AMPARO EN REVISIÓN 14/2024

1. Reforma constitucional de dos mil trece en materia de energía y emisión de la Ley de la Industria Eléctrica. El veinte de diciembre de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modificaron diversas disposiciones de la Constitución Política del país en materia de energía. En consecuencia, el once de agosto de dos mil catorce se publicó la Ley de la Industria Eléctrica.
2. Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. El nueve de marzo de dos mil veintiuno se publicó el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. En esencia, se modificaron diversas disposiciones de esa ley que afectaron el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista. Entre otras cuestiones, se modificó el orden para el despacho de energía eléctrica; se eliminó la obligación de celebrar subastas como mecanismo para adquirir energía en el mercado eléctrico mayorista, y se modificó el régimen aplicable para otorgar certificados de energías limpias.
3. Demanda de amparo. En contra del decreto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, empresas quejosas (en adelante las empresas quejosas), promovieron amparos indirectos en los que reclamaron los artículos 3, fracciones V, XII, XII Bis y XIV; 4, fracciones I y VI; 12, fracción I; 26, 35; 53, 101, 108, fracciones V y VI; y 126, fracción II, así como el quinto transitorio del decreto de reforma de la Ley de la Industria Eléctrica .
4. En sus demandas de amparo, las empresas quejosas controvirtieron la constitucionalidad de tales artículos a partir de los siguientes conceptos de violación:

Primero y segundo. Violación al régimen constitucional que garantiza la libre concurrencia de agentes económicos en materia de electricidad. Los artículos reclamados incorporan diversas figuras que en su conjunto distorsionan el régimen de libre concurrencia establecido en la Constitución Política del país. Entre las figuras identificadas se encuentran:

• • • • La incorporación de los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física que sirven para priorizar el uso de la Red Nacional de Transmisión y la Red General de Distribución.
      • Condicionar el acceso a las redes a la factibilidad técnica , sin indicar cuáles son los parámetros.
      • Modificar las condiciones de otorgamiento de los certificados de energía limpia.
      • Eliminar la obligación de valorar la eficiencia económica y la seguridad en el despacho de las centrales eléctricas.
      • Suprimir la obligación de los Suministradores de Servicios Básicos de adquirir energía eléctrica a través de las subastas.
      • Otorgamiento a la Comisión Reguladora de Energía de la facultad de revocar los permisos de autoabastecimiento otorgados conforme a la abrogada Ley del Servicio Público de Energía.

Tercero. Vulneración al derecho a un medio ambiente sano y desarrollo sustentable. Al otorgar prioridad en el uso de la Red Nacional de Transmisión y la Red General de Distribución a la Comisión Federal de Electricidad, se coloca en primer plano la generación de energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón. Con ello se desincentiva la inversión en energías renovables.

Cuarto. Violación al derecho a la salud. Al priorizar la generación de energía a base de combustóleo y carbón se incrementan los contaminantes en perjuicio de la salud de las personas.

Quinto. Violación al principio de seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima. Los cambios administrativos y regulatorios impactan de manera inusitada a las reglas de operación de las centrales eléctricas. Asimismo, se faculta a la Comisión Reguladora de Energía para revocar permisos de autoabastecimiento sin especificar cuál será el procedimiento y sin definir a qué se refiere la ley por “ fraude a la ley”.

Sexto. Violación al principio de irretroactividad de la ley. Se eliminan los derechos adquiridos relacionados con:

• El despacho de energía eléctrica conforme a los criterios previamente establecidos.
• Participación en las subastas de largo plazo.
• El acceso a la Red Nacional de Transmisión y la Red General de Distribución.
• La generación de energía eléctrica en la modalidad de autoabastecimiento conforme a la legislación vigente al momento del otorgamiento del permiso respectivo.
• Revocabilidad de permisos por causas que no estaban previamente establecidas.

Séptimo. Violación a los derechos de libertad de industria, igualdad y no discriminación al limitar a los particulares que participan en el mercado de energía eléctrica el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y la Red General de Distribución.

Octavo. Transgresión al debido proceso legislativo. El Decreto impugnado fue emitido sin debate o discusión previa por parte de la ciudadanía, a pesar de estar involucrado el derecho de acceso a la energía eléctrica. Asimismo, hubo contradicción entre los dictámenes y no existió una verdadera participación de todas las fuerzas políticas.

