TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
S A L A C I V I L
Auto Supremo: 0530/2025
Fecha: 03 de junio de 2025
Expediente: CH-17-25-S
Partes: Sandra Tania Avilés La Hera de Márquez y María Esperanza Avilés La …………..Hera c/ Wilfredo Pallares Torihuano.
Proceso: Reconocimiento de mejor derecho propietario y reivindicación de .inmueble.
Distrito: Chuquisaca.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1871 a 1880 vta., interpuesto por Wilfredo Pallares Torihuano, contra el Auto de Vista Nº 031/2025, de 03 de febrero, corriente de fs. 1850 a 1857, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de reconocimiento de mejor derecho propietario y reivindicación de inmueble, seguido por Sandra Tania Avilés La Hera de Márquez y María Esperanza Avilés La Hera contra el recurrente; la contestación de fs. 1887 a 1888 vta.; el Auto de concesión de 05 de marzo de 2025, visible a fs. 1889. el Auto Supremo de admisión N° 0211/2025-RA, de 18 de marzo, obrante de fs. 1995 a 1998, todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. Sandra Tania Avilés La Hera de Márquez y María Esperanza Avilés La Hera, por escrito de demanda que discurre de fs. 39 a 45, subsanada a fs. 50 a 51, promovió el proceso ordinario de reconocimiento de mejor derecho propietario y reivindicación de inmueble, contra Wilfredo Pallares Torihuano, quien una vez citado, según escrito visible de fs. 110 a 115, contestó de manera negativa, reconviene por usucapión quinquenal u ordinaria; pretensiones que fueron rechazadas por Auto de 29 de septiembre de 2016 y ratificada por Auto de 28 de noviembre de 2016, cursante a fs. 145 a 146; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 210/2024, de 6 de septiembre, que cursa de fs. 1815 a 1820, en la que el Juez Público, Civil y Comercial 11° de la ciudad de Sucre, declaró la PROBADA la demanda de mejor derecho propietario y reivindicación de inmueble, con costos y costas procesales, disponiéndose declarar el derecho propietario de la parte demandante Sandra Tania Avilés La Hera de Márquez y María Esperanza Avilés La Hera del lote de terreno ubicado en el ex fundo La Florida zona El Tejar, signado como Lote N° 71, con una superficie de 1.105,00 m2., con Matrícula N°1011990061628 y que el demandado Wilfredo Pallares Torihuano, en el plazo de 20 días de ejecutoriada la Sentencia haga entrega a las demandantes el referido bien inmueble bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento.
2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Wilfredo Pallares Torihuano según escrito de fs. 1824 a 1834, originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 031/2025, de 03 de febrero, corriente de fs. 1850 a 1857, donde se REVOCÓ PARCIALMENTE la Sentencia apelada, únicamente respecto a declarar improbada la demanda de mejor derecho propietario de fs. 39 a 45; manteniendo en lo demás la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:
No resulta cierto que la Sentencia incumple con lo establecido por el art. 213.II num. 9 del Código Procesal Civil y que el acta de audiencia complementaria y la Sentencia contengan fechas distintas como 06 y 09 de septiembre.
El recurrente carece de legitimación para reclamar de la vulneración de supuestos derechos de José Antonio Avilés La Hera y Enzo Giuliano Peterito Rojas.
Que los reclamos de congruencia externa e interna y vulneración del derecho a la defensa, inadecuada valoración de la prueba e inadecuada interpretación de la Ley fueron efectuadas de manera genérica y no así de forma puntual como establece el art. 261.I del Código Procesal Civil, que imposibilitó la labor asignada por el art. 265.I de la citada norma legal.
No especificó que medio probatorio fue valorado de manera errónea por el Juez A quo y constató que no era necesario la producción de la prueba pericial para determinar la individualización del bien inmueble al contar con suficiente prueba documental e inspección judicial que dan cuenta que el bien inmueble objeto del proceso signado con el N° 71 resulta ser el mismo inmueble que perteneció al abuelo del ahora impugnante Nemesio Pallares Carmona, cuyo derecho propietario, como emergencia de la emisión de la Sentencia de fs. 14 vta. a 16, de 7 de septiembre de 1991, fue declarado prescrito por usucapión decenal en favor de la Asociación de Mutilados e Inválidos de la Guerra del Chaco de Chuquisaca, cuyos representantes mediante Escritura Pública N° 433/91, de 06 de diciembre, reconocieron derecho propietario de dicho lote en favor del Benemérito Vidal Avilés Torres y de sus hijas Esperanza y Sandra Avilés La Hera, resultando el mismo lote del cual el hoy recurrente se declaró heredero en representación de su progenitor de 28 de mayo de 2014.
El registro efectuado por el abuelo del recurrente no puede ser tenido en cuenta y no puede surtir efectos jurídicos para fundar la demanda de mejor derecho propietario como erróneamente lo efectúo el Juez A quo, por lo que enmendó la misma acogiendo el reclamo invocado por el apelante.
Se llegó a cumplir con los presupuestos de la acción reivindicatoria.
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Wilfredo Pallares Torihuano mediante memorial de fs. 1871 a 1880 vta., recurso que es objeto de análisis.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN
1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:
En la forma
a) Que el Auto de Vista es ultra petita al haber otorgado más de lo pedido infringiendo el art. 218.III del Código Procesal Civil, manifestando que el Tribunal tenía la obligación de pronunciarse sobre el fondo de forma total y no así parcial, por cuanto ninguna de las partes solicitó se mantenga en los demás la Sentencia y de forma errónea y sesgada hubiera declarado improbada solo el mejor derecho propietario y no así la reivindicación.
b) La falta de pronunciamiento por el Tribunal de alzada sobre la acumulación de pretensiones accesorias, con el argumento, que la demanda contendría pretensiones múltiples, más propiamente contendría pretensiones contrapuestas como el “mejor derecho propietario” y la “acción reivindicatoria”, por cuanto el primero requiere la premoriencia y el segundo un justo título, por lo que, al no proceder el mejor derecho propietario, también no tendría lugar la reivindicación y que debió tenerse cuidado a momento de admitirla, lo cual, conllevaría a la inobservancia del art. 114 de la Ley N° 439.
c) Que no correspondería la acción reivindicatoria al haberse declarado improbada la demanda de mejor derecho propietario.
En el fondo
La vulneración del art. 56 de la Constitución Política del Estado y el art. 1453 del Código Civil, con el argumento que se hubiera vulnerado el derecho a la propiedad, ya que su registro seria anterior a la parte actora y tendría mejor derecho de conformidad al art. 1545 del Código Civil y a los razonamientos emitidos en los Autos Supremos N° 314/2019, de 03 de abril, N° 588/2014, de 17 de octubre y N° 1403/2016, de 05 de diciembre, ya que la Sentencia emitida dentro el proceso de usucapión no hubiera recaído sobre la matrícula de su abuelo Nemesio Pallares, y por tal motivo, no hubiese perdido vigencia conforme se tendría de la literal a fs. 707 y de fs. 1862 a 1863, que ante los efectos de la usucapión, debió haberse inscrito ante Derechos Reales, por lo que, no podría suponerse el principio registral de tracto sucesivo y correspondería ser tomado en cuenta para resolver el mejor derecho propietario al tratarse de inmuebles diferentes y estos extremos daría lugar que no se cumplan con los requisitos para la procedencia de la reivindicación de un predio que tiene derecho propietario más antiguo al de la parte actora.
Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido y se revoque la Sentencia, declarando improbada en todas sus partes.
2. Contestación al recurso de casación:
María Esperanza Avilés La Hera y Ricardo Daza Bautista, respondieron el recurso de casación mediante memorial de fs. 1887 a 1889 vta., solicitando en lo principal que:
El recurrente hubiera sugerido a sus hermanos Reynaldo y Oscar Edino Pallares Torihuano tramitar sus aceptaciones de herencia y registrarlo ante Derechos Reales con la finalidad de entorpecer el proceso, sin comprender que perdieron todo derecho de propiedad y dominio sobre el lote objeto de la demanda y que tampoco corresponde convocar a otros beneficiarios de los lotes.
Por lo referido, solicitó se declare la improcedencia por no cumplir las exigencias dispuestas en el art. 274.I num. 4 del Código Procesal Civil o infundado por no existir violación a normativa sustantiva o adjetiva, sea con costas y costos.
