A1458/25

Competencia

5. La Corte determinó que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual. En consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite o en asuntos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y evitar la dilación en la adopción de una decisión.

6. En el presente asunto las autoridades judiciales en disputa integran distintas jurisdicciones. En ese sentido, carecen de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 para resolver el presunto conflicto de competencia[11]. Por consiguiente, le corresponde a la Sala Plena de la Corte decidir de manera definitiva sobre el particular para garantizar los principios de eficacia y celeridad del trámite de la acción de tutela.

7. La Sala Plena ha constatado, una vez más, que en el trámite de la acción de tutela a la que se refiere este pronunciamiento, fueron invocadas reglas de reparto con el propósito de negar la competencia para asumir su conocimiento[12]. Esta actuación es contraria al reiterado y consolidado precedente de este tribunal. Teniendo en cuenta tal circunstancia, la Corte estima necesario destacar, una vez más, que esa actuación desconoce directamente los artículos 86 y 152.a de la Constitución Política. A continuación, antes de pronunciarse sobre la controversia suscitada entre las dos autoridades, es necesario referir la importancia de ese precedente.    

Del plazo para la resolución de la acción de tutela

8. La acción de tutela constituye, probablemente, una de las modificaciones constitucionales más radicalmente importantes de la Constitución de 1991. Su adopción no solo implicó reconocer una transformación jurídica y política que dejaba en el centro de las preocupaciones la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, sino que exigió de los jueces una aproximación diferente a los fines del proceso judicial.   

9. El Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 81[13], bajo el título “Protección de los derechos constitucionales” y con ponencia del constituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero, propuso la figura de la acción de tutela. El texto propuesto[14] especificó que “(…) [e]n ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la fecha de la solicitud de tutela y la de su decisión. (…)”. A su vez, en la exposición de motivos de la proposición, se estableció que se trata de una acción, cuya “naturaleza es la de proveer protección inmediata a un particular que careciendo de otros medios de defensa adecuados sea perturbado actual o potencialmente en el ejercido de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución. (…)”. En igual sentido, el referido documento establecía que la acción de tutela debía ser un procedimiento “preferencial, breve y sumario. (…)”[15]. Precisamente en esa dirección, la ponencia presentada a la Plenaria para primer debate de la Asamblea Nacional Constituyente, destacó que la acción es tutela es "un mecanismo excepcional y sumario para una protección inmediata de los derechos (…)"[16].

10. El planteamiento constituyente, anudado en ese entonces a la esperanza de afianzar la protección de los derechos de las personas a través del reconocimiento de un acentuado haz de garantías judiciales, se reflejó entonces en el artículo 86 de la Constitución. Allí se estableció, entonces, que la protección de las posiciones jurídicas derivadas de normas de derecho fundamental tendría lugar a través de la acción de tutela. Un instrumento que, fundado en el principio de informalidad, prometía a todas las personas, niñas y niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, una respuesta judicial a sus reclamos que no tardaría más de diez días. En esos diez días todas las autoridades judiciales habrían de admitir la acción, practicar pruebas y tomar una decisión. Se trató entonces de una revolución judicial marcada, como se indicó, por un proceso constituyente asentado en la vigencia inexpugnable de la dignidad humana.

11. Fue tal la importancia de esa decisión que el propio constituyente otorgó facultades extraordinarias a fin de que el Gobierno Nacional regulara la acción de tutela y, en consecuencia, su entrada en vigencia, fuera inmediata. Precisamente el Decreto 2591 de 1991 se ocupó de ello y estableció en su artículo 3 que el trámite de la acción de tutela se regirá por los principios de “publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia”. A su vez, al tiempo que el artículo 15 determinó un trámite preferencial de la tutela a cargo del juez constitucional -previendo plazos perentorios e improrrogables- el artículo 29 siguiente, reprodujo lo prescrito por el artículo 86 constitucional y estableció que, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud de tutela, la autoridad judicial debe dictar el fallo.

12. Desde sus primeras decisiones, la Sala Plena de este tribunal ha explicado que el término establecido en el artículo 86 superior es de diez días hábiles, durante los cuales se ejerce la función judicial en el despacho correspondiente, el cual es perentorio e inexcusable[17]. Según la Corporación “[e]l acatamiento diligente de los términos por parte de la administración de justicia transmite a la comunidad un sentimiento de confianza que resulta indispensable para el desarrollo normal de sus actividades. Si ello es cierto respecto de todo trámite judicial, en materia de tutela el estricto ajuste a los términos resulta decisivo, ya que la protección demandada por el accionante, dado que están de por medio sus derechos fundamentales, es urgente e inmediata” [18]. Precisamente por ello, concluyó la Corte, la Carta Política caracterizó la acción de tutela indicando su naturaleza preferente y sumaria. Se trata de rasgos que definen y al propio tiempo cualifican esta garantía constitucional.  

Resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela

13. De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio de su título segundo adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, (ii) el factor subjetivo y (iii) el factor funcional.

14. Con fundamento en la existencia de la doble reserva, constitucional y estatutaria para la fijación de competencias, la Corte estableció que las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, no constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que las referidas normas nunca pueden ser utilizada por las autoridades judiciales para abstenerse de conocer un asunto. Su invocación con ese propósito se opone al derecho de acceder a la administración de justicia, dado que no existe ningún fundamento que permita asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del cual dependa la resolución del asunto[22]. Es tan clara la naturaleza que tienen las reglas previstas en los citados decretos que en su propio texto se indica que sus reglas “no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”[23].

15. De este modo este Tribunal ha considerado que lo dispuesto en los referidos decretos reglamentarios no constituye una habilitación para que el juez constitucional se aparte del conocimiento de una solicitud de amparo. En ese sentido, “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”[24].

16. La Sala Plena de la Corte Constitucional resalta que una porción significativa de los conflictos que ha conocido ha tenido como causa la invocación de reglas de reparto. Precisamente por ello, la Corte ha realizado, en numerosas oportunidades advertencias a los jueces que se apartaron del conocimiento de las solicitudes de amparo para que, en lo sucesivo, se abstuvieran de promover conflictos de competencia con fundamento en dichas reglas. Precisamente, la Sala Plena encontró que once de tales advertencias fueron formuladas respecto de la Sección Segunda del Consejo de Estado[25].

17. Este Tribunal considera que la jurisprudencia respecto de los conflictos aparentes ha sido inobservada por parte de las autoridades judiciales. Esa actuación afecta los principios constitucionales de celeridad y eficacia de la administración de justicia. Para esta Corte es inadmisible que después de centenares de reiteraciones y advertencias, los jueces omitan a los criterios fijados.