Noveno. La reforma vulnera los derechos de propiedad. Los artículos constituyen una regulación expropiatoria.

1. Tramite de los juicios de amparo. El Juez Segundo de Distrito en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república, acumuló los juicios de amparo 187/2021, 190/2021, 192/2021 y 193/2021. Una vez que culminó el procedimiento correspondiente dictó la sentencia.
2. Sentencia del Juzgado de Distrito. El Juzgado de Distrito del conocimiento el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno dictó la sentencia en la que decretó el sobreseimiento respecto de los artículos 12, fracción I; 35, y quinto transitorio del decreto reclamado de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Sobre el artículo 12, fracción I, el juzgador federal consideró que las empresas quejosas no demostraron una afectación a sus derechos. En torno al artículo 35, el juez consideró que las empresas quejosas no plantearon conceptos de violación. Finalmente, respecto del quinto transitorio, que se requería un acto posterior de aplicación para su impugnación.
3. En otro aspecto, el Juzgado de Distrito del conocimiento consideró infundado que se violara el proceso legislativo para la emisión del decreto impugnado.
4. Finalmente, el juzgador federal otorgó el amparo a las empresas quejosas respecto de los artículos 3, fracciones V, XII, XII Bis y XIV; 4, fracciones I y VI; 26, 53, 101, 108, fracciones V y VI; y 126, fracción II, de la Ley de la Industria Eléctrica. Las razones de la decisión fueron las siguientes:

• Acceso a la Red Nacional de Transmisión y la Red General de Distribución. Afectación a la libre competencia y concurrencia
• Los artículos 3, fracciones XII y XII bis; 4, fracción I, y 26 de la Ley de la Industria Eléctrica son un sistema que vulnera la concurrencia y libre competencia al otorgar prioridad a ciertas centrales para acceder a las redes eléctricas (Red Nacional de Transmisión y Red General de Distribución).
• Al favorecer la conexión de ciertos generadores entorpecen el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio al Sistema Eléctrico Nacional. Tales artículos suprimieron los criterios competitivos de despacho e incorporan mecanismos que se equiparan a barreras de acceso a las redes.
• El artículo 26 determina que los transportistas y distribuidores, como las empresas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deben operar sus redes conforme a las instrucciones del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), el que debe priorizar el despacho de las centrales eléctricas legadas y las centrales externas legadas con contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física.
• Conforme al artículo 3, fracciones, XII y XII bis esos contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física únicamente pueden ser celebrados por los suministradores de servicios básicos. En la actualidad la única suministradora de servicios básicos es una empresa de la CFE.
• Aunque en el artículo 4, fracción I se mantiene la obligación del CENACE de no negar el acceso a las redes de manera indebidamente discriminatoria, se incorpora que podrá negarlo cuando sea técnicamente factible . Sin embargo, no se especificaron los criterios técnicos para comprobar dicha factibilidad ni se justificó por qué los vigentes son insuficientes, lo que amplía la discrecionalidad del CENACE para permitir el acceso a las redes eléctricas.
• Además, se establece una regla absoluta de prelación o prioridad que genera una barrera a la competencia porque desplaza a los demás generadores y comercializadores para acceder a las redes eléctricas.
• Reglas de despacho de energía eléctrica. Afectación a la libre competencia y concurrencia, al desarrollo sustentable y medio ambiente
• Los artículos 4, fracción VI, 101, 108 y 126, forman un sistema que afecta la concurrencia y libre competencia al suprimir el criterio de mérito económico para el despacho de energía eléctrica y establecer una prelación que beneficia a ciertos generadores, primordialmente a la CFE.
• En el artículo 4, fracción VI, se establece como obligación del servicio de energía eléctrica garantizar en primer plano los contratos de cobertura eléctrica de entrega física y en segundo plano el suministro de energía limpia. La norma beneficia la operación de CFE sobre la generación de energías limpias sin contemplar criterios técnicos de eficiencia.
• El artículo 101 obliga al CENACE a priorizar a los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física que sólo puede celebrar la CFE. Esa norma trasciende en la asignación y despacho de las centrales eléctricas, de la demanda controlable y de los programas de importación y exportación.
• El artículo 108 obliga al CENACE a priorizar la seguridad, confiabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico nacional al momento de asignar y despachar las centrales. Además, le faculta para recibir los programas de generación y consumo asociados a los contratos de cobertura de compromisos de entrega física.
• Al sustituir el despacho basado en criterios económicos por uno que favorece a la energía derivada de los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física que únicamente pueden ser celebrados por el suministrador de servicios básicos existente (CFE) y las plantas preexistentes asociadas al mismo grupo, no solo se les otorga una indebida ventaja comercial que desincentiva la nueva inversión en la industria, sino también rompe el equilibrio que mandata el artículo 25 constitucional en cuanto a que el desarrollo nacional debe ser sustentable, por ser aspectos estrechamente vinculados.
• Las violaciones advertidas no solo tienen que ver con que los generadores de CFE suelan usar combustibles fósiles, sino porque el sistema normativo que pretende favorecer o dar prelación al despacho de energía expresamente relega a un segundo plano a la proveniente de fuentes limpias.
• El artículo 4, fracción VI, considera como obligación del servicio público ofrecer energía eléctrica con base en los costos de producción unitarios . Este cambio beneficia a las centrales que cuentan con mayor producción (CFE) y también a las plantas más viejas, con independencia de su tecnología o fuente. Con ello se genera un desincentivo para nuevos proyectos de generación de energía renovable, pues aun cuando la energía limpia pudiera ser más eficiente, queda relegada a segundo plano por disposición legal.
• Certificados de energías limpias. Afectación a la libre competencia y concurrencia, al desarrollo sustentable y medio ambiente
• El artículo 126 afecta la concurrencia y libre competencia, al desarrollo sustentable y al medio ambiente porque modifica los criterios para otorgar Certificados de Energía Limpia (CEL). Ya no es relevante la propiedad o fecha de inicio de la operación comercial de las centrales eléctricas.
• Estos certificados se diseñaron para fomentar nuevos proyectos de generación de energía a través de fuentes limpias, así como incrementar la capacidad de generación a través de estas.
• Las nuevas condiciones conllevan que todas las centrales eléctricas que generan energías limpias podrán recibir esos certificados, incluyendo las que operaban antes de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica y sin que hayan desarrollado nueva tecnología.
• Relegación de subastas para la celebración de contratos de cobertura eléctrica. Desincentiva la inversión, competencia y libre concurrencia
• El artículo 53 elimina la obligación de que los suministradores de servicios básicos (CFE SSB) celebren contratos de cobertura eléctrica exclusivamente a través de subastas.
• Las subastas a largo plazo son un componente fundamental del mercado eléctrico mayorista; tienen el propósito de fomentar la competitividad y estabilidad de precios; garantizan una fuente estable de pagos que contribuya a apoyar el financiamiento de nuevas inversiones eficientes requeridas para desarrollar centrales eléctricas.
• Al suprimir la obligación de adquirir la energía por medio de subastas la CFE podrá adquirir energía a partir de centrales en operación (contratos legados, en términos del artículo 3, fracción XIV de la Ley de la Industria Eléctrica), lo que desincentivará la inversión.
• Industria eléctrica y cambio climático. Afectación al medio ambiente
• El cambio climático tiene relación con la actividad humana; el Estado tiene la obligación de realizar acciones para mitigarlo y cumplir los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para lograr una transición hacia fuentes limpias.

1. Efectos de la sentencia de amparo. El Juez de Distrito del conocimiento concedió el amparo para efecto de que no se aplique a las empresas quejosas el decreto reclamado. Las autoridades responsables deberán continuar aplicando el régimen de la Ley de la Industria Eléctrica en vigor antes de la expedición de las normas reclamadas.
2. Recursos de revisión. El Presidente de la República, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión; la Comisión Federal de Electricidad y el Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado de Distrito del conocimiento interpusieron recursos de revisión. Por las razones que más adelante se explican, es inconducente relatar los agravios expresados por la Comisión Federal de Electricidad y del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito del conocimiento.
3. Recurso de revisión del Ejecutivo Federal. En esencia, hizo valer los siguientes agravios:

Primero. La sentencia es incongruente y carece de exhaustividad. El Estado mexicano es responsable de garantizar el suministro de energía eléctrica como área estratégica. El decreto reclamado se emitió ante la necesidad de fortalecer y garantizar la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), conforme a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política del país.

