SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1509/2022-S4

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2021, cursante de fs. 53 a 65; el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Memorándum RECTORADO PERS.ADM. 0642/2020 de 15 de junio de 2020, fue designado como guardia de seguridad perteneciente a la Unidad de Seguridad y Monitoreo, contrato que concluyó el 11 de septiembre del mismo año; por lo que, continuó prestando sus servicios sin haber suscrito ningún otro contrato hasta el 4 de octubre de 2021, es decir trabajo para la UPEA bajo una relación de dependencia y subordinación percibiendo un salario mensual tal como se puede verificar en su extracto de aportaciones a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP’s), características establecidas en el art. 2 del Decreto Supremo (DS) 28699.

Además de las funciones para las que fue designado como guardia de seguridad, desempeñó labores en el área de mantenimiento, realizando todo tipo de trabajos técnico manuales a partir del 15 de junio de 2020 al 4 de octubre de 2021, fecha en la que fue intempestivamente despedido mediante Memorándum de conclusión de funciones RR.HH./DyM PERS.ADM 0861/2021, pese a la existencia de la tácita reconducción conforme a lo establecido en el art. 21 de la Ley General del Trabajo (LGT).

Agregó que fueron varias las veces que de manera verbal exigió se le haga la entrega y/o reposición de su contrato de trabajo; por lo cual, el 17 de junio de 2021 solicitó mediante nota presentada en la oficina de Carlos Condori Titirico, Rector de la UPEA con cargo de recepción 02368, la misma que fue desatendida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la citada casa superior de estudios, cuya omisión importa que al continuar prestando sus servicios posterior al cumplimiento del plazo se hubiera operado la tacita reconducción.

Por otra parte, el 19 de julio de 2021 mediante nota requirió certificado de Trabajo, dirigida a Vidal Ticona Gutierrez, Director de la citada institución, documento indispensable para que su esposa Josselin Sirpa Arratia que en ese entonces se encontraba en estado gestación, pueda ser atendida en la Caja de Salud de la Cooperativa Regional de Desarrollo (CORDES); sin embargo, no tuvo respuesta alguna; por lo tanto, no pudo ser atendida en la etapa de embarazo.