CONSIDERANDO III:
DOCTRINA APLICABLE AL CASO
III.1. Del art. 218. III del Código Procesal Civil.
El Auto Supremo N° 685/2019, de 16 de julio orientó al respecto: “En el sistema recursivo, la apelación constituye una garantía procesal porque posibilita que la decisión de instancia sea revisada por jueces de mayor jerarquía que, por la composición colegiada, otorga certeza decisoria por el criterio compartido de su determinación.
En tal caso, el sistema recursivo civil no adopta un procedimiento de reenvío, por el que, por los errores de fondo o forma advertidos en segunda instancia, se reenvíe la causa al Juez A quo y se dicte nuevo fallo, situación inadecuada que no era aceptada en el anterior régimen procesal y, lógicamente, es ausente en el actual. Así el art. 218.III del Código Procesal Civil, establece que: Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo, percepción concreta de la norma que determina la labor del Tribunal de apelación de fallar en el fondo de la causa, es decir, otorgar una solución jurídica, aun la sentencia tuviere contradicciones en las pretensiones acogidas, ya que, como se dijo, la labor del Ad quem no se puede limitar a identificar defectos de la sentencia sino en enmendar los mismos y otorgar soluciones a la controversia para el beneficio de los usuarios del sistema de justicia”. (El resaltado es nuestro).
III.2. De la incongruencia ultra petita.
El Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012, de 16 de febrero de 2012: “Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.
III.3. De la reivindicación y la función compleja.
Este Tribunal de casación a través del Auto Supremo N° 339/2020, de 04 de septiembre señala que: “(…) el dominio permite al propietario ejercitar todos los elementos dominicales que del derecho real de propiedad emanan como ser usar, gozar y disfrutar (ius utendi, ius fruendi y ete abutendi), incluso reivindicar el bien de manos de un tercero, la acción de reivindicación nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, hubiese tenido la posesión o no, por lo cual, en varios Autos Supremos se estableció que para la procedencia de dicha acción basta que el propietario demuestre su titularidad frente al que se encuentre en posesión de ella y éste no demuestre título que justifique su posesión que sea oponible al propietario, no otra cosa reflejan los arts. 105 y 1453 del CC, estableciendo como presupuestos de procedencia: 1) Que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar, 2) Que esté privado o destituido de ésta, 3) Que la cosa se halle plenamente identificada.
La referida acción bajo los criterios de la extinta Corte Suprema de Justicia posibilitaba únicamente interponer la pretensión de un propietario no poseedor contra un poseedor no propietario, haciendo inviable a través de esta acción estudiar otras posibles contingencias o circunstancias, sin embargo el actual Tribunal Supremo de Justicia realizando una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado efectivizando un correcto control de constitucionalidad, amplió el panorama de estudio refiriendo que iniciada la acción reivindicatoria podrán presentarse los siguientes escenarios: a) El actor presenta título de su derecho y el demandado no lo presenta (demanda inicia por propietario contra un simple poseedor) o b) Tanto el actor como el poseedor demandado presentan títulos, entonces en el segundo caso el estudio de obrados no simplemente pasaba por emitir una sentencia de mera condena, sino por una compulsa de títulos entre ambos propietarios, ya sean por un antecedente común, antecedente registral bajo las reglas de preferencia o antecedente dominial, de acuerdo al caso con base en el principio de tracto sucesivo que determina el art. 1538 del CC desglosado detalladamente en apartado III.3 de la doctrina aplicable al caso.
En otros términos, en caso de confrontarse dos propietarios la acción mutaba a la de mejor derecho propietario, función asumida con la finalidad de dar solución de fondo a los justiciables, quienes al acudir ante el Órgano Jurisdiccional buscan una solución al conflicto jurídico en observancia del art. 115 de la CPE, bajo los principios de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, este supuesto por la jurisprudencia ha sido denominado como función compleja, la cual se activa –reiteramos- cuando demandante y demandado acreditan ser titulares del derecho real de dominio (registrado), caso contrario la acción continua el desenlace de una reivindicación bajo las reglas antes anotadas”.
CONSIDERANDO IV:
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN
Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentaran la presente resolución y en virtud del principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta.
De la lectura del recurso de casación de fs. 1871 a 1880 vta., se infiere que en el acápite de su recurso de “casación de forma” efectúa argumentos de forma y fondo; en consecuencia, este Tribunal disgregará según su naturaleza y procederá previamente al análisis de los reclamos de forma, pues de ser ciertos los presuntos agravios dará lugar a la nulidad del Auto de Vista, y no será necesario ingresar a resolver las acusaciones que van al fondo de la controversia.
En la forma
a) En relación a la acusación de que el Auto de Vista seria ultra petita al haber otorgado más de lo pedido infringiendo el art. 218.III del Código Procesal Civil.
Toda vez que, se acusa la infracción de disposición normativa, al respecto, corresponde señalar que el art. 218 del Código Procesal Civil, dispone: “I. AUTO DE VISTA). I. El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente. II. Este fallo deberá ser: 1. Inadmisible. a) Si se hubiere interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. b) Por falta de expresión de agravios. 2. Confirmatorio 3. Revocatorio total o parcial. 4. Anulatorio o repositorio. III. Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, la normativa de referencia en su punto II.3 permite a los Tribunales de apelación revocar plenamente o parcialmente la Sentencia después de analizar el contenido del recurso de apelación; en consecuencia, la forma de resolución emitida por el Tribunal de apelación de fs. 1850 a 1851, concuerda con el actual sistema recursivo; puesto que, en el marco del art. 218.II num. 3 del adjetivo Civil, se revocó parcialmente la Sentencia apelada de fs. 1815 a 1820, declarando improbada la pretensión de “mejor derecho propietario” en atención a los argumentos explanados en el recurso de apelación de fs. 1824 a 1834, en la cual, el ahora recurrente Wilfredo Pallares Torihuano alegó entre otros, la inviabilidad del mejor derecho propietario de las demandantes, así como de la acción reivindicatoria incoadas en la demanda de fs. 39 a 45 vta. ratificada a fs. 50 a 51, y en virtud de ello, en el Auto de Vista se estableció que resultó evidente que el A quo no efectúo consideraciones en la parte motivada de la Sentencia respecto a la demanda del mejor derecho que fue declarada probada, decidiéndose suplir tal omisión en el marco del art. 265.III del Código Procesal Civil.
Lo anterior implica que el Tribunal de alzada recondujo el proceso para subsanar el yerro perpetrado por el Juez de primera instancia previa contrastación de los hechos alegados por los contendientes y el elenco probatorio propuesto y producido en obrados; es decir, ingresó al análisis del mejor derecho propietario, discurriendo que ante la inexistencia de prueba ofrecida y producida por el recurrente, que dé cuenta que la Sentencia que declaró probada la usucapión decenal (emitida en otro proceso) hubiese sido dejado sin efecto y por lo tanto surte pleno efecto jurídico y conlleva que el registro efectuado por el causante (abuelo) del recurrente, no puede ser tenido en cuenta y menos puede surtir efectos jurídicos, dando lugar que en la causa no se cuente con elementos que permitan efectuar un contraste a los efectos del mejor derecho propietario. Lo cual, conllevó que el Tribunal de alzada corrija el error incurrido por el A quo al haber declarado probada la demanda de mejor derecho propietario y por tal motivo, decidió enmendar en la forma prevista en la parte resolutiva del Auto de Vista, es decir revocando parcialmente la Sentencia.
Lo anterior descarta que el Auto de Vista impugnado contenga una incongruencia ultra petita, habida cuenta que conforme a la doctrina aplicable en el punto III.2, esta incongruencia solo se produce cuando la Autoridad extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración, situación no acontecida en la contienda judicial conforme a los argumentos explanados, más al contrario, el Tribunal de alzada resolvió en la medida de los agravios denunciados en la apelación y lo resuelto por el Juez de primera instancia.