• La normativa reclamada es congruente con el marco jurídico legal y constitucional en materia de energía eléctrica y con el mandato de garantizar el suministro eléctrico de manera eficiente, de calidad, con confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.
• El juez omitió analizar todos los argumentos de la autoridad y realizar una ponderación entre el beneficio particular que acarreaba el texto anterior a la reforma y el perjuicio que ocasionaba a la sociedad en general.
• El juez considero erróneamente que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la única Suministradora de Servicios Básicos (SSB). Lo cierto es que existen empresas en trámite de incorporación al mercado de servicios de suministro básico. Además, con la operación simultánea de contratos financieros y de entrega física, se eliminan erogaciones presupuestales con impacto negativo a los contribuyentes y a los recursos económicos de la nación. Se garantiza la estabilidad de la tarifa eléctrica en beneficio del usuario final.

Segundo. Las normas reclamadas son de naturaleza heteroaplicativa. La modificación al sector eléctrico está sujeto a dos condiciones: a) que la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) modifiquen los instrumentos jurídicos acorde a la reforma o b) que se inicie un procedimiento administrativo ante la autoridad correspondiente para revocar los permisos o revisar los contratos. Ninguna de las condiciones se actualizó.

Tercero. Las empresas quejosas no demostraron una afectación a su esfera jurídica. Es insuficiente exhibir un permiso para generar energía eléctrica, también se debe acreditar el daño que genera la norma. La afectación depende de un acto futuro de realización incierta y sujeta a la actuación de una autoridad.

Cuarto. La sentencia del juez afecta la seguridad nacional. El juez centró su decisión en la concurrencia y competencia. Pasó por alto el tema de seguridad nacional. El sistema anterior otorgaba grandes beneficios a la generación privada en detrimento de las empresas productivas del Estado.

Quinto. La sentencia impide que el Estado ejerza sus facultades en materia de rectoría eléctrica. El Estado tiene la facultad de establecer y ejecutar la política de operación del SEN a través de SENER, la CRE y el CENACE. La sentencia obstaculiza esa rectoría Estatal.

• La rectoría del Estado respeta los derechos de libre competencia y concurrencia. La competitividad debe entenderse como la capacidad de la economía nacional, mercados y sectores productivos para generar mayor satisfacción a los consumidores.
• Para que la competencia se dé, se requiere de un sistema armónico y funcional basado en derechos económicos y sociales, principios democráticos, distribución de la riqueza, libertad y dignidad, lo que no acontecía con la normativa anterior.

Sexto. Las normas reclamadas respetan el principio de acceso al mercado eléctrico. La factibilidad técnica para la interconexión no constituye una condición indebidamente discriminatoria, sino que es una facultad necesaria del CENACE para el funcionamiento del SEN.

Séptimo. Las normas reclamadas respetan el derecho al medio ambiente sano. No elimina ni prohíbe la generación de energías limpias, sólo contempla de manera más ordenada las centrales eléctricas con energía limpia. Regular a los generadores eólicos y fotovoltaicos no compromete el cumplimiento de los compromisos ambientales de México.

Octavo. La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es congruente con las disposiciones constitucionales que confieren a los poderes ejecutivo y legislativo facultades de planeación y control del SEN, servicios públicos de transmisión y distribución, así como regulación en materia de electricidad. El mercado eléctrico mayorista debe ajustarse a las exigencias del rediseño del SEN impulsado por los agentes estatales facultados para ello.

Noveno. La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica cumple con el espíritu social de la Constitución Política del país en torno a la rectoría del Estado y la planeación del SEN. La reforma busca redireccionar la política energética para que se beneficie la sociedad y no solo algunos particulares.

• La apertura del mercado causó una sobreoferta de generación eléctrica. Se dieron demasiados permisos de generación de energía sin un análisis debido previo al otorgamiento. El otorgamiento desmedido de permisos ha causado que la CFE no pueda operar correctamente.
• La CFE no busca generar un lucro ni reducir sus costos, sino velar por el interés público. Sin embargo, la falta de rentabilidad que acarreó la ley anterior causó una falta de rentabilidad e incapacidad de la CFE de recuperar sus costos, lo que podría conducir a la quiebra de las centrales eléctricas. La reforma busca evitar riesgos catastróficos.

Décimo. La sentencia afecta el orden público derivado de una errónea percepción y ponderación de derechos. El objetivo de la reforma también fue asegurar otros derechos, como la vida digna, el mínimo vital, salud, alimentación, libre esparcimiento, gozar de adelantos tecnológicos y acceso a internet. El suministro de energía eléctrica es fundamental para satisfacerlos.

