lo relativo al teletrabajo se constituye en una nueva petición; y si bien, la Fiscalía de Guanay y Caranavi se encuentran en provincia, existe cobertura de internet y se cuenta con un correo electrónico institucional; y, dispuso que se reciba el escrito que pretendían presentar y en caso de incumplir darse una respuesta en el plazo establecido por ley, tenían las vías legales expeditas para hacer valer sus derechos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por imputación formal de 27 de junio de 2020, dirigida al Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz; el Fiscal de Materia, atribuyó a los solicitantes de tutela la presunta comisión de los delitos de robo agravado, asociación delictuosa, y tenencia y porte o portación ilícita, solicitando audiencia de aplicación de medidas cautelares (fs. 5 a 8).

II.2. Cursa memorial de 4 de agosto de igual año, dirigido al “…FISCAL: Tarqui en suplencia del fiscal Limbert Osco” (sic) suscrito por los accionantes (fs. 2 a 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, asociación delictuosa, y tenencia y porte o portación ilícita, se encuentran con detención preventiva; pretendieron presentar memorial al Fiscal de Materia que se encontraba asumiendo la suplencia de su causa penal; no obstante, como consecuencia del bloqueo de la carretera al municipio de Caranavi no pudieron hacerlo; es así que, se comunicaron con la autoridad demandada para que en su calidad de “Coordinadora de Fiscales de Provincias” reciba su escrito y les dé una respuesta; empero, esto no aconteció; lo que, les dejó sin la posibilidad de obtener requerimientos y documentación con los que fundar la solicitud de la cesación a dicha medida impuesta.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Falta de legitimación pasiva en acción de libertad

Al respecto la SCP 0334/2017-S1 de 19 de abril, estableció que: “La legitimación pasiva en la acción de libertad, según la jurisprudencia constitucional es un requisito insoslayable al momento de ser planteada la misma, con la finalidad de efectivizar en este caso las vulneraciones establecidas en el art. 125 de la CPE, que tiene que ver con uno de los derechos fundamentales protegidos por la misma, como es el de la libertad, es así que la SCP 1485/2014 de 16 de julio, señaló que: ‘La legitimación pasiva se constituye en un requisito esencial para la activación de la acción de libertad, la misma identifica a la persona o autoridad que presuntamente vulneró algún derecho fundamental, debiendo dirigirse la acción tutelar contra el sujeto que lesiono los derechos, dicha exigencia radica en que, el sujeto infractor será pasible a las sanciones emergentes de las acciones u omisiones atribuidas a él.

…la jurisprudencia establecida en la SC 0483/2011-R 25 de abril, entre otras, recogiendo el razonamiento de la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, es clara al establecer que: ‘…es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 0691/2001-R de 9 de julio, reiterada en las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y otras, 7 se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción”’ (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se tiene que, a los impetrantes de tutela se les sigue proceso penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, asociación delictuosa, y tenencia y porte o portación ilícita, asignado al Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz (Conclusión II.1); causa en la que se les impuso la detención preventiva; por ese motivo, pretendieron presentar el memorial de 4 de agosto de 2020 dirigido al “…FISCAL: Tarqui en suplencia del fiscal Limbert Osco” (sic [Conclusión II.2]).

Bajo ese marco a decir de los solicitantes de tutela, Rosario Merlo Vilca -por información del director funcional de la investigación en suplencia legal de su causa-, sería la “Coordinadora de Fiscales de Provincias”, a quien pretendieron presentar su memorial; empero, esta se negó a recibirlo; al no ostentar ese cargo; en virtud a ello, resulta evidente que esta autoridad no lesionó el derecho invocado en esta acción de defensa, careciendo de legitimidad pasiva; toda vez que, en el desarrollo de la audiencia de garantías, la representante fiscal manifestó que es responsable del área de Justicia Penal Juvenil de la Fiscalía Departamental de La Paz; por otro lado, el abogado de los accionantes refirió que tomo contacto con la “Dra. Rocio” y no así con la nombrada autoridad, aspectos que no fueron controvertidos y que permiten establecer que la aludida no asumió el conocimiento del proceso donde se encuentran involucrados los peticionantes de tutela, siendo responsabilidad del Fiscal de Materia en suplencia legal, o en su defecto de la oficina de coordinación de fiscalías de provincias; motivo por el cual, este Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática traída a revisión; por cuanto, en el marco de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la actual Sentencia Constitucional Plurinacional, al no existir relación entre el acto ilegal señalado como lesivo a su derecho con la autoridad demandada.

Por otra parte, en relación a los principios de unidad y jerarquía que se rige en el Ministerio Publico preceptuado en el art. 5.6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), es necesario aclarar que, de los antecedentes de esta acción de defensa, no se tiene constancia que la Fiscal de Materia demandada conformaba una comisión de fiscales, o que era parte de una fiscalía corporativa, tampoco que fungía como coordinadora de fiscales de provincias, designaciones que la habrían constreñido a asumir la dirección funcional de la investigación y consecuentemente, admitir la responsabilidad de emitir los requerimientos extrañados, solicitados a través del memorial que pretendieron presentar los accionantes; al contrario, se pudo deducir que la autoridad fiscal, tenía a su cargo el área de Justicia Penal Juvenil; es decir, atendía procesos de adolescentes infractores, característica que no revisten los impetrantes de tutela.

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

Por tanto

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve, REVOCAR en parte la Resolución 02/2020 de 11 de agosto, cursante de fs. 14 a 16 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO