Suprema Corte de Justicia de la Nación

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5267/2023

Fecha: 14-Feb-2024

QUEJOso: **** Y OTRAS

TERCERA INTERESADA Y RECURRENTE: ****, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE Y OTRAS

MINISTRO PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

SECRETARIO: néstor rafael salas castillo

COLABORÓ: dIANA ESTEFANÍA BERNAL VILLALOBOS

Hechos: Mediante juicio ordinario civil, se demandó al Gobierno del Estado de México y al Sistema de Autopista, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, entre otras, la propiedad y el pleno dominio de un predio donde se construyó parte de la Autopista Circuito Exterior Mexiquense y el pago de una indemnización. Con posterioridad a declarar infundada la excepción de incompetencia, el Juez de Primera Instancia tuvo por aprobada la acción. En apelación, la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México absolvió a las demandadas. Las accionantes presentaron juicio de amparo directo, cuyo Tribunal Colegiado determinó ampararles en lo principal y negar el amparo en su vía adhesiva a las tercero interesadas. Contra esa determinación, se interpuso recurso de revisión.

	Apartado	Criterio y decisión	Págs.
II.	COMPETENCIA	La Primera Sala es competente para conocer del presente asunto.	8
III.	OPORTUNIDAD	El recurso de revisión principal es oportuno. El recurso de revisión adhesivo resulta extemporáneo.	8
IV.	LEGITIMACIÓN	El presente recurso de revisión proviene de parte legítima.	9
V.	PROCEDENCIA	Esta Primera Sala considera que no se satisface el primero de los requisitos para la procedencia del recurso de revisión.	10
VI.	DECISIÓN	Se desechan los recursos de revisión principal y adhesivo. Queda firme la sentencia recurrida.	27

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5267/2023.

QUEJOso: ******* Y OTRAS

TERCERA INTERESADA Y RECURRENTE: ****, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE Y OTRAS

MINISTRO PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

SECRETARIO: néstor rafael salas castillo

COLABORÓ: dIANA ESTEFANÍA BERNAL VILLALOBOS

SUMARIO

Mediante juicio ordinario civil, se demandó al Gobierno del Estado de México y al Sistema de Autopista, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, entre otras, la propiedad y el pleno dominio de un predio donde se construyó parte de la Autopista Circuito Exterior Mexiquense y el pago de una indemnización. Con posterioridad a declarar infundada la excepción de incompetencia, el Juez de Primera Instancia tuvo por aprobada la acción. En apelación, la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México absolvió a las demandadas. Las accionantes presentaron juicio de amparo directo, cuyo Tribunal Colegiado determinó ampararles en lo principal y negar el amparo en su vía adhesiva a las tercero interesadas. Contra esa determinación, se interpuso recurso de revisión.

CUESTIONARIO

- - ¿Este amparo directo en revisión cumple con los requisitos normativos para su procedencia?

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día catorce de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 5267/2023, interpuesto por ****, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable; ******* ******** sociedad anónima de capital variable y ***** sociedad anónima bursátil de capital variable, en contra de la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil veintitrés, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo ***/2023.