1. Recurso de revisión de la Cámara de Diputados. En esencia se hicieron valer los agravios siguientes:

Primero. Falta de interés jurídico. Para que la norma afecte a las empresas se requiere: a) la modificación al marco normativo por parte de la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); b) el inicio de un procedimiento administrativo ante la CRE para revocar los permisos obtenidos con fraude a la ley; c) la revisión de contratos de compromiso. Ninguna de las condiciones se actualizó.

Segundo. Las disposiciones reclamadas respetan la libre concurrencia y competencia. Las normas pretenden revertir la competencia desleal en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

• En el anterior modelo de despacho, la CFE proporcionaba, a través de sus generadores, todos los servicios de estabilidad y confiabilidad del (Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sin recuperar sus costos totales. Ocasionó un daño acelerado a sus unidades de generación que mantenían regímenes de operación flexible. Por tanto, existía un mercado carente de equidad e igualdad en el acceso e interacción en el mercado eléctrico mayorista, lo cual era violatorio del principio de libre concurrencia y competencia previsto en el artículo 28 constitucional.
• La reforma busca sustituir el parámetro de costos variables por el concepto de costos totales . Las plantas renovables privadas (eólicas y fotovoltaicas) eran despachadas primero al considerar que tienen costos variables de cero. Eso ocasionó un desplazamiento de las unidades de CFE. Sin embargo, el costo fijo o total de las plantas privadas es superior a las de la CFE.
• Los contratos de entrega física de energía y capacidad permiten que el CENACE cuente con bloques de energía en cada región del país, con una asignación previamente acordada entre el CFE y CENACE. Tales contratos evitan que la CFE asuma las pérdidas por su no despacho. Asimismo, pretende subsanar las condiciones inequitativas del mercado eléctrico que afectaban a CFE y a la sociedad mexicana por el incremento tarifario que debía solventarse con subsidios a cargo del erario.
• La sentencia pretende autorizar a unos pocos competidores para utilizar energía de fuentes solares y fotovoltaicas.

Tercero. Las normas respetan el medio ambiente y la salud. Además, las quejosas carecen de interés legítimo para expresar argumentos en defensa del ambiente. La sentencia carece de expresión clara de razones de afectación al medio ambiente. Las empresas quejosas no tienen en su objeto social la defensa del medio ambiente.

• La modificación a la operatividad de los Certificados de Energía Limpia (CEL) fomenta un mercado de competencia igualitario que reconozca la generación de energía limpia a todos los participantes, independientemente de la fecha en que hayan entrado en operación.
• La reforma no genera un impacto negativo en el mercado de CEL, sino que impide el desabasto y propicia mejores precios en beneficio de los usuarios finales al evitar la especulación y el aumento de tarifas.
• La sentencia invisibiliza la intermitencia de la energía eólica o solar, e implicaciones en la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro eléctrico, así como los altos costos en materia de contaminación que se originan en la elaboración de las celdas solares o baterías que se necesitan para almacenar energía. También deja de lado el potencial hidroeléctrico, geo termoeléctrico y otros tipos de producción de energías renovables con los que México cuenta y que CFE puede utilizar para cumplir con los compromisos internacionales.

Cuarto. Violación al principio de relatividad de las sentencias. El juez concedió un amparo con efectos generales en beneficio de empresas que no acudieron al juicio. Esto contraviene el principio de relatividad de las sentencias.

1. Recurso de revisión de la Cámara de Senadores. En esencia, se hicieron valer los siguientes agravios:

Primero. Falta de interés jurídico. Las quejosas no acreditaron la existencia de un perjuicio real, objetivo y concreto a su esfera jurídica. Las normas reclamadas, para materializar un efecto requieren que la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) expidan lineamientos secundarios.

Segundo. Las normas reclamadas respetan el régimen constitucional en materia de libre competencia, no impiden el acceso a las Redes Nacionales de Transmisión (RNT) y Redes Generales de Distribución (RGD).

