Auto Supremo AS/0311/2020-RRC

En tal sentido, el derecho al recurso se encuentra reconocido por el art. 180 par. II de la CPE, así como por el propio art. 394 del CPP, que faculta a las partes el impugnar las decisiones que les causen agravio cuando se hubieren incurrido en errores de derecho procesales o sustantivos. Así, al ser considerado el recurso como una facultad, éste debe ser ejercido adecuadamente por la parte recurrente, es decir, que la misma debe observar que todo recurso goza del principio de formalidad, el cual hace referencia a que las formas procesales constituyen condición necesaria para la realización de un proceso penal propio de un Estado de Derecho. Las formas procesales obedecen a un objetivo concreto, que precisamente está relacionado con la materialización del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, conforme se interpreta del art. 29 núm. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como lo establecido por los arts. 8 núm. 2 inc. h); y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que no implica afectación al pro actione. Al respecto el Auto Supremo 98/2013 de 15 de abril señaló que el planteamiento de la apelación restringida bajo las previsiones del art. 407 del CPP, debe entenderse de acuerdo al siguiente entendimiento: “…esta exigencia se explica, porque el Tribunal tiene que saber cuál es la norma procesal o sustantiva que el procesado considera inobservada o erróneamente aplicada y fundamentalmente, cuál es la aplicación de la norma que pretende aquel que impugna de una sentencia, es decir, el recurrente tiene el deber, a partir de los motivos que alega en su recurso, indicar en su planteamiento cuál la solución que el Tribunal de alzada debiera dar a su caso. Es menester tener en cuenta que de acuerdo a la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio: ‘Estas exigencias, tienen la finalidad de que el Tribunal que conozca el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, cual ha podido ser la norma procesal o sustantiva que el procesado entendió inobservada o violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso (la mora judicial), imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal’ …”.

Por ello, el Tribunal de apelación, no pudo haber incurrido en falta de fundamentación o motivación sobre los puntos apelados, porque como se pudo determinar de la compulsa realizada, el ad quem se veía impedido de resolver cuestiones erróneamente expresadas en apelación restringida y a pesar de ello, resolvió ejercer la lógica sobre el razonamiento expresado en Sentencia a momento de imponerse la absolución y establecer bajo la legalidad, la aplicación de la Ley 060, refrendado por el Tribunal de alzada, que –inclusive- desarrolló el sentido jurídico para aplicar una sanción penal en casos de corrupción sobre el tipo penal del art. 29 de la Ley 004, para luego expresar criterio judicial sobre las conclusiones arribadas por el Tribunal de Sentencia en aplicación del precepto previsto por el art. 398 del CPP, debiendo considerarse además que al momento que las partes ejerzan el recurso de casación, tampoco pueden exigir posteriormente aspectos que fueron resueltos en mérito a su propia actividad recursiva, siendo que la base en el ejercicio del derecho a la impugnación, serán precisamente los términos argumentados apelados, que se reflejarán en toda resolución de alzada