I. ANTECEDENTES

Juicio Ordinario Civil **/2020. El veinte de enero de dos mil veinte, *******, por propio derecho y en representación de *****, ****** y ***** ******, todas de apellidos ********* *********, demandaron al Gobierno del Estado de México, por medio de su organismo descentralizado, Sistema de Autopista, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), así como a *****, sociedad anónima bursátil de capital variable; ******* ********, sociedad anónima de capital variable (******); y a ****, sociedad anónima, promotora de inversión de capital variable; prestaciones que consistieron en:
La declaración de pleno dominio como propietarios de la fracción de terreno enclavada en una unidad topográfica de mayor extensión denominada “predio de Tonanitla”, ubicada en el municipio de Jaltenco, Estado de México, que comprende del kilómetro 27+110 metros, al kilómetro 28+460 metros de la Autopista Circuito Exterior Mexiquense, tramo dirección de Zumpago - Ecatepec (Poniente - Oriente), la cual cuenta con una superficie de 80,823.45 metros cuadrados.
La desocupación y entrega del predio en mención con todos sus frutos y accesiones.
El pago de indemnización por el tiempo en que se ha ocupado la fracción de terreno y al comercializarla por cobrar una cuota de peaje a los particulares.
El pago de gastos y costas.
El asunto fue turnado al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, y radicado con el número **/2020 , en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción real reivindicatoria y de indemnización.
En auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, el juez de primera instancia previno a los promoventes para que enumeraran y narraran sucintamente los hechos en los cuales fundaban su petición, con claridad y precisión y, se acompañaran las copias necesarias para correr traslado; apercibidos que de no hacerlo se desecharía de plano su demanda.
El veintiocho de enero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el escrito de desahogo; se admitió a trámite la demanda en el expediente 52/2020, se ordenó correr traslado y el emplazamiento correspondiente. También se ordenó llamar a juicio a la tercera.
El tres de marzo de dos mil veinte, el Organismo Público Descentralizado, Sistema de Autopista, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), por conducto de su apoderado *****, presentó contestación a la demanda; negó las prestaciones reclamadas, las calificó de improcedentes y adujo que se carecía de acción y derechos su contraria para reclamarlas.
En acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinte, el juez primigenio tuvo por contestada la demanda, así como por opuestas las excepciones y defensas.
Mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil veinte, a solicitud de la parte actora, toda vez que la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, no dio contestación a la demanda instaurada, se le tuvo por precluido el derecho que tuvo para hacerlo.
Por ocurso presentado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, ******* ********, sociedad anónima de capital variable (******), por conducto de su apoderado **************, dio contestación a la demanda, en relación con las prestaciones reclamadas las negó aludiendo eran improcedentes.
En auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, el juez de primera instancia reservó acordar el escrito de contestación porque aún no se devolvía el exhorto de emplazamiento. El veintiocho de agosto siguiente, se tuvo por recibido dicha comunicación y por contestada la demanda, así como por opuestas las excepciones y defensas. En cuanto a la excepción de incompetencia, se determinó su resolución en la audiencia de conciliación y depuración procesal. En torno a la cosa juzgada refleja, se precisó que se dilucidaría al momento de dictar la sentencia definitiva.
El veinticinco de agosto de dos mil veinte, ****, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, por conducto de su apoderado *******, dio contestación a la demanda. Negó las prestaciones reclamadas.
En acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veinte, el juez de primera instancia reservó acordar el escrito de contestación hasta en tanto fuera devuelto el exhorto de emplazamiento y previno al promovente para que exhibiera documento que acreditara su personalidad. En auto de cuatro de septiembre siguiente se tuvo por desahogada la prevención, por tanto, por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y defensas. En cuanto a la incompetencia propuesta, se determinó que sería resuelta en la audiencia de conciliación y depuración procesal. En torno a la de cosa juzgada refleja se dilucidaría al momento de dictar sentencia definitiva.
El veintiocho de octubre de dos mil veinte, *****, sociedad anónima bursátil de capital variable, por conducto de su apoderada ***********, dio contestación a la demanda. Se opuso a las prestaciones reclamadas.
En proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, el juez de primera instancia tuvo por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y defensas. En cuanto a la incompetencia planteada, se determinó que sería resuelta en la audiencia de conciliación y depuración procesal y, en torno a la de cosa juzgada refleja, se precisó que se dilucidaría al momento de dictar sentencia definitiva.
Mediante audiencia de conciliación y depuración procesal de seis de noviembre de dos mil veinte, el juez de primera instancia, entre otras cosas, resolvió la excepción de incompetencia y la declaró injustificada, toda vez que no se acreditó que las fracciones del terreno materia de la controversia formara parte integral del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de México o de la Nación, lo que sostuvo la competencia del juzgado.
Apelación ***/2022. Inconforme con el fallo, la persona moral ******* ********, sociedad anónima de capital variable, interpuso recurso de apelación ; de dicho medio de impugnación le correspondió conocer a la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, declaró infundados e inoperantes los agravios formulados, por tanto, confirmó la interlocutoria impugnada.
Sentencia de primera instancia. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia . El juez determinó que la parte actora probó su acción, mientras las demandadas no probaron sus excepciones y defensas. Se declaró que la parte actora tenía pleno dominio sobre el inmueble en litis. Se condenó a las personas jurídico colectivas Gobierno del Estado de México, por medio de su organismo descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), *****, sociedad anónima bursátil de capital variable, ******* ********, sociedad anónima de capital variable (******) y ****, sociedad anónima, promotora de inversión de capital variable, a desocupar y entregar el inmueble con sus frutos y accesiones, así como al pago de una indemnización; no se hizo especial condena en gastos y costas en esa instancia.
Las demandadas apelaron, medio de impugnación que se registró con el número ***/2022, y resolvió la Primera Sala Civil de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós , determinó que los agravios eran inoperantes e infundados y parcialmente fundados. Se revocó la sentencia recurrida, se absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas, sin hacer especial condena en gastos y costas judiciales.
Juicio de amparo directo ***/2022. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes de la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, *******, por propio derecho y en representación de *******, ********* y ***** *******, todas de apellidos ********* *********, promovió demanda de amparo, contra los actos de dicha sala y del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, consistentes en la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación ***/2022 y su ejecución. ^[1]
Por auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito (organismo al que se turnó el asunto) ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico como juicio de amparo directo ***/2022, y tuvo como terceros interesados al Gobierno del Estado de México, por medio de su organismo descentralizado, Sistema de Autopista, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), a *****, sociedad anónima bursátil de capital variable; ******* ********, sociedad anónima de capital variable (******); a ****, sociedad anónima, promotora de inversión de capital variable; y a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México
En ese mismo auto, se reservó la admisión hasta en tanto fueran emplazadas las terceras interesadas, quienes promovieron amparo adhesivo , con excepción de la última mencionada −los cuales fueron admitidos en diversos autos−.
En auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo principal y se turnó a la ponencia del Magistrado Raúl Angulo Garfias para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. El cinco de julio de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, concedió el amparo en lo principal a las accionantes de origen y negó el amparo adhesivo a las ahora recurrentes.
Recurso de revisión. En contra de la negativa anterior, por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintitrés ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, la parte quejosa presentó recurso de revisión.
Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este Alto Tribunal admitió dicho medio de impugnación mediante proveído de presidencia de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés y se registró con el número 5267/2023, mismo que se turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y se ordenó su radicación a la Primera Sala, porque la materia del asunto corresponde a su especialidad.
Avocamiento. Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esta se avocaría al conocimiento del recurso y ordenó remitir los autos a la ponencia del Ministro designado.
Presentación y admisión del recurso de revisión adhesiva ante este Alto Tribunal. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, *******, por propio derecho y en su carácter de apoderado legal de las señoras *******, ********* y ***** *******, todas de apellidos ********* *********, presentó recurso de revisión adhesiva en relación con el recurso de revisión principal. La Presidencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por presentado dicho medio de impugnación mediante proveído de cinco de diciembre dos mil veintitrés.

