SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0318/2022-S1

En mérito a la normativa nacional e internacional descrita, es posible concluir que, el derecho al trabajo y empleo, se encuentra plenamente garantizado en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuya materialización y ejercicio pleno corresponde a las instancias pertinentes que al conocer denuncias sobre despidos irregulares u otra forma de limitar este derecho, deben velar siempre por su protección; toda vez que, al conculcarse el ejercicio de este derecho, de forma directa también se afecta los derechos a la seguridad social o la alimentación como ejemplos, puesto que el contar con un trabajo digno conlleva el ejercicio y goce de otros derechos.

III.2. La carrera administrativa como regla y el carácter excepcional de los funcionarios provisorios en el orden constitucional.

Partiendo del análisis del art. 44 de la Constitución abrogada, que establecía que el Estatuto del Funcionario Público contendrá las disposiciones que garanticen la carrera administrativa, se puso en vigencia la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, entre cuyas disposiciones transitorias y finales                      (art. 71), asigna la condición de funcionarios provisorios, a quienes desempeñan funciones en cargos correspondientes a los de carrera administrativa y que no hayan cumplido las condiciones impuestas para ser incorporados como funcionarios de carrera (art. 70); estableciendo además un mandato, que en el ámbito de su competencia el poder ejecutivo programará la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional, por lo que a los funcionarios provisorios no les corresponde acogerse a los derechos de los funcionarios de carrera, quienes fueron sometidos a un proceso de reclutamiento de personal conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y el Estatuto del Funcionario Público, al respecto, la SCP 0474/2011-R de 18 de abril, enfatizó las siguientes diferencias:

“Los servidores públicos provisorios gozan de los mismos derechos establecidos en el art. 7.I EFP; empero, no pueden impugnar las resoluciones que impliquen su remoción; es decir no gozan de la inamovilidad laboral. Otra diferencia consiste en que al servidor público de carrera se le deberá especificar la falta por la cual es destituido de su fuente laboral previo el inicio de un proceso administrativo interno, en cambio, a los servidores públicos provisorios, simplemente se les comunicará el cese de sus funciones sin invocar la comisión de ninguna falta, por lo que tampoco se les iniciará proceso administrativo interno. La jurisprudencia constitucional, precisó que si para el retiro de un funcionario provisorio se invocare una causal, ello conlleva la realización de un proceso previo y en su caso el derecho a la impugnación de ese acto administrativo”. 

Asimismo, entre otras diferencias entre las categorías de servidores públicos, se tiene el hecho de que los funcionarios provisorios no pueden impugnar la resolución que implique su remoción; es decir, no gozan de inamovilidad laboral como los de carrera administrativa; a los funcionarios provisorios basta comunicarles el cese de sus funciones, extremo que no acontece con los funcionarios de carrera, a quienes se requiere someterlos a un proceso administrativo por la comisión de alguna falta para la cesación de sus funciones; si por el contrario, para el retiro del funcionario provisorio se invocare alguna causal para cesarlo de sus funciones, ello conlleva la realización del debido proceso previamente, incluyendo el respeto del derecho a la defensa y a la impugnación; es decir, para la cesación de las funciones de los funcionarios provisorios, no requiere la invocación de algún motivo en particular, pueden ser cesados en cualquier momento solo por el hecho de ser funcionarios provisorios; esta línea jurisprudencial fue reiterándose de manera sostenida y uniforme.

Esa línea jurisprudencial asumida se fue repitiendo los casos de cesación de servidores públicos, con el solo fundamento de corresponder al carácter provisorio de los mismos en los diferentes niveles de gobierno, central, departamental, municipal, etc., convirtiéndose en una práctica habitual que, sometido a conocimiento y control de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha mantenido en una posición inmutable respecto a los servidores públicos provisorios, convalidando esta práctica que provoca la inestabilidad laboral de los servidores públicos, la inseguridad jurídica en la que se desenvuelven, afectando todo el sistema de la administración pública; en definitiva convirtiendo esta situación en una regla general, cuando en realidad debería ser una excepción.

No obstante este razonamiento, corresponde revisarlo desde el nuevo contexto constitucional, puesto que no se puede ignorar el mandato que establece la carrera administrativa como regla y la excepcionalidad del funcionario provisorio.

