Fecha: 30-Abr-1996
Las exigencias constitucionales que la Carta establece sobre las normas de intervención pueden en este caso generar una inconstitucionalidad sobreviniente. En efecto, las potestades conferidas al Gobierno por las leyes de intervención no son obligatoriamente pro tempore pues estas normas pueden consagrar una competencia permanente para que el Gobie...
Fecha: 29-Abr-1996
Repárese en que si la restricción constitucional impuesta al legislador en los términos que anteceden pudiera ser enervada por el interés nacional, se frustraría el principio básico de la descentralización y la autonomía de los departamentos, distritos y municipios en cuanto se haría prevalecer un criterio centralista de conveniencia en perjuicio d...
Fecha: 29-Abr-1996
La ley 80 de 1993 reguló tanto la capacidad de los sujetos públicos como la capacidad o competencia de los sujetos privados que intervienen en las relaciones jurídicas a que dan lugar los contratos estatales. En tal virtud, estableció que están habilitadas para celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capa...
Fecha: 22-Abr-1996
La igualdad sustancial alude al compromiso de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho, las cuales se oponen al disfrute efectivo del derecho, lo que hace necesaria la configuración de medidas que puedan compensar y sean defensivas, con respecto a personas y grupos ubicados en condiciones...
Fecha: 10-Abr-1996
Podría pensarse que la Dirección General Marítima no había resuelto para el momento de la presentación de la tutela, una apelación interpuesta y que ya habían transcurrido nueve meses, entonces esta circunstancia permitía que el Tribunal conociera a prevención. En razón del principio de celeridad y de la necesidad de hacer prevalecer la justicia ma...
Fecha: 11-Abr-1996
Aunque no se hubiera notificado la resolución que resolvió el recurso interpuesto en contra de ella, la Corporación transcurridos los 2 meses de que disponía la administración para pronunciarse, ha podido acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. El silencio administrativo negativo operó, toda vez que si bien la resolución que resolvió e...
Fecha: 11-Abr-1996
En el proceso de tutela radicado bajo el número T-85.160, adelantado por la doctora Gladys Patricia Hernández Rojas, en su calidad de Personera Municipal de Puerto López y en representación de la señora Clara Inés Cotrino contra la Alcaldía Municipal y el Secretario de Gobierno Municipal de Puerto López. ...
Fecha: 11-Abr-1996
La reparación de los presuntos perjuicios (daño emergente y lucro cesante) ocasionados con motivo del acaecimiento del accidente, necesariamente requiere de la tramitación de un proceso ordinario ante la jurisdicción civil para que se declare la responsabilidad de la empresa y consecuencialmente se la condene al reconocimiento y pago de dichos perj...
Fecha: 12-Abr-1996
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira el dos (2) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), dentro del proceso de tutela instaurado p...
Fecha: 17-Abr-1996
La capacidad de crédito de las personas no es ilimitada, ni es justo exigirle a alguien que agote ese recurso cuando se le niega lo que legítimamente se le adeuda; a medida que pasaron los meses, ni el sueldo llegó ni se dió razón de cuándo se iría a cancelar, las obligaciones se hicieron exigibles, el actor les incumplió a sus acreedores, y cundió...
Fecha: 17-Abr-1996
El factor de la residencia, en estricto rigor, no tiene ninguna relación con la obra pública. El objetivo que persigue la medida es afectar la libre competencia entre los proponentes, otorgando a las firmas locales, de entrada, una ventaja de dos puntos, independientemente del mérito de sus respectivas propuestas. La relativa barrera que pretende c...
Fecha: 17-Abr-1996
Con fecha, octubre diecisiete (17) de mil novecientos noventa y cinco (1995), Luz Mery Jaramillo Díaz, actuando mediante apoderado, impetró ante el Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo, una acción de tutela en contra del señor Albeiro Gómez Cubillos, Alcalde Municipal de Bolívar (Valle), para la protección de los derechos de petición y de propi...
Fecha: 17-Abr-1996
Con fecha 24 de octubre de 1995, Fernando Pico Chacón agenciando los derechos de su progenitora, Leonor Chacón v. de Pico, "quien se ha visto afectada en su salud, lo que le impide realizarlo en forma directa", promovió acción de tutela en contra de la Caja de Previsión Social de Santafé de Bogotá, D.C., "por considerar que al negársele la expedici...
Fecha: 17-Abr-1996
La actitud que debió asumir la parte demandada, no era la de negar el documento, como efectivamente lo hizo, sino la de inaplicar las disposiciones en procura de la defensa de los derechos del actor, atendiendo el carácter prevalente de la Carta Política, pues la situación en que se dejó al demandante al no poder ejercer su profesión, es violatoria...
Fecha: 17-Abr-1996
La situación del doctor no implicaba un perjuicio irremediable que hubiera podido ameritar la concesión de una tutela transitoria, ya que las circunstancias del profesional sancionado disciplinariamente con medida de suspensión es siempre, por su misma naturaleza, la de alguien que, en virtud de la sanción impuesta, no puede ejercer una cierta acti...
Fecha: 18-Abr-1996
El rector al imponer las sanciones vulneró el derecho fundamental a la defensa de las estudiantes, por cuanto es derecho de los estudiantes "sin excepción alguna ser oido antes de ser sancionado". Como quedó probado, las accionantes no fueron citadas en diligencia de descargos ni vinculadas al proceso disciplinario, sino que se enteraron por el rec...
Fecha: 23-Abr-1996
La Sala Primera (1a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la sentencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, de fecha veinte (20) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995...
Fecha: 22-Abr-1996
La Superintendencia no estaba obligada a llamar a indagatoria al Presidente de la empresa, pues esta diligencia es propia de los procesos penales. El pliego de cargos que echa de menos el actor, corresponde, en el procedimiento administrativo, al requerimiento, en el cual se deben precisar, los hechos imputados a la empresa, las normas violadas, el...
Fecha: 29-Abr-1996
Aceptar que quien de manera ilegítima, esto es sin autorización de autoridad competente, ocupe un espacio público, automáticamente se hace acreedor al derecho de ser reubicado en otro espacio público, daría paso a la prevalencia de la arbitrariedad y las vías de hecho, y al menoscabo de la autoridad de los alcaldes en tanto jefes superiores de poli...
Fecha: 29-Abr-1996
Para efectos de lograr el reconocimiento de las prestaciones reclamadas (cesantías definitivas), la acción de tutela no está llamada a prosperar porque no ha sido consagrado como medio alternativo o sustitutivo de los ordinarios, administrativos o judiciales. La accionante, al respecto tiene a su disposición los medios de defensa que por la vía gub...