Fecha: 02-Abr-2002
Como consecuencia de esta nulidad, el laudo arbitral en su integridad, recobra plena validez. Igualmente, se mantiene en firme, mientras la Sala Plena se pronuncia de fondo, la sentencia de segunda instancia en el proceso de tutela proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que negó la tutela. Además, l...
Fecha: 02-Abr-2002
2. Que, proferido el fallo definitivo de la Corte Constitucional y ante el hecho de que el Magistrado Montealegre compartió la tesis mayoritaria de no conceder la tutela, el señor Saulo Arboleda Gómez presentó dos escritos en los cuales solicita al Magistrado Eduardo Montealegre Lynett declararse impedido para conocer del proceso T-426353. Sostiene...
Fecha: 15-Abr-2002
El ciudadano Luis F. Pesantes R. presentó demanda de inconstitucionalidad contra algunas de las normas de la Ley 712 de 2001, pero aquella fue inadmitida por el magistrado ponente. Como se relató en los antecedentes de esta providencia, el impugnante desaprovechó la oportunidad que, dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providenci...
Fecha: 16-Abr-2002
2. Mediante providencia del 8 de enero de 2002, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Tunja consideró que, teniendo en cuenta que la entidad demandada se encuentra en el municipio de Ventaquemada, y aplicando lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 que dispone que son competentes los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar...
Fecha: 16-Abr-2002
La seguridad jurídica, aunque se entiende en relación con la definición de los derechos subjetivos objeto de controversia, también guarda relación con el proceso mismo. Tiene por efecto clausurar momentos de debate y generar la ficción de certeza sobre ciertos elementos de la relación jurídico-procesal. Así, se garantiza que las partes puedan ejerc...
Fecha: 18-Abr-2002
Segundo. ORDENAR, a la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo que reinicie el proceso de su conocimiento, previa notificación a la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL-, así como a todas aquellas entidades que en su criterio deban ser vinculadas al proceso. Surtido dicho trámite, la acción de tutela seguirá el trámi...
Fecha: 23-Abr-2002
Aduce el accionante que trabaja actualmente como colocador de apuestas en el municipio de Natagaima, en virtud de un contrato mercantil suscrito con la empresa concesionaria "Seapto S.A.". Menciona que el régimen propio de Suerte y azar creó una contribución parafiscal del 1%, a cargo de los colocadores independientes de Loterías. Su destinación ti...
Fecha: 30-Abr-2002
La labor de revisión de las sentencias de tutela, como esta Corte lo ha señalado, “persigue, entre otras cosas, dos finalidades básicas: (i) unificar la jurisprudencia constitucional y (ii) que se logre la justicia material en el caso concreto.” Sin embargo, el hecho de que la revisión sea una facultad discrecional muestra que la Constitución, en r...
Fecha: 30-Abr-2002
Por regla general, la limitación de la cosa juzgada debe constar en la parte resolutiva de la Sentencia, sin embargo, con la denominación de “cosa juzgada relativa implícita” se ha admitido que no obstante que ello no ocurra así, se presenta el fenómeno de la cosa juzgada constitucional relativa cuando así se ha expresado en la parte motiva de la p...
Fecha: 02-Abr-2002
Es procedente un control constitucional de las disposiciones derogatorias, no sólo por cuanto el Congreso, al ejercer esa potestad, debe acatar los mandatos constitucionales, sino además porque la declaración de inexequibilidad de un cláusula derogatoria tiene un efecto preciso, que consiste en reincorporar al ordenamiento aquellos contenidos norma...
Fecha: 02-Abr-2002
Sobre la predeterminación o certeza existe una doble caracterización: de un lado, el principio es rígido porque exige a los cuerpos colegiados la determinación de los elementos del tributo, sin que esa facultad pueda atribuirse a una entidad administrativa; pero, de otra parte, los postulados de descentralización y autonomía lo hacen flexible, pues...
Fecha: 03-Abr-2002
La víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso: 1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que suc...
Fecha: 04-Abr-2002
El libelo fue admitido mediante auto del doce (12) de septiembre de 2001, y se corrió traslado del mismo al Jefe del Ministerio Público para lo de su competencia. Simultáneamente, se fijó en lista la demanda por el término de diez (10) días para que, por duplicado, cualquier ciudadano la impugnara o defendiera. De acuerdo con lo prescrito en el art...
Fecha: 04-Abr-2002
La responsabilidad en el cumplimiento de los fines del Estado no corresponde solamente a los servidores públicos en el Estado social de Derecho. Los particulares asumen en él una serie de obligaciones y de tareas que antes cumplían de manera exclusiva y en ocasiones excluyente las autoridades estatales. Así, la Carta señala que sectores tan importa...
Fecha: 02-Abr-2002
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 (parcial) de la Ley 48 de 1968, “por la cual se adoptan como legislación permanente algunos decretos legislativos, se otorgan facultades al Presidente de la República y a las Asambleas, se introducen reformas al código sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones”. ...
Fecha: 09-Abr-2002
La jurisprudencia de esta Corporación ha agregado que la interpretación con autoridad está encuadrada dentro del ejercicio de la función legislativa del Congreso; de tal forma que “los límites de ésta para efectos de fijar el sentido de la norma interpretada se someten a los parámetros constitucionales que condicionan dicha función, así como al con...
Fecha: 09-Abr-2002
En principio, los deberes que surgen de la Constitución Política sólo pueden ser exigidos a los particulares si media una norma legal que defina su alcance y significado de manera precisa. Para que un deber constitucional sea exigible de un individuo en un caso concreto se requiere, a diferencia de lo que sucede con los derechos fundamentales que s...
Fecha: 09-Abr-2002
La cláusula general de competencia atribuida al Legislador, no exige una autorización expresa para que éste regule cada materia en particular, ni para que desarrolle los enunciados contenidos en los diferentes artículos de la Constitución, sino que otorga precisamente al Congreso la facultad de regular todos los temas que resulte necesarios para el...
Fecha: 11-Abr-2002
En cumplimiento de su función primigenia de proteger a la población, la Fuerza Pública debe desplegar sus actividades con la firmeza y la contundencia adecuadas para someter a quienes subvierten el orden constitucional y desafían el principio democrático, según el cual se confía al Estado el monopolio del uso legítimo de las armas. Y en este campo,...
Fecha: 16-Abr-2002
En cuanto al deber de la persona y del ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, éste debe hacerse dentro de conceptos de justicia y equidad tal como lo dispone el numeral 9 del artículo 95 Superior, quedando claro que dicha carga deber ser impuesta consultando las posibilidades económicas de los contribuyent...