En ese contexto el art. 233 de la Norma Suprema, establece que las personas que desempeñan funciones públicas son servidoras y servidores públicos que forman parte de la carrera administrativa, con excepción de aquellas personas que desempeñan cargos electivos, las designadas y designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento, mandato que sintoniza con los principios constitucionales que rigen la administración pública como el de compromiso e interés social, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, responsabilidad y resultados, entre otros, a los cuales se hallan sujetos los principios fijados por el Estatuto del Funcionario Público, precedentemente citado, entre los que destaca el de servicio exclusivo a los intereses de la colectividad, reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria, igualdad de oportunidades, reconocimiento de la eficacia, competencia y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas para la obtención de resultados en la gestión, capacitación y perfeccionamiento de los servidores públicos, entre otros. 

En ese sentido, es necesario remarcar que el Estatuto del Funcionario Público, dispone la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional (art. 71), como se tiene citado precedentemente; esto implica, la sujeción a la Ley de Administración y Control Gubernamentales y los diferentes sistemas que le conciernen, de tal forma que se cumpla con la finalidad establecida por el mandato constitucional, la vigencia de la carrera administrativa como regla, en los que no se encuentran incluidos los que desempeñan cargos electivos, las designadas y designados y de libre nombramiento, a los que es pertinente sumar los funcionarios provisorios que fueron configurados por el Estatuto y la jurisprudencia constitucional precedentemente citada, que, en concordancia con los razonamientos expuestos, puede inferirse que alcanzan la categoría de excepcionales; es decir, los funcionarios provisorios ocupan o desempeñan un cargo de la carrera administrativa que debe ser institucionalizado en procura de su especialización y del cumplimiento de las metas y fines institucionales del servicio público, hasta que la administración pública realice el proceso de reclutamiento y selección del personal para su ingreso a la carrera administrativa, proceso dentro el cual, al funcionario provisorio le asiste el derecho de participar sin restricción alguna que los establecidos por ley, en igualdad de condiciones, así se tiene del razonamiento expresado de la SCP 0019/2017-S3 de 8 de febrero, que señaló:

“…debe quedar establecido que al ser un funcionario provisorio, ocupa un puesto de la carrera administrativa que de acuerdo al Estatuto del Funcionario Público debe ser institucionalizada, en procura de la especialización y el cumplimiento de las metas y fines institucionales del servicio público, por lo cual la inamovilidad relacionada a la discapacidad, en cualquiera de las circunstancias establecidas por ley; es decir, beneficio directo del trabajador por su condición de discapacitado, o por que tenga bajo su dependencia a personas con discapacidad, en funcionarios que tengan la condición de provisorios, será únicamente hasta que la administración inicie y concluya el proceso de selección de personal e institucionalización, proceso del cual por supuesto podrá ser participe la persona discapacitada que ocupa el puesto o aquella que tiene bajo su directa dependencia una persona con discapacidad”. 

Al respecto se puede concluir que, los funcionarios provisorios ocupan un puesto de la carrera administrativa que de acuerdo al Estatuto del Funcionario Público debe ser institucionalizada, en procura de la especialización y el cumplimiento de las metas y fines institucionales del servicio público, por lo cual la inamovilidadal en funcionarios que tengan la condición de provisorios será únicamente hasta que la administración inicie y concluya el proceso de selección de personal e institucionalización, proceso del cual por supuesto podrá ser participe la persona que ocupa el puesto.

III.3.  Sobre el régimen laboral de los funcionarios públicos de libre nombramiento dentro los Gobiernos Autónomos Municipales

Ahora bien la normativa contenida en el art. 5 inc. c) y d) del Estatuto del Funcionario Público (EFP), refiere que los funcionarios de libre nombramiento son aquellos que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos y designados, quienes no están sujetos a las disposiciones relativas a la carrera administrativa; y por lo mismo, tampoco gozan de los derechos comprendidos en el art. 7.II del citado Estatuto, por cuanto su ingreso a una entidad pública no es el resultado de un proceso de reclutamiento y selección de personal, sino que obedece a una invitación personal de parte del máximo ejecutivo; de donde se infiere que tales funciones son temporales.

Por otra parte el EFP., en su art. 3.III, señala que las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, Escalafón Judicial del “Poder” Judicial, carrera fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático; así como, el Magisterio Público, debían regularse por su legislación especial aplicable en el marco establecido en la indicada norma; y en cuanto a los Gobiernos Municipales, la Ley 2028 de 28 de octubre de 1999 (abrogada por la Ley 482 de 9 de enero de 2014), reguló la carrera municipal señalando que debía articularse a través de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal; y, además previó que las personas contratadas en las empresas municipales públicas o mixtas, establecidas para la prestación directa de servicios públicos, estaban sujetas a la Ley General del Trabajo.