Además, de conformidad a los lineamientos descritos en la doctrina aplicable (III.1), la aplicación correcta del art. 218 del Código Procesal Civil, involucra que los jueces, en su rol de administradores de justicia, deben corregir las deficiencias de la resolución y abordar el fondo del litigio para otorgar una solución jurídica, aún si la Sentencia tuviere contradicciones en las pretensiones acogidas u omisiones en la determinación del Juez de primera instancia, en sentido que la labor del Tribunal de segunda instancia no se puede limitar a identificar defectos de la Sentencia, sino en enmendar los mismos y otorgar soluciones a la controversia en el marco del art. 115 de la Constitución Política del Estado; deviniendo en infundado los presuntos agravios.
b) Respecto a la falta de pronunciamiento por parte del Tribunal de alzada sobre la acumulación de pretensiones accesorias o la presunta existencia de acciones contrapuestas que hubiera infringido el art. 114 del Código Procesal Civil.
Corresponde referir que sobre este reclamo el ahora recurrente no refirió nada en su recurso de apelación que cursa de fs. 1824 a 1834, motivo por el cual, la Sala de apelación no efectuó una consideración sobre dicho presunto agravio, por lo que, no es loable que el recurrente Wilfredo Pallares Torihuano, en fase de casación recién cuestione dichos extremos, cuando debió haberlo planteado en fase de apelación, soslayando que en la fase de casación se analiza la resolución dada por el Tribunal Ad quem al recurso previsto en el art. 256 del Código Procesal Civil, más aún, si el sistema recursivo en el Código Procesal Civil, se apoya en una estructura vertical, mediante la cual, el reclamo se la debe hacer conocer a la autoridad que tiene la facultad de corregir el defecto, sea de orden procesal o de orden sustantivo, de lo contrario admitir nuevos agravios en fase de casación sin que hubiesen sido analizados por el Tribunal de alzada tornaría el sistema recursivo uno distorsionado, rompiendo la segunda instancia y el sistema vertical recursivo, aspecto que no es aceptable para una correcta administración de justicia.
Al respecto en el Auto Supremo Nº 154/2013, de 08 de abril, orientó que, por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia; es decir, el agravio debe ser acusado oportunamente ante los Tribunales inferiores y de ninguna forma realizarlo recién en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el per saltum, que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación.
En el Fondo
En cuanto a los presuntos agravios descritos en el inciso c) en el acápite de su recurso de casación en la forma y como la inmersa en el fondo (Considerando II), se infiere que en ambos reclamos, el recurrente cuestionó la determinación asumida por el Tribunal Ad quem en lo relativo a la pretensión de reivindicación, incidiendo en la infracción del derecho a la propiedad en el marco del art. 56 de la Constitución Política del Estado y los arts. 1453 y 1545 del Código Civil, bajo el fundamento que su persona tuviera el mejor derecho propietario; por lo que, a fin de evitar una fundamentación y motivación reiterada, se ingresará de forma conjunta en su análisis.
De la revisión de la resolución impugnada y toda vez que, se acusa la infracción de los artículos señalados, se tiene que, el art. 56 de la Constitución Política del Estado, prevé: “I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria.”. Por otra parte, el art. 1545 del Código Civil, dispone que: “Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título”.
El recurrente basándose en esta normativa impetra que, su persona tendría el mejor derecho propietario y que el Tribunal Ad quem sin tomar en cuenta su documentación hubiera atentado su derecho a la propiedad; por lo que a fin de resolver esta controversia es preciso recurrir al Auto de Vista de fs. 1850 a 1857, que verificado, se advierte que resulta evidente tales argumentos que cimientan la decisión de revocar parcialmente la Sentencia y mantener la determinación asumida respecto a la procedencia de la acción reivindicatoria impetrada en la demanda de fs. 30 a 45 vta., subsanada a fs. 50 a 51; por lo que, corresponde comprobar si esos fundamentos son correctos, y para tal efecto, acudimos a los antecedentes procesales, de la cual, se colige por una parte, que las actoras Sandra Tania Avilés Torihuano La Hera de Márquez y María Esperanza Avilés La Hera demostraron que su derecho propietario sobre el inmueble ubicado en la Urbanización La Florida, Zona de El Tejar de esta ciudad, signado como Lote N° 71, con una superficie de 1.105 m2., se encuentra registrado bajo la Matricula Computarizada N° 11011990061628, Asiento A-1 de 17 de diciembre de 1991 conforme a la literal de fs. 11 y 13.
