Auto Supremo AS/0319/2002

VISTOS: El recurso de casación de fs. 67-68, interpuesto por Juan Fernández Romero, Pedro Sobrino Gaona y Carmen Chalar vda. de Sossa, contra el Auto de Vista de fs. 63-64, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, dentro del proceso social seguido en contra del Comando de Ingeniería del Ejercito Batallón Riosinho VI de Ingeniería, los antecedentes del proceso, Dictamen Fiscal de fs. 76-77 y,

CONSIDERANDO: Que planteada la demanda social de fs. 6-7, tramitada que fue, el Juez del Trabajo y Seguridad Social de Cobija, a fs. 39-40, dictó Sentencia declarando PROBADA en parte la demanda. En grado de apelación la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, pronunció el Auto de Vista de fs. 63-64, ANULANDO obrados hasta la providencia de admisión de la demanda inclusive por falta de jurisdicción y competencia del Juez.

CONSIDERANDO: Que el recurso de casación, luego de una relación de antecedentes, acusa la violación del artículo 162 de la Constitución Política del Estado por incumplimiento del Decreto Supremo 21137, al desconocerse el pago de subsidio de Frontera que corresponde a funcionarios tanto del sector público como privado; infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil por falta de pronunciamiento del tribunal Ad quem respecto a la aplicación del Decreto Supremo 23570; desconocimiento de los arts. 25 y 26 de la Ley de Organización Judicial; error de hecho y derecho en violación del art. 247 de la Ley de Organización Judicial, por ausencia de causal de nulidad; y aplicación errónea del art. 150 del Código Procesal del Trabajo.

CONSIDERANDO: Que, del examen de antecedentes procesales y pruebas aportadas, se evidencia lo siguiente:

La acusación de aplicación errónea del art. 150 del Código Procesal del Trabajo, con relación a la falta de oposición de excepción de incompetencia es incorrecta pues se advierte que en la contestación a la demanda, a tiempo de asumir defensa, el representante de la entidad demandada, de manera explícita argumentó que los trabajadores de la Institución Armada estaban exceptuados del campo de aplicación de la Ley General del Trabajo. En materia laboral, la autoridad judicial está facultada para analizar su propia competencia y resolver lo que corresponda conforme a ley. En autos, la demanda de fs. 16-17 contiene pretensiones que se encuentran al margen de las competencias del Juez A quo, determinadas en el art. 43 del Código Procesal del Trabajo y art. 152 de la Ley de Organización Judicial