Por su parte la SCP 0439/2019-S4 de 2 de julio, señala sobre las disposiciones respecto al personal municipal indicando que:

“…mediante Ley 321 de 20 de diciembre de 2012, se regularon las siguientes disposiciones respecto al personal municipal: a) Incorporó al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz; b) Exceptuó expresamente, a las y los servidores públicos electos y de libre nombramiento; así como, a quienes ocupen cargos de: 1. Dirección, 2. Secretarías Generales y Ejecutivas, 3. Jefatura, 4. Asesor, y 5. Profesional; y, c) Mantuvo la aplicación del régimen laboral de las empresas municipales públicas o mixtas, dispuesto en el numeral 3 del art. 59 de la Ley 2028 de 28 de octubre de 1999 ‒Ley de Municipalidades‒; es decir, bajo el amparo de la Ley General del Trabajo”. (las negrillas y resaltado es nuestro).

(…)

“Resumiendo, se tiene que gozan de la protección de la Ley General del Trabajo; y por ende, de la reincorporación señalada por el Decreto Supremo (DS) 0496 de 1 de mayo de 2010, los trabajadores que desempeñan funciones en servicios manuales; así como, técnico operativo administrativas; y el personal de las empresas municipales públicas y privadas, excluyéndose a los funcionarios electos (Alcalde y Concejales); al personal de libre nombramiento (Secretarias y Secretarios Municipales y el personal de asesoramiento técnico especializado que integra el Órgano Ejecutivo y el Órgano Deliberante) y al resto de funcionarios públicos que no ejecutan dichas tareas manuales ni técnico operativas administrativas, vale decir, dirección asesoramiento y funciones que requieren formación profesional”.

De lo señalado, podemos concluir que en cuanto al personal de libre nombramiento, el art. 13 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NBSAP), establece que se ubica en el tercer nivel de la escala de puestos de la entidad, y aclara que ocuparán solamente puestos con funciones administrativas de confianza y asesoramiento especializado y técnico a los de la categoría superior de una entidad; motivo por el cual; también son de libre remoción; es decir, no gozan de estabilidad laboral; sin embargo la jurisprudencia constitucional reconoce el pago de subsidios familiares[1].

III.4.  La tácita reconducción de un contrato de trabajo a plazo fijo en uno indefinido, por existir más de dos contratos sucesivos, no es aplicable en el sector público

El derecho al trabajo está contenido en el art. 46.I.1 de la CPE, señala que toda persona tiene derecho: “Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”.

De la misma forma se tiene que el derecho de toda persona a la estabilidad laboral contenida en el art. 46.I.2 de la CPE, señala: “A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”, el legislador constituyente, recoge una conquista anhelada de los trabajadores, que se traduce en una función esencial del Estado, bajo ese razonamiento se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral por lo que se ratifica la plena vigencia de los principios laborales como el Principio Protector que tiene el Estado como obligación de proteger al trabajador asalariado bajo las siguientes reglas: in dubio pro operario, en caso de duda sobre la interpretación de una norma más favorable; por su parte, el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su         art. 4 señala: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”.

Ahora bien ingresando al tema en específico el art. 21 de la Ley General del Trabajo en cuanto a la reconducción de contratos a plazo fijo menciona que:

“En los contratos a plazo fijo se entenderá existir reconducción si el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio”.

Partiendo de la mencionada norma, la jurisprudencia constitucional realizó una contextualización de la tacita reconducción por la suscripción de más de dos contratos continuos en el sector privado, así como la inaplicación del mismo en el sector público; a tal efecto la Sentencia Constitucional Plurinacional 0109/2006-R^[2] de 31 de enero, modulando la SC 0587/2005-R de 31 de mayo, señaló que no es posible obligar al empleador a continuar con el contrato del personal que ya cumplió el plazo contractual acordado de antemano, salvo que se presenten las circunstancias que se indicarán más adelante para lo que debe tomarse en consideración:

“Primero, que el art. 12 la Ley General del Trabajo (LGT), establece que el contrato de trabajo puede pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio.