Por otra parte, el ahora recurrente a fs. 770 y vta., y de fs. 1862 a 1863, acompañó documento de propiedad inherente al lote de terreno registrado bajo la Matrícula Computarizada N° 1.01.1.99.0067789, de cuyo contenido, se observa que en su Asiento A-0 se encuentra consignado la titularidad de la Asociación de Mutilados e Inválidos de la Guerra del Chaco; en el Asiento A-1 de 11 de mayo de 1971, el registro de propiedad de Nemesio Pallares (abuelo del ahora recurrente) a consecuencia de una Escritura de División y Partición N° 197 de 10 de mayo de 1971, otorgado ante Notario Público Romelio Poppe Moscoso; en su Asiento A-2 de 11 de junio de 2014, el registro a nombre de Wilfredo Pallares Torihuano en mérito a una declaratoria de herederos en representación de su padre al fallecimiento de su abuelo Nemesio Pallares Carmona otorgado por el Juez de Instrucción Mixto y Cautelar de Ravelo.
Lo anterior conlleva que, evidentemente el demandado haya acompañado documento de propiedad inherente al inmueble objeto de la litis, sin embargo, no toma en cuenta, que si bien por Escritura Pública de partición y división N° 197/1971 de 10 de mayo, se asignó a Nemesio Pallares (+) el lote de terreno N° 71, registrado bajo la Matrícula N° 1.01.1.99.0067789, Asiento A-1 en fecha 11 de mayo de 1971, empero no es menos cierto, que este derecho propietario de su causante fue objeto de una demanda de usucapión decenal y extraordinaria conforme se colige de la literal de fs. 15 vta. a 16, que demuestra que la Asociación de Mutilados e Inválidos de la Guerra del Chaco (AMIG-SUCRE) instauró dicho proceso, demandando la prescripción adquisitiva de los lotes de terreno que en una primera oportunidad asignó a sus afiliados; entre ellos, el lote de terreno N° 71 de propiedad del causante Nemesio Pallares Carmona, logrando obtener la Sentencia de 17 de septiembre de 1991, emitida por el Juez Primero de Partido Ordinario en lo Civil de la Capital (Sucre-Bolivia), que declaró probada la demanda de usucapión decenal y extraordinario, reconociendo a la Asociación de Mutilados e Inválidos de la Guerra del Chaco, el derecho propietario por prescripción adquisitiva; es más, a fs. 889 vta., se infiere que el Juez de esa causa, mediante decreto de 20 de septiembre de 1991, dispuso la notificación a Derechos Reales a objeto de que proceda a cancelar los nombres de los treinta (30) demandados, entre estos, de Nemesio Pallares Carmona (Lote N° 71) a consecuencia de la solicitud de la Asociación de Mutilados e Inválidos de la Guerra del Chaco de fs. 689 y vta., requiriendo además, que no se cancele la Partida N° 20, Folio 11 del Libro de Propiedades de la Provincia Oropeza de 11 de mayo de 1971, porque al hacerlo se cancelaría no solo el derecho propietario de los 30 demandados, sino también el derecho de los restantes 70 adjudicatarios, ya que la Escritura de División y Partición de 10 de mayo de 1971, en lugar de generar cien (100) partidas de inscripción, como correspondía, hubiera dado lugar una partida global; lo cual, hace presumir que fue el motivo; por el cual, no se hubiera procedido a materializar la cancelación del registro de propiedad de Nemesio Pallares Carmona. Posteriormente, la Asociación de Mutilados e Inválidos de la Guerra del Chaco, ante la existencia de nuevos lotes adquiridos mediante la referida prescripción adquisitiva, mediante Escritura Pública N° 433/91, de 06 de diciembre, otorgada por ante Notaria de Fe Pública N° 5 de esta ciudad, a cargo de Ma. Teresa Zuleta Herrera que sale a fs. 2 a 6 vta., y fs. 538 a 543 vta., adjudicó a favor de sus afiliados; entre ellos, a favor del Benemérito Vidal Avilés Torres para sus hijas, ahora demandantes, Sandra Tania Avilés de Márquez y Maria Esperanza Avilés La Hera inscrita bajo la Matrícula N° 1011990061628, Asiento A-1 en fecha 17 de diciembre de 1991.