El 1 de septiembre del mismo año, por nota con cargo de recepción 03692, hizo conocer a la autoridad ahora demandada el nacimiento de su hija, hecho sucedido el 28 de julio de similar año conforme al certificado de nacimiento inscrito ante la Oficialía de Registro Civil 20101028; lamentablemente hasta la fecha no recibieron por parte de la UPEA los pagos y subsidios que por ley le corresponden mucho menos la atención médica necesaria durante la etapa de gestación debido a la negativa de las autoridades demandadas, vulnerando de manera flagrante el derecho a la salud, la seguridad social y a una maternidad segura de su esposa e hija recién nacida; además que a raíz de la negativa de no otorgarle su memorándum posterior al 11 de septiembre de 2020, no fue beneficiado con la cancelación del aguinaldo de la gestión 2020.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alegó la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, trabajo y salario justo, a la salud, seguridad social y la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente; citando al efecto los arts. 45.I, II, III y IV, 48.I, II, III y IV; 128, 129 y 410.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) La inmediata reincorporación a su fuente laboral por ser padre progenitor al mismo puesto que ocupaba hasta antes de su despido intempestivo; b) El pago de salarios devengados desde el 4 de octubre de 2021 hasta su real y efectiva reincorporación, debiéndose realizar los descuentos de ley; c) El pago en efectivo del subsidio de pre natalidad desde el quinto mes de gestación hasta la fecha de nacimiento de su hija el 28 de julio de 2021, debiéndose cancelar por mes un salario mínimo nacional de la gestión 2020 y 2021; d) El pago de subsidio de natalidad correspondiente a un mes del salario mínimo nacional de la gestión 2021; y e) Así mismo, se otorgue el pago en efectivo del subsidio de lactancia desde el nacimiento de su hija menor hasta que su persona sea efectivamente reincorporado.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 22 de noviembre de 2021, conforme consta en el acta cursante a fs. 83 y 87 vta., presentes el accionante y el representante legal de la autoridad ahora demandada –Rector de la UPEA–, ausente el codemandado, Director de RR.HH. de la citada casa de estudios superiores, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, en audiencia haciendo un relato detallado de los hechos ocurridos, ratificó el contenido íntegro de su demanda de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Carlos Condori Titirico, Rector de la UPEA, mediante informe escrito presentado el 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 78 a 82 vta., constatando en audiencia, a través de sus representantes legales, manifestó lo que sigue: 1) Según Memorándum RECTORADO PRES.ADM 0642/2020, Juan Gabriel Mendoza Mamani ingreso a trabajar en la UPEA, como guardia de seguridad a partir del 15 de junio hasta el 11 de septiembre de 2020; 2) De igual manera cursa copia legalizada de Memorándum RECTORADO PERS.ADM 0861/2020, designando al ahora impetrante de tutela por un nuevo periodo laboral iniciando el mismo el 5 de octubre de 2020 al 4 de octubre de 2021, la cual no fue recibida por el mismo, tal como se evidencia en la representación del encargado de personal administrativo de RR.HH., quien solo dio lectura negándose a recibir dicho memorándum; y 3) Se tiene copia legalizada del Memorándum RR.HH./DyM 192/2021 con firma y letra a puño del mismo accionante con fecha de recepción en la parte inferior derecha.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 169/2021 de 22 de noviembre, cursante de fs. 88 a 91, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que en un plazo razonable se efectué los trámites y gestiones administrativas correspondientes, vinculados al hecho de cumplir con el pago de la asignación familiar o de lactancia, en resguardo del derecho superior que le asiste a la niña recién nacida, esto desde el 1 de septiembre de 2021, hasta que la menor de edad cumpla doce meses de edad; y, denegó la tutela impetrada respecto al derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral por ser padre progenitor, derecho al trabajo y a un salario justo, al derecho de petición; decisión asumida con base a los siguientes argumentos: i) El solicitante de tutela alegó que le correspondería el derecho a la inamovilidad laboral; puesto que, la Dirección de RR.HH. de la UPEA tuvo pleno conocimiento del estado de embarazo de su esposa, requiriendo un certificado de trabajo a efectos de poder realizar su afiliación a la Caja de Salud CORDES para su correspondiente atención durante la etapa pre y postnatal; además, solicito la conversión de la relación laboral que tenía con la UPEA de trabajador a plazo fijo a otro de carácter indefinido en el entendido de haberse generado una tácita reconducción por el hecho de haber continuado con sus funciones a la conclusión de su primer memorándum, al respecto cabe mencionar que dichos argumentos deben ser de conocimiento exclusivo y único de la jurisdicción ordinaria en materia laboral tal como lo establece el art. 73 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010– referido a las facultades que tienen los Jueces en materia laboral estableciendo la competencia de los mismo para conocer, dirimir y solucionar todo aspecto concerniente a los contratos laborales y además de la concurrencia de derechos que estuvieran en controversia como ocurre en el presente caso; por lo que,el impetrante de tutela tiene habilitada la judicatura laboral para cuestionar dichos aspectos; ii) Respecto al derecho a la inamovilidad laboral se estableció que la misma tiene sus limitantes cuando se trata de contratos a plazo fijo tal como lo establece la SCP 1382/2016 que cita a la SCP 1579/2010, refiriendo que no aplica el derecho de la inamovilidad laboral por embarazo en cargos que por su naturaleza son temporales o sometidos a la modalidad de contratos a plazo fijo correspondiendo denegar la tutela solicitada con relación al derecho de la inamovilidad laboral; iii) Con relación al derecho de acceso a la seguridad social, y consiguientemente acceso a la salud se puede verificar por notas presentadas por el impetrante de tutela al Rector y Director de RR.HH. de la UPEA, peticionando la reposición del Memorándum y solicitud de Certificado de trabajo para la afiliación a la Caja de Salud CORDES, generada el 19 de julio de 2021, prácticamente una semana antes del nacimiento de su hija menor, entendiéndose para ésta Sala que la autoridad demandada a partir de dicha fecha y debido a la reciente presentación de su nota no generó afectación alguna a dicho derecho; puesto que, conforme a la normativa vigente en el Estado, existe la posibilidad de generar el seguro a la cónyuge y/o hijo desde el momento mismo de la concepción entendiéndose que la menor fue concebida en el mes de noviembre o diciembre de 2020 y nacida el 28 de julio de 2021; en consecuencia, el accionar del impetrante de tutela fue el que generó la eventual afectación que hoy busca atribuir a las autoridades demandadas; y, iv) Finalmente se estableció que no corresponde realizar análisis alguno con relación al pago del aguinaldo de la gestión 2020 y la multa correspondiente, pues en el mérito de que la tutela en lo principal vinculado a la reincorporación laboral no corresponde; por lo referido anteriormente cuenta con toda la facultad de activar los mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico le permite, siendo correspondiente denegar la tutela solicitada con excepción del derecho a la seguridad social que asiste a la niña menor vinculado únicamente al pago de la asignación familiar denominada subsidio de lactancia.