Segundo, los contratos a plazo fijo no implican necesariamente que una vez vencido el término pactado, el trabajador deba indefectiblemente cesar en sus funciones, por cuanto podría suceder alguna de las situaciones que las siguientes disposiciones prevén: a) el art. 21 de la LGT, prevé que en los contratos a plazo fijo se produce reconducción cuando el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio; b) la RM 283/62 de 13 de junio de 1962, señala que el contrato de trabajo podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza c) si bien la RM 193/72 de 15 de mayo de 1972, establecía que los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa, no es menos cierto que el art. 2 del DL 16187 de 16 de febrero de 1979, establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa, en caso de evidenciarse la infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondrá que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido. Cabe advertir que prevalece lo dispuesto por el DL 16187 -que prohíbe más de dos contrataciones a plazo fijo- al tratarse de una norma de superior jerarquía que la RM 193/72, que determinaba que desde la segunda contratación los contratos a plazo fijo adquieren la calidad de indefinidos; empero, subsiste la última parte de dicha Resolución Ministerial, referida a que en todo caso debe tratarse de la realización de labores propias del giro de la empresa.”

Posteriormente dentro del desarrollo jurisprudencial constitucional se tiene que la SCP 0562/2017-S2^[3] de 5 de junio, modulo la SC 109/2006-R de 31 de enero indicando que la tácita reconducción por la suscripción de más de dos contratos continuos, ni la conversión a indefinido es aplicable en el sector público; ya que la validez de estos contratos estarán en el marco de estipulaciones normativas especiales así como del contenido del contrato, señalando a ese efecto:

“Del contenido jurisprudencial desarrollado, se advierte que podrá existir estabilidad laboral en contratos a plazo fijo, siempre y cuando exista reconducción del contrato al vencimiento del mismo al persistir las actividades laborales; o se haya contratado por más de dos veces sucesivas en tareas propias de la empresa; sin embargo, debe tomarse en cuenta que este razonamiento fue desarrollado en base a normativa eminentemente del sector privado como la Ley General del Trabajo, la Resolución Ministerial (RM) 283/62 de 13 de junio de 1962, la RM 193/72 de 15 de mayo de 1972, DL 16187 de 16 de febrero de 1979, por lo que no puede ser extendido a los contratos de trabajo a plazo fijo del sector público, en virtud a que éstos se encuentran regidos bajo otra normativa especial.

Consiguientemente, si una persona continuara trabajando a pesar de haber cumplido el plazo de vigencia de un contrato laboral eventual o a plazo fijo en el sector público; o en su caso se le suscriban más de dos contratos sucesivos de trabajo en base a la normativa que regula al sector público, se entiende que no operará la tácita reconducción del contrato, ni la conversión a indefinido, ya que la validez de estos contratos estarán en el marco de estipulaciones normativas especiales así como del contenido del contrato. (énfasis añadido)

Criterio constitucional que constituye una modulación a la SC 0109/2006-R, toda vez que si bien es cierto que la inamovilidad laboral es aplicada a madres embarazadas o padres progenitores sean éstos del sector público o privado; sin embargo, la reconducción del contrato a plazo fijo y/o la conversión del mismo en indefinido, solo será aplicable al sector privado y no así al público.”

De la misma forma siguiendo el entendimiento constitucional anteriormente mencionado la SCP 0511/2018-S3, de 12 de octubre, confirma la modulación realizada en la SCP 0562/2017-S2 indicando que la reconducción del contrato a plazo fijo y/o la conversión del mismo en indefinido, solo será aplicable al sector privado y no así al público.

En ese entendido se concluye señalando que la reconducción del contrato a plazo fijo y/o la conversión del mismo en indefinido, solo será aplicable al sector privado y no así en el sector público, toda vez que la validez de estos contratos estarán en el marco de estipulaciones normativas especiales así como del contenido del contrato suscrito entre partes.

III.5.   Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al trabajo, estabilidad laboral; y, a la seguridad jurídica; toda vez que: a) El 19 de enero de 2021, el GAM de El Alto, le entregó el Memorándum DTH-JCTCH/B/020/2021, del 19 de enero, haciéndole conocer el agradecimiento de funciones en el cargo de “Jefe B” de la Unidad de Saneamiento Básico; indicándole que el cargo que había ocupado era de libre nombramiento y consecuentemente sujeto a la libre remoción; quebrantando de esa manera, la Ley 2027, su reglamento y las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal al no nombrarlo como Funcionario de Carrera; y, b) No tomaron en cuenta que suscribió varios contratos de trabajo desde el 2016 de forma ininterrumpida hasta su desvinculación el 19 de enero de 2021; debiendo operar la tacita reconducción de forma automática.