Estos antecedentes precedentemente expuestos advierte que, el Tribunal de alzada estableció correctamente que el derecho de propiedad impetrado por el ahora recurrente no puede ser tenido en cuenta y menos puede surtir efectos jurídicos para efectuar el necesario contraste para determinar el mejor derecho propietario frente de las demandantes, de quienes si está vigente su título de propiedad, siendo que no cursa en obrados prueba alguna que denote que la misma fue afectada por alguna determinación judicial, más al contrario, cursa en obrados, prueba que demuestra que el derecho de propiedad de su causante Nemesio Pallares Carmona (abuelo) fue objeto de usucapión también llamada prescripción adquisitiva, que conforme el art. 138 del Código Civil, es un modo de adquirir la propiedad de un bien, ya que, a consecuencia de ello, se otorgó el derecho propietario del Lote N° 71 a las ahora demandantes, quienes procedieron al registro de forma independiente sin que recaiga sobre la Matrícula del causante N° 1.01.1.99.0067789, generándose la Matrícula N° 1011990061628, lo cual, de ninguna forma puede fundar un mejor derecho en favor del recurrente como erróneamente pretende; pues, resulta evidente que el derecho propietario de su abuelo fue afectada por la prescripción adquisitiva declarada por Sentencia de 7 de septiembre de 1991, que implica que esa titularidad invocada por el demandado no surta efecto jurídico alguno como acertadamente concluyó el Tribunal de Alzada en la determinación recurrida, y por tanto, mal podría hacer valer el registro obtenido mediante el Testimonio de declaratoria de herederos de 27 de febrero de 2014 (fs. 760 a 763), en representación de su padre Donato Pallares Salazar al fallecimiento de Nemesio Pallares Carmona frente al derecho de propiedad de Sandra Tania Avilés La Hera de Márquez y María Esperanza Avilés La Hera; puesto que, se configuró la misma cuando su derecho de propiedad del causante se extinguió antes de esa aceptación de herencia.
En ese contexto, no se advierte la infracción del art. 56 de la Constitución Política del Estado y art. 1545 del Código Civil, menos es aplicable los razonamientos orientados en los Autos Supremos N° 314/2019, de 3 de abril, N° 588/2014, de 28 de junio y N° 1403/2016, de 5 de diciembre, ya que los hechos facticos son disímiles a la litis; máxime si de fs.1585 a 1586 vta., se acompañó el Auto de Vista N° 205/2019 de 22 de agosto, que confirmó la Sentencia de 07 de septiembre de 1991, así como el Auto Supremo N° 1152/2019, de 22 de octubre, (fs. 1748 a 1761) que declaró INFUNDADO el recurso (resoluciones pronunciadas dentro el proceso de usucapión decenal seguido a instancias de la Asociación de Mutilados e Inválidos de la Guerra del Chaco), que implica que la Sentencia que declaró la prescripción adquisitiva a favor de la Asociación de Mutilados e Inválidos de la Guerra del Chaco sobre el derecho propietario del causante Nemesio Pallares Carmona quedó plenamente ejecutoriado, surtiendo de esta forma todos los efectos legales que no puede ser desconocido por el ahora recurrente, siendo que la usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente, y extintivo para el usucapido, este último, consiste en la pérdida del derecho real o de la obligación por parte del titular anterior, que se produce como consecuencia de la adquisición de ese derecho u obligación por parte del usucapiente mediante la usucapión. En otras palabras, el derecho que el titular anterior tenía sobre el bien o una obligación se extingue porque el usucapiente ha adquirido ese derecho a través de la usucapión en el marco del art. 138 del Código Civil, lo cual no puede ser soslayado, caso contrario se ingresaría a una infracción al principio de seguridad jurídica, que impone la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la administración de justicia.