• Las normas no implican la concesión de un trato preferencial a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento del resto de competidores del mercado eléctrico mayorista.
• Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, la planeación y coordinación de la actividad económica nacional. La norma implica un nuevo orden de despacho. El anterior estaba basado en un modelo que no reflejaba los costos totales de generación; lo que condujo a una competencia desleal en la que CFE no recuperaba sus costos totales y, además, se propició un daño acelerado de sus unidades de generación.
• Antes de la reforma existía un mercado carente de equidad e igualdad en el acceso e interacción en el mercado eléctrico mayorista. La reforma impugnada tiene un objetivo antimonopólico y pretende crear un piso parejo para la competencia leal y efectiva entre CFE y los generadores privados.
• Al eliminar la fijación de precios de energía eléctrica basada en costos marginales, la reforma buscó detener el régimen de beneficios caídos del cielo ( windall profits ) para ciertos generadores. La norma pretende abaratar la factura de luz de todos los consumidores.
• La norma es clara al regular el acceso a las redes cuando sea técnicamente factible.
• Al eliminar las subastas como el único modo de contratación, se buscó que el suministrador de servicios básicos cuente con coberturas de energía y capacidad en grandes volúmenes. La obligatoriedad de las subastas constituía sólo rentabilidad de las inversiones para los generadores privados en perjuicio de la CFE, pues los contratos por subastas tienen una vigencia de veinte años, en los que los precios no están sujetos a variaciones del mercado y se relegaba la generación proveniente de las plantas de la CFE.

Tercer agravio. Los artículos impugnados respetan el derecho al medio ambiente sano, no implican un retroceso en el uso de fuentes de energía renovables. No todas las plantas de generación de CFE son a base de combustóleo y carbón. También, cuenta con plantas renovables (ciclo combinado, termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleoeléctricas, geos termoeléctricas, entre otras). La jerarquización del despacho de las centrales eléctricas que estableció la reforma pone en los tres primeros lugares a las formas de generación más importantes y reconocidas de energías limpias.

1. Recurso de revisión adhesivo. Las quejosas interpusieron un recurso de revisión adhesivo, por medio de su representante común.
2. Admisión de los recursos de revisión. Mediante acuerdo del tres de febrero de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república admitió los recursos de revisión. El órgano jurisdiccional radicó los recursos con el expediente 367/2021.
3. Determinación del Tribunal Colegiado del conocimiento. El siete de diciembre de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república. En ejercicio de su competencia resolvió los recursos en los aspectos de legalidad bajo los ejes siguientes:

• Desechó los recursos de revisión intentados por la Comisión Federal de Electricidad y la Fiscalía General de la República .
• Sobreseyó en el juicio respecto de empresa “A” que reclamó los artículos 3, fracciones V, XII, XII bis y XIV, 4, fracciones I y VI, 26, 53, 101 y 108, fracciones V y VI, de la Ley de la Industria Eléctrica .
• Resolvió los aspectos relacionados con la procedencia del juicio de amparo y una vez superados, se declaró incompetente para resolver sobre los artículos 3, fracciones V, XII, XII bis, y XIV, 4, fracciones I y VI, 26, 53, 101, 108, fracciones V y VI, y 126 fracción II, de la Ley de la Industria Eléctrica, reclamados por empresa “B” ; empresa “C” y empresa “D” . Asimismo, respecto del artículo 126, fracción II, reclamado por empresa “A” .

1. Trámite ante la Suprema Corte . Por medio del acuerdo del diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra presidenta de este Alto Tribunal admitió a trámite este asunto bajo el expediente 14/2024. Asimismo, lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
2. Avocamiento. Mediante el auto del trece de febrero de dos mil veinticuatro el entonces Ministro Presidente de esta Primera Sala ordenó el avocamiento para conocer del expediente y que se remitieran los autos a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
3. Vista con causa de improcedencia. En sesión de veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, esta Primera Sala advirtió de oficio la posible actualización de una causal de improcedencia no alegada por las partes en el presente asunto ni estudiada por los órganos jurisdiccionales inferiores; y por acuerdo de veintidós de mayo de dos mil veinticinco, la Presidenta de esta Primera Sala ordenó dar vista a la parte quejosa con la causal para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo .
4. En cumplimiento a lo anterior, por auto de veintisiete de mayo de dos mil veinticinco, la presidencia del Tribunal Colegiado del conocimiento ordenó dar vista a la parte quejosa por un plazo de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera; proveído que se notificó electrónicamente a la parte quejosa el dos de junio de dos mil veinticinco .
5. Finalmente, por acuerdo de nueve de junio de dos mil veinticinco, la presidencia del Tribunal Colegiado del conocimiento, hizo constar que transcurrió el plazo sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna al respecto.