II. COMPETENCIA

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, y fracción IV artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Punto Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Pleno de este Alto Tribunal en relación con el Instrumento Normativo de diez de abril de dos mil veintitrés que modificó este Acuerdo, en virtud de haberse interpuesto en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, donde se alega la subsistencia de un tema de constitucionalidad.

III. OPORTUNIDAD

El recurso de revisión fue planteado con oportunidad, pues la sentencia se notificó por lista a la quejosa el lunes diez de julio de dos mil veintitrés, y surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el martes once de julio siguiente, por lo que el plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión transcurrió del miércoles doce de julio al miércoles nueve de agosto ambos de dos mil veintitrés, con exclusión de los sábados y domingos de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y del dieciséis al treinta y uno de julio por ser periodo vacacional, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si el recurso de revisión fue presentado el nueve de agosto de dos mil veintitrés, ante el Tribunal Colegiado, su interposición es oportuna. ^[2]
Oportunidad del recurso de revisión adhesiva . De las constancias que obran en autos, se advierte que el proveído de admisión de la revisión principal fue notificado por lista a las recurrentes tercero interesadas, el día jueves nueve de noviembre de dos mil veintitrés, surtiendo efectos el diez de ese mes y año, por lo que el plazo de cinco días que el artículo 82 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión adhesiva trascurrió del trece al diecisiete de noviembre ambos de dos mil veintitrés, de ahí que, si su interposición fue realizada el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presentación resulta extemporánea.

IV. LEGITIMACIÓN

El presente recurso de revisión proviene de parte legítima, en virtud de que fue presentado por ********, apoderado de ** ****, sociedad anónima, promotora de inversión de capital variable; y ********, apoderado de ******* ********, sociedad anónima de capital variable (******); y, *****, sociedad anónima bursátil de capital variable; quienes, al ser parte en el juicio de amparo y tenerse por reconocido el carácter con el que se ostentan quienes suscriben, se encuentran legitimados para intervenir en éste, mediante la interposición de los recursos correspondientes.

V. PROCEDENCIA

De conformidad con los supuestos establecidos en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal; en el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y, en el artículo 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que un recurso de revisión interpuesto contra las sentencias dictadas por los tribunales colegiados de circuito en los juicios de amparo directo sea procedente, es necesario que las mismas decidan sobre la constitucionalidad de normas −leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos federales y locales− o establezcan la interpretación directa de un precepto de nuestra Constitución Federal; o bien que en dichas resoluciones se omita hacer un pronunciamiento al respecto cuando se hubiera planteado en la demanda. Además, es necesario que la cuestión de constitucionalidad tenga la potencialidad de llevar a la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. En todos los casos, la decisión de este Alto Tribunal en vía de recurso debe limitarse a la resolución de las cuestiones propiamente constitucionales.
Los referidos requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo se han desarrollado normativamente por el Acuerdo Plenario 9/2015, así como jurisprudencialmente ^[3] por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de establecer que las sentencias que dicten los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo directo sólo admitirán recurso de revisión en los siguientes supuestos:
Decidan o hubieran omitido decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que dichos temas hubieren sido planteados desde la demanda de amparo directo; y
Que los referidos temas de constitucionalidad entrañan la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.
Respecto a la actualización de los referidos requisitos de importancia y trascendencia, esta Primera Sala ha sostenido que debe realizarse caso por caso y buscando contestar la pregunta de si declararse la procedencia del recurso ello permitiría a esta Suprema Corte, como Tribunal Constitucional, emitir un pronunciamiento sobre una cuestión novedosa y de relevancia para el orden jurídico pues, en caso contrario, ha de declararse improcedente el recurso intentado. De ahí que la constatación de las notas de importancia y trascendencia para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se realiza mediante un ejercicio sustantivo de valoración por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasma su política judicial ^[4] .
Finalmente, es importante destacar que el análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o las Salas de esta Suprema Corte. El hecho de que el Presidente del Pleno o de la Sala respectiva lo admita a trámite no implica la procedencia definitiva del recurso.
Cuestiones necesarias para resolver el asunto
Considerando lo anterior, se emprende el estudio sobre la procedencia del medio de impugnación que es materia de esta resolución. Para tal efecto es necesario conocer, en síntesis, los planteamientos expresados en la demanda de amparo, en la sentencia del tribunal colegiado y en los agravios formulados en el recurso de revisión principal, esto, sin abordar la revisión adhesiva, dada su extemporaneidad y el sentido que sobre ella se determinará.
Conceptos de violación. En su demanda de amparo, la parte quejosa argumentó que el acto reclamado violenta en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales contienen los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y garantía de audiencia, argumentos que son del contenido siguiente:
En su primer concepto de violación, la parte quejosa argumentó violaciones al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación con sus derechos humanos de acceso a la administración de justicia, garantías de seguridad jurídica e impartición de justicia pronta, imparcial y gratuita, porque dice que la sentencia combatida carece de debida motivación y fundamentación, además de ser parcial en favor de sus contrarias.
Agregó que el fallo reclamado es incongruente, interna y externamente, carece de motivación y fundamentación, porque afirma que el tribunal de origen expone como premisa menor para declarar la improcedencia de la acción que la fracción de terreno motivo de la controversia es un bien del dominio público y no está sujeto a la acción reivindicatoria, de acuerdo con los artículos 13, 14, 15, 16, 22 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. En su opinión, las vías terrestres de comunicación del dominio Estatal son bienes del dominio público y no están sujetas a la acción intentada, por ser un hecho notorio que el bien reclamado es del dominio público y de uso común dada su calidad de vía terrestre de comunicación del dominio estatal, además, la sala incorrectamente determina que no es necesario probar la existencia de una declaración.
Destacó que los lotes de terreno que precisó comprenden la fracción motivo de la acción reivindicatoria y la Sala responsable ignoró que cada uno de los certificados de inscripción fueron expedidos por el Director del Instituto de la Función Registral del Distrito Judicial de Zumpango, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, documentándose que son propiedad privada, aun cuando los demandados manifiesten que es de dominio público y parte del patrimonio del Gobierno del Estado de México, por medio de su Organismo Descentralizado Sistema de Autopista, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).
Aseguró que la “******* ********” no exhibió documento para justificar que el terreno en litis fuera propiedad del Sistema de Autopista, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), sin que obste que el tribunal de alzada indique que al tratarse de una fracción de la pista denominada “Circuito Exterior Mexiquense", pasa a ser propiedad del Estado.
Señaló que, del Título Concesión otorgado el veintisiete de febrero de dos mil tres, por el Gobierno del Estado de México, a favor de la “******* ********”, no se advierte el otorgamiento de los inmuebles sobre los cuales se tenía que construir la autopista, por lo que procedía que la concesionaria liberara las vías mediante el pago de las indemnizaciones y contraprestaciones correspondientes a efecto de construir la vía terrestre, de acuerdo con la "cláusula cuarta" de ese documento.
Asevera que era obligación del tercero interesado obtener el derecho de vía por medio de las indemnizaciones para poder construir la autopista, sin que el Gobierno del Estado de México le otorgara a la concesionaria el dominio pleno de los inmuebles.
Precisa que los inmuebles referidos no se han incorporado al patrimonio de la Nación ni al acervo inmobiliario del Estado de México, porque conforme a los artículos 48 y 49 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, para incorporarse debería existir un acto de incorporación.
Se agrega que para transitar sobre la autopista “Circuito Exterior Mexiquense” debe cubrirse una cuota, de ahí que no se le puede adjudicar el carácter de dominio público, además de que las personas de la comunidad a donde se encuentra enclavada la fracción de terreno no la utilizan de manera habitual.
En su segundo concepto de violación, la parte quejosa se dolió de la transgresión a los artículos 1º, 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la responsable no valoró conforme a las reglas de la lógica jurídica, máxima de la experiencia y conocimientos científicos los medios de prueba aportados, así como las causas invocadas, cuya obligación oficiosa le correspondía al Tribunal de Alzada.
Consideró incongruente la sentencia reclamada, porque en ella se fija como premisa menor que es un hecho notorio que el bien inmueble materia de la litis pertenece al dominio público y que es de uso común, por lo que no necesita una declaración de incorporación.
De acuerdo con el principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos, se tiene vedado aplicar sus conocimientos personales, si no que se debe de basar en las constancias procesales.
Es falso que no se necesite declaración alguna para poder incorporar un inmueble al dominio público, pues de conformidad con los artículos 48 y 49 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, Título Séptimo, “De los Procedimientos Administrativos” , se requiere decreto para incorporar un bien al patrimonio público, el cual debe emitirse por el Secretario de Finanzas o por los ayuntamientos y estar fundado y motivado, por lo que la no haber sucedido, tiene como efecto que no se aplicable el precedente jurisprudencial que se invoca por el juez, que hace mención a monumentos históricos y no a vialidades.
En ese orden de ideas fue que, se dice, se omitió exhibir el decreto de incorporación que acredite que la autopista “Circuito Exterior Mexiquense” hubiese ingresado al acervo inmobiliario.
En su tercer, cuarto, quinto y sexto concepto de violación se reitera que se atenta contra los artículos 1º, 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la responsable no valoró los medios de prueba aportados al sumario conforme a las reglas de la lógica jurídica, máximas de la experiencia y conocimientos científicos.
La parte quejosa insiste en que la sentencia reclamada es incongruente y parcial en favor de los terceros perjudicados, ya que se impone para revocar la sentencia que la interlocutoria de seis de noviembre de dos mil veinte únicamente resolvió la excepción de incompetencia y no la diversa excepción de falta de condición para el ejercicio de la acción, derivada del artículo 22 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, respecto de los bienes propiedad del Sistema de Autopista, Aeropuertos, Servicios Conexos, y Auxiliares del Estado de México, relacionada con el hecho de que el inmueble controvertido constituye un bien del dominio público.
La sentencia reclamada carece de congruencia externa, dado que es contradictoria con diversos fallos en los que se consideró que no se encontraba acreditado que el bien inmueble de mayor extensión, denominado Tonanitla, constituyera un bien de dominio público.
Se aduce que, si bien el artículo 22 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios establece que los bienes del dominio público no están sujetos a la acción reivindicatoria, no debe soslayarse que conforme a la resolución interlocutoria de seis de noviembre de dos mil veinte del Juez de origen, el predio en litigio no constituye dominio público. Esto aunado a que no se analizó la identidad de los bienes.
Se ignoró que se ejercitaron dos acciones reivindicatorias a fin de recuperar el inmueble y por el pago de indemnización derivada del hecho de que los terceros interesados usufructúan y comercializan el predio materia de la litis.
Consideraciones de la sentencia de amparo. En sesión de cinco de julio de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal, en el Juicio de Amparo Directo ***/2022, bajo las siguientes consideraciones:

Son fundados los argumentos relativos a una incorrecta fundamentación y motivación. Erróneamente el tribunal de alzada determinó que los lotes de terreno reclamados son bienes del dominio público y no están sujetos a la acción intentada, por ser un hecho notorio su dominio público y uso común, sin la necesidad de una declaración o prueba alguna, siendo que las demandadas no exhibieron documento con el cual justificaran la propiedad.
También es incorrecto que los inmuebles no se han incorporado al patrimonio de la Nación ni al acervo inmobiliario del Estado de México, porque conforme a los artículos 48 y 49 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, debería existir un acto administrativo de incorporación fundado y motivado, emitido por el Secretario de Administración o por los ayuntamientos.
El acto reclamado se estima incorrecto porque el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental previsto en los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, así como en el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; derecho que, si bien tiene límites, el Estado no puede afectarlo, sino mediante un acto de autoridad fundado y motivado que demuestre que la limitación es en aras del interés colectivo, en el ámbito de su competencia y a través de la declaración correspondiente.
Lo anterior encuentra sustento en los artículos 13, 14, 15, 22, 27, 48 y 49 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, no como incorrectamente determinó la sala responsable, quien afirma que se trata de un hecho notorio dada su calidad de vía terrestre, sin necesidad de existir una declaratoria al respecto.
Es así como para que la afectación a la propiedad privada no basta la sola declaración de que el inmueble está destinado a un servicio público, sino es necesaria la existencia de un acto jurídico administrativo previo, en donde también se reconozca la calidad de inembargable e inalienable.
Solo la existencia del acto administrativo en comento implicaría la improcedencia de la acción reivindicatoria intentada, como se consigna en la jurisprudencia 1a./J. 148/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como lo refirió el quejoso, las demandadas no exhibieron documento alguno con el cual acreditaran la incorporación referida, pues el “título de concesión” de veintisiete de febrero de dos mil tres, que fue exhibido, no tiene esos efectos, sino fue expedido por el Gobierno del Estado, para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista multicitada.
Ante lo fundado de los anteriores argumentos, resulta innecesario pronunciarse respecto de los restantes conceptos de violación, pues derivado de la concesión de este amparo, las condiciones pueden ser modificadas al momento de emitirse una nueva resolución.

Recurso de Revisión. En su recurso de revisión las recurrentes hicieron valer esencialmente los siguientes agravios:

Importancia y trascendencia. Existe importancia y trascendencia en virtud de que en aplicación de la jurisprudencia 1a./J. 148/2022 (11a.), se desvirtúa la naturaleza de bienes que efectivamente se encuentran afectados al cumplimiento de un servicio público y es grave que un particular reclame la restitución de esos predios.

Con ello se transgrede el artículo 28, cuarto párrafo de la constitución federal, relativo al dominio de las vías de comunicación.

De ahí la actualización de la importancia y trascendencia en el presente asunto, al desvirtuarse la naturaleza jurídica de los bienes destinados a la prestación de un servicio público, donde fue construida una vía de comunicación primaria.
Aplicación indebida de la jurisprudencia 1a./J. 148/2022 (11a.), porque si bien, en ella se precisa que previo a asignar un bien al cumplimiento de un servicio público, debe existir un acto jurídico o administrativo que lo determine, en este criterio no se contempla el supuesto de que los bienes ya estén destinados a dicho servicio.
Además, existe la posibilidad de que se interrumpa la prestación de un servicio público de transporte, conectividad y comunicación.
Primero. Se reitera la aplicación indebida de la jurisprudencia 1a./J. 148/2022 (11a.), al considerarse que de no existir en autos un acto jurídico o administrativo que determine el destino de un predio un servicio público al destino público, no se puede considerar que se trata de un bien del dominio público perteneciente al patrimonio del Estado, con lo que se deja en indefensión a las partes porque existe la posibilidad de que se interrumpa la prestación de un servicio público de transporte, conectividad y comunicación y se atente contra el artículo 28 constitucional.
No existe un acto de asignación de un predio a un servicio público, toda vez que el destino del predio se encuentra consumado al existir una vía de comunicación en operación de conformidad con los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios.
Sostener lo contrario sería considerar que las vías de comunicación pueden ser objeto de reivindicación y, por tanto, afectadas, gravadas, embargadas y salir del dominio del Estado.
Se omite aplicar criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la acción reivindicatoria de bienes del dominio público, de uso común afectados por la prestación de un servicio público.
Segundo. Se omite aplicar criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionados con la acción reivindicatoria de bienes del dominio público de uso común, afectados por la prestación de un servicio público.
Las demandadas acreditaron que el inmueble materia de la litis, es del dominio público y forma parte del patrimonio del SAASCAEM, por lo que es aplicable al caso el artículo 22 de la Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios ya que ningún bien de dominio público puede ser objeto de acción reivindicatoria, por lo que no existieron las condiciones necesarias para el ejercicio de la acción.
Constituye un hecho notorio que las autopistas que integran el Circuito son del dominio público, por lo que son inalienables, imprescriptibles, inembargables y no están sujetos a gravamen o afectación de dominio alguno, acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, mientras no se pierda ese carácter, en términos del Código Civil del Estado de México, por ello la acción es improcedente.
Fueron inaplicados los criterios de rubros: “ACCIONES REIVINDICATORIA Y DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. SON IMPROCEDENTES CUANDO SU OBJETO ES UN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS)” ^[5] y “MONUMENTOS HISTÓRICOS. SON BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO, SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA UNA DECLARATORIA DE LEY.” ^[6]
Tercero. Se aplica retroactivamente la jurisprudencia 1a./J. 148/2022 (11a.), porque la superficie ocupada por el Circuito Exterior Mexiquense se encuentra afectada por dicha vía de comunicación desde hace más de diecisiete años, en que se concluyeron los trabajos de construcción.
Suponiendo que la codemandada ******, haya ocupado el predio propiedad del actor para la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, la construcción se entregó formalmente en el año 2005, por lo que a la fecha de contestación de la demanda del juicio natural (dos mil veinte), habrían pasado más de diecisiete años y la jurisprudencia 1a./J. 148/2022 (11a.) es posterior a esos hechos.
De lo cual también se extrae que la naturaleza de los bienes del dominio público de uso común, destinados a la prestación del servicio público, debe ser interpretada conforme a la normatividad vigente y a los criterios de interpretación jurídica emitidos por los Tribunales Federales, al momento de su conformación.

Estudio sobre la procedencia del recurso
Hechas las anteriores precisiones, ha lugar a dar respuesta al siguiente cuestionamiento:
¿Este amparo directo en revisión cumple con los requisitos normativos para su procedencia?
A juicio de esta Primera Sala, tal cuestionamiento tiene respuesta en sentido negativo en atención a lo siguiente:
Al respecto, es necesario retomar el texto de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ^[7] y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, ^[8] en los que se establece que el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, cuando se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de tales cuestiones, a pesar de haber sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
A partir de esas premisas, para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente, es necesario que se cumplan los requisitos siguientes:
Que el tribunal colegiado resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.
Que el problema de constitucionalidad señalado en el inciso anterior, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
En este sentido, habiéndose cumplido el requisito de constitucionalidad, se debe actualizar el diverso de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; también cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto Tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
Esto es, serán procedentes únicamente aquellos recursos que reúnan ambas características. De ahí que basta que en algún caso no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones, o ambas, para que el recurso sea improcedente. Por lo tanto, la ausencia de cualquiera de esas propiedades es razón suficiente para desechar el recurso por improcedente.
En el caso concreto, esta Primera Sala considera que no se satisface el primero de los requisitos para la procedencia del recurso de revisión, ya que, tras un estudio de la demanda de amparo, la sentencia recurrida y de los agravios propuestos en el escrito de revisión se advierte que no se cumple con la exigencia de constitucionalidad, como se explica a continuación.
Ahora, cabe recordar que las recurrentes expresaron agravios dirigidos a demostrar que, en el caso, se actualiza el interés excepcional para la procedencia del asunto, porque aseguran que la aplicación de la jurisprudencia 1a./J. 148/2022 (11a.) desvirtúa la naturaleza de bienes que efectivamente se encuentran afectados y sujetos al servicio público, pues en ella no se prevé este supuesto, además de transgredirse lo previsto en el artículo 28, cuarto párrafo de la Constitución Federal, relativo al dominio de las vías de comunicación, dado que en el predio objeto de la litis ya se construyó una vía de comunicación primaria. Esto, sin desconocer el riesgo de interrupción del servicio público de transporte, conectividad y comunicación.
Dichos argumentos, resultan inoperantes ya que el recurrente no está combatiendo de manera frontal la totalidad de las consideraciones por las que el Tribunal Colegiado determinó conceder el amparo en lo principal y negar el amparo adhesivo, sino que reitera lo que ya se analizó por el tribunal de origen y se sostuvo en la demanda de amparo adhesivo, al señalar de manera genérica que la naturaleza de bienes que efectivamente se encuentran afectados son sujetos al servicio público, relativo al dominio de las vías de comunicación, dado que, en el predio objeto de la litis, ya se construyó una vía de comunicación primaria, lo que generaría un riesgo de interrupción del servicio público de transporte, conectividad y comunicación, sin expresar mayor argumento que evidencie dicha situación.
Para la procedencia de un análisis de constitucionalidad de normas generales no basta con hacer meros argumentos de inconstitucionalidad sin acreditar de qué manera se actualiza dicha violación sostenida, sino que el recurrente debe señalar de qué manera se materializó el agravio inconstitucional y brindar los elementos necesarios para su advertencia, situación que no se actualiza en el presente caso.
Dicho de otra forma, no basta referir que existe tema de constitucionalidad y de interés excepcional, solo porque considera que se atenta contra la naturaleza de bienes que son sujetos al servicio público sin señalar las razones que demuestren tal referencia, pues no precisa cuál es el agravio que le causa a su esfera jurídica en materia de constitucionalidad, cuáles son los preceptos que en ese rango se consideran vulnerados y los argumentos tendentes a evidenciar el porqué de esta supuesta afectación.
Resulta aplicable a lo antes considerado la jurisprudencia de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA”.
Por otra parte, esta Primera Sala advierte que dichos argumentos se hacen valer desde un aspecto de mera legalidad el cual, no puede ser materia de esta instancia, pues lo que realmente se está cuestionando es la decisión del Tribunal Colegiado en una situación particular respecto del dominio de las vías de comunicación, dado que en el predio objeto de la litis ya se construyó una vía de comunicación primaria y se dice que existe el riesgo de interrupción del servicio público de transporte, conectividad y comunicación.
Asimismo, no pasa inadvertida la mención que se hace del artículo 28, cuarto párrafo de la Constitución Federal; sin embargo, además de resultar un argumento novedoso que no fue parte del análisis de la sentencia recurrida, no se formaliza como un agravio en materia de constitucionalidad, pues solo se sostiene de afirmaciones aisladas y aspectos de legalidad, como lo son que ese numeral prevé el dominio público de vías de comunicación y el riesgo de que se interrumpa el servicio público de transporte, conectividad y comunicación.
Tampoco pasa inadvertido el agravio de que la aplicación que hace el Tribunal Colegiado de la jurisprudencia 1a./J. 148/2022 (11a.), desvirtúa la naturaleza de bienes sujetos al servicio público, cuyo rubro es: “BIENES DESTINADOS A UN SERVICIO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 741 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA NO FACULTA AL ESTADO PARA ASIGNAR ESE DESTINO SIN QUE PREVIAMENTE EXISTA UN ACTO JURÍDICO QUE IMPLIQUE O TENGA COMO CONSECUENCIA LA ADQUISICIÓN DEL DOMINIO DEL BIEN.” ^[9]
Sin embargo, dicho argumento es inoperante porque no está dirigido a refutar todas las consideraciones en las que está sustentada la decisión que se examina, sino que refiere la manera en la que, a su parecer, debió de resolver el Tribunal Colegiado, cuestión que constituyen afirmaciones genéricas pero que no combaten frontal y eficazmente los fundamentos y consideraciones legales contenidos en la resolución sujeta a revisión.
A la calificativa que antecede cobra aplicación, en lo que interesa, la jurisprudencia 1a./J.67/2011 de esta Primera Sala del Alto Tribunal Federal cuyo rubro informa: “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE POR INOPERANCIA DE LOS AGRAVIOS CUANDO, POR UN LADO, SE COMBATEN ASPECTOS DE MERA LEGALIDAD Y, POR OTRO, NO SE CONTROVIERTE EL PRONUNCIAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.” ^[10]
Semejante decisión aplica para los agravios Primero, Segundo y Tercero, donde en esencia se reiteró su oposición a la aplicación de la jurisprudencia 1a./J. 148/2022 (11a.) al considerarse que de no existir un acto jurídico o administrativo que determine el destino de un predio al destino público no se puede considerar que se trata de un bien del dominio público perteneciente al patrimonio del Estado, lo que aseguran las deja en indefensión, nuevamente bajo el argumento de riesgo de suspensión del servicio público de transporte, conectividad y comunicación, en términos del artículo 28 Constitucional.
En ese mismo sentido, se agrega que los actos reclamados no consisten en la asignación y afectación de un predio para un servicio público y no existe un acto de asignación de un predio precisamente a un servicio público, porque su destino se encuentra consumado al existir una vía de comunicación en operación de conformidad con los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 22 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, por lo que no pueden ser objeto de reivindicación, ni afectadas, gravadas, embargadas o salir del dominio del Estado, atento al Código Civil del Estado de México.
También aseveran las recurrentes que no se aplican los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionados con la acción reivindicatoria de bienes del dominio público de uso común, afectados por la prestación de un servicio público.
Aspectos que resultan inoperantes, por ser en una parte reiterativos, pero fundamentalmente por atender a cuestionamientos de legalidad dirigidos a destruir los sustentos de decisión del Tribunal Colegiado, aplicación de fundamentos y sus consideraciones. Sustenta lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 56/2007, de rubro: “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE ADUZCAN CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD”. ^[11]
Finalmente, también es inoperante el agravio tercero , por cuanto se refiere a la aplicación retroactiva de la jurisprudencia 1a./J. 148/2022 (11a.) donde, a decir de las recurrentes, la superficie ocupada por el Circuito Exterior Mexiquense se encuentra afectada desde hace más de diecisiete años, pues la construcción se entregó formalmente en dos mil cinco, por lo que a la fecha de contestación de la demanda del juicio natural (dos mil veinte), habrían pasado más de diecisiete años y el criterio en cita es posterior a esos sucesos.
Lo anterior es así, en virtud de que las recurrentes parten de la premisa inexacta de que la correcta aplicación de un criterio jurisprudencial, en lo que al caso se refiere, está sujeta a que haya sido emitido en la misma temporalidad en que sucedieron los hechos materia de la litis, y por consecuencia, si el inicio de su vigencia es posterior a esos hechos, se actualiza la retroactividad, esto, con independencia de que previamente exista o no otro criterio en sentido contrario.
Sin embargo, sobre el punto, el Pleno de este Alto Tribunal ya determinó que no se actualizan efectos retroactivos en aquellos casos en que no exista una jurisprudencia sobre el mismo punto jurídico y previa a la que se cuestiona, desde luego, además de que contenga un sentido contrario y afecte el fondo de la decisión; por lo que, de no concretarse ese marco, el juzgador tiene la libertad de autonomía interpretativa en su decisión, lo que quedó plasmado en la jurisprudencia que es del rubro que dice: “JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA.” ^[12]
Es así como, si los recurrentes no parten de esta premisa, sino de una diversa, ajena a los criterios de esta Primera Sala, tanto el planteamiento como los agravios que lo intentan sostener resultan inoperantes .

VI. DECISIÓN

Es entonces que debe desecharse y quedar firme la sentencia recurrida. Para llegar a esta conclusión no es obstáculo que la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya admitido el recurso mediante acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, pues tal proveído no causa estado, en virtud de que solamente corresponde a un examen preliminar del asunto ^[13] .
Se desecha el recurso de revisión adhesivo debido a que tal y como se había anticipado en el apartado de oportunidad, fue interpuesto de manera extemporánea.
En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

RESUELVE:

PRIMERO. Se desechan los recursos de revisión principal y adhesivo.

SEGUNDO. Queda firme la sentencia recurrida.

Notifíquese conforme a derecho corresponda, vuelvan los autos al Tribunal de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros y señoras Ministras Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá (ponente), Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Ministro Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

PONENTE

MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

MAESTRO RAÚL MENDIOLA PIZAÑA

En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Tal como se advierte de la sentencia de amparo directo ***/2022. ↑
Tal como se advierte del sello plasmado en la primera hoja del escrito de revisión. ↑
Tesis de Jurisprudencia 2a./J.149/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 615, de rubro “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA”, criterio compartido por esta Primera Sala. Asimismo, Tesis de Jurisprudencia 1ª./J.101/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 71, de rubro: “AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. REQUISITOS DE PROCEDENCIA QUE DEBEN SER REVISADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O DE SUS SALAS.” ↑
Jurisprudencia 1ª./J.32/2017(10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 41, abril de 2017, Tomo I, página 833, registro 2014100, de rubro “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTATACIÓN DE LAS NOTAS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PARA LA PROCEDENCIA DE ESTE RECURSO DEBE DE REALIZARSE MEDIANTE UN EJERCICIO SUSTANTIVO DE VALORACIÓN POR EL QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PLASMA SU POLÍTICA JUDICIAL”. ↑
Tesis aislada XIX.1o.A.C.9 C (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II; Décima Época; Materia Civil; página 1215; registro digital: 2010692. ↑
Tesis Aislada I.3o.C.455 C (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV; Undécima Época; Materias Civil y Administrativa; página 3014; registro digital: 2024080. ↑
“ Artículo. 107 .- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[…]
IX.- En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En contra del auto que deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno;

[…]”. ↑
“Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

[…]

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras.” ↑
Jurisprudencia 1a./J. 148/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo I; Undécima Época; Materias Civil; página 497; registro digital 2025557. ↑
Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Primera Sala, tomo XXXIV, julio de 2011, página 278 y registro digital 161474. ↑
Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, mayo de 2007, página 730. ↑
Jurisprudencia P./J. 2/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, pág. 7. ↑
Tesis de jurisprudencia P./J. 19/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, pág.19. ↑