Lo anterior denota la procedencia de la acción reivindicatoria a favor de las demandantes como acertadamente se determinó por las Autoridades de ambas instancias, ya que verificado el Auto de Vista impugnado de fs. 1850 a 1857, el Tribunal Ad quem en el Considerando III, num.10 (décimo agravio), fundó su determinación de mantener el criterio asumido en la Sentencia de fs. 1815 a 1820, respecto a la pretensión de restitución del bien inmueble objeto de la demanda, habida cuenta que, conforme a los lineamientos descritos en el acápite III.3 de la doctrina aplicable, se estableció como presupuestos de procedencia de la acción reivindicatoria: 1) Que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar, 2) Que esté privado o destituido de ésta, 3) Que la cosa se halle plenamente identificada.
Conforme a los fundamentos expuestos, se corroboró que el recurrente se constituye en simple detentador, y no así propietario como erradamente alega, reiterándose que no puede eludir el efecto jurídico que recayó sobre el derecho de propiedad de su causante Nemesio Pallares Carmona como emergencia de lo dispuesto en Sentencia de fs. 14 vta. a 16, de 7 de septiembre de 1991, cuyo derecho propietario conforme se expuso líneas arriba, fue extinguida como efecto de lo determinado en la misma, para que ulteriormente sea adjudicado mediante Escritura Pública N° 433/91 de 6 de diciembre, en favor de las ahora demandantes cuando ya su nombrado causante (abuelo) no era propietario del referido inmueble desde el año de 1991, lo cual hace evidente que el recurrente no cuente en su favor con derecho propietario sobre el inmueble de la contienda judicial en aras de la verdad material, que implica la obligación de toda Autoridad judicial o administrativa a momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron.
Bajo esos antecedentes, queda plenamente acreditado la procedencia del primer y segundo presupuesto, es decir, la titularidad registral de las demandantes sobre el inmueble objeto de la demanda, puesto que se constituye en la única que surte efectos jurídicos al no haberse demostrado que la misma no tenga validez a contrario sensu del ahora recurrente, que quedó plenamente acreditado que el derecho alegado prescribió por resolución ejecutoriada, dando lugar además, que el recurrente se constituya en simple detentador.
Por otro lado, es indudable la concurrencia del tercer presupuesto en la litis conforme lo expuesto por el Tribunal de alzada en el análisis efectuado en atención a los agravios séptimo, noveno y décimo, pues queda plenamente acreditado que devienen del mismo origen conforme se tiene de la Escritura Pública de partición y división N° 197/1971 de 10 de mayo, de fs. 28 a 32 vta., de fs. 84 a 89 vta. y de fs. 753 a 758 vta.; la Sentencia de fs. 15 vta. a 16, así como de la Escritura Pública N° 433/91 de 06 de diciembre de fs. 2 a 6 vta., y de fs. 538 a 543 vta.; la inspección judicial de fs. 1844 a 1845 y las fotografías satelitales extractadas del Geogle Eart Pro de fs. 1851 a 1865, que corroboran que el inmueble signado con el N° 71, de la Ex Hacienda La Florida resulta ser el mismo bien inmueble que perteneció al abuelo del ahora recurrente (Nemesio Pallares Carmona), cuyo derecho propietario fue prescrito por usucapión, y adjudicadas de forma posterior a las ahora demandantes por la misma Asociación de Mutilados e Inválidos de la Guerra del Chaco, siendo el mismo lote sobre el cual el ahora recurrente procedió a registrar el Testimonio de declaratoria de herederos en representación de su progenitor en el Asiento A-2 de 11 de junio de 2014, de la Matrícula N° 1.01.1.99.0067789, cuando ya su causante no era propietario del inmueble objeto de la demanda; en consecuencia, está plenamente acreditado la singularización del inmueble y no resulta evidente la infracción del art. 1453 del Código Civil.
En mérito a lo expuesto, no se acreditó un accionar incorrecto del Tribunal de alzada en el análisis y emisión de la resolución impugnada, estando la misma conforme a derecho; por consiguiente, corresponde negar la pretensión del recurrente y emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en el art. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010 y en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 1871 a 1880 vta., interpuesto por Wilfredo Pallares Torihuano, contra el Auto de Vista Nº 031/2025, de 03 de Febrero, cursante de fs. 1850 a 1857, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, con costas y costos al recurrente.
Se regula el honorario profesional en favor del abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000.
Regístrese, comuníquese y devuélvase.
Relator: Mgdo. Primo Martinez Fuentes.