De los antecedentes descritos en las conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que el ahora accionante ingresó a trabajar en el GAM de El Alto, el 30 de junio de 2016 como consultor de línea en el cargo de “Proyectista Sanitario B”; posteriormente, el 15 de noviembre firmo un nuevo contrato en la misma modalidad hasta el 30 de diciembre del mencionado año, en el mismo cargo (Conclusión II.1 y II.2); asimismo al año siguiente, el 3 de abril de 2017 firmó un Contrato Administrativo de Personal Eventual DTH/FSMASGAR 003/2017, mediante el cual trabajo en la Alcaldía hasta el 29 de diciembre del año mencionado en el cargo de Asistente I, dependiente de la Secretaria Municipal de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos; continuando con el trabajo en la misma institución, firmó un nuevo Contrato Administrativo de Personal Eventual DTH/P 1043/2018, el 11 de enero en el cargo de Responsable IV (Conclusión II.3 y II.4); luego, en la misma línea firma el Contrato Administrativo de Personal Eventual DTH/P 2112/2019 de 22 de enero, en el cargo de Responsable IV, con una vigencia desde ese día hasta el 22 de agosto de similar año; empero el 9 de mayo del mismo año presentó su renuncia voluntaria; es así que el 10 de mayo, por memorándum de Designación DTH-JCTCH/A/0104/19, es asignado al cargo de Jefe B con el Ítem E-09100102001, bajo dependencia de la Dirección de Agua, Saneamiento y Recursos Hídricos (Conclusión II.5, II.6 y II.7).

Finalmente, el 19 de enero de 2021, mediante memorándum                                     DTH-JCTCH/B/020/2021, le agradecieron por sus servicios prestados en el cargo de Jefe B de la Unidad de Saneamiento Básico dependiente de la Dirección de Agua, Saneamiento y Recursos Hídricos. (Conclusión II.8).

En ese contexto, identificado el problema jurídico en el cual el ahora accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral; y, a la seguridad jurídica, se analizará cada una de las problemáticas denunciadas:

a)       Le entregaron el memorándum DTH-JCTH/B/020/2021 de 19 de enero haciéndole conocer el agradecimiento de funciones en el cargo de “Jefe B” de la Unidad de Saneamiento Básico; indicándole que el cargo que había ocupado era de libre nombramiento y consecuentemente sujeto a la libre remoción; quebrantando de esa manera, la Ley 2027, su reglamento y las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal al no nombrarlo como Funcionario de Carrera.

En cuanto a la presente problemática, este fallo constitucional en su Fundamento Jurídico III.3, señaló que en cuanto al personal de libre nombramiento, el art. 13 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, establece que se ubica en el tercer nivel de la escala de puestos de la entidad, y aclara que ocuparán solamente puestos con funciones administrativas de confianza y asesoramiento especializado y técnico a los de la categoría superior de una entidad; motivo por el cual, también son de libre remoción; es decir, no gozan de estabilidad laboral; sin embargo la jurisprudencia constitucional reconoce el pago de subsidios familiares.

Ahora bien, del análisis de los antecedentes cursantes en la presente acción de defensa, se puede evidenciar que Fremiot Lecoña Choque fue designado en el cargo de “Jefe B” como Jefe de Unidad de Saneamiento Básico dependiente de la Dirección de Agua, Saneamiento y Recursos Hídricos del Gobierno Autónomo                    Municipal de El Alto, mediante Memorándum de designación                       DTH-JCTCH/A/0104/19 de 10 de mayo de 2019; nombramiento que no es alcanzado por la carrera administrativa; y más al contrario corresponde a la categoría de funcionario de libre nombramiento  debido a que su proceso de incorporación no fue realizado en base a una convocatoria pública, requisito ineludible para adquirir la calidad de funcionario de carrera; más al contrario, cumple funciones de confianza y asesoramiento especializado y técnico en la entidad Municipal. Asimismo en virtud de lo dispuesto por el art. 7.II,                       inc. a) del EFP, se establece que el accionante al ser un servidor público de libre nombramiento, no goza de estabilidad laboral que son derechos previstos únicamente para los funcionarios de carrera, por lo cual su desvinculación mediante el memorándum de designación        DTH-JCTCH/A/0104/19 de 10 de mayo de 2019 emitido por Fiorela Quispe Chambi, Directora de Talento Humano del GAM de El Alto, no tenía que darse a través de un proceso administrativo, en razón a que éste también es un derecho exclusivo de aquellos funcionarios