SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0307/2021-S2

Fue condenado a una pena privativa de libertad de diez años, por el delito de tráfico de sustancias controladas; en atención a los arts. 7 y 8 del Decreto Presidencial 4226 de 4 de mayo de 2020, a través del Servicio Departamental de Defensa Pública (SEPDEP) solicitó ante la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de Oruro, acogerse al indulto, cumpliendo todos los requisitos establecidos por dicha norma; petición que data de 10 de junio de igual año, que no fue atendida por Daniel Richard Andrade Carrasco, Director Departamental y Antony Apzalon Galarza Rocha, Técnico VI-Abogado, ambos del mencionado Régimen Penitenciario -ahora demandados-, quienes omitieron dictar resolución administrativa e informe a su favor, documentación que debió ser presentada por escrito o buzón judicial al juez de ejecución penal para su respectiva homologación; incumplido el plazo de presentación de cinco días conforme prevé el art. 9 inc. d) y e) del referido Decreto, existiendo una demora injustificada que afectó su derecho a la libertad.