Auto Supremo AS/0496/2013

No obstante de ello, dando cumplimiento al Auto Nº 261/2013 de 19 de agosto de 2013, éste Tribunal considera pertinente complementar el Auto Supremo Nº 388 de 16 de julio de 2013, respecto al juicio de admisibilidad del recurso de casación interpuesto, anotando así que en merito a la nueva visión de justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, que se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez, se establece que, conforme a dicha potestad, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones; así el principio de eficacia, supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material; de similar manera el principio de eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas puedan obtener un oportuno reconocimiento de sus derechos; y, finalmente, el principio de verdad material, que implica que el juzgador debe basar su resolución en una reconstrucción fiel a la realidad de los hechos y las circunstancias que lo rodearon y, para ello, debe dar prevalencia de la verdad antes que a los ritualismos, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad, resguardar derechos y garantías constitucionales. En ese sentido, se observa que los aludidos principios buscan que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho substancial y que el mismo se pueda cumplir a cabalidad, pues el incumplimiento o inobservancia de alguna formalidad, no debe ser causal para que el derecho sustancial no surta efecto, conforme se tiene establecido también del artículo 59 del Código Procesal del Trabajo que, norman como obligación para los juzgadores, al momento de dictar sus fallos, de tomar en cuenta que el objeto del proceso social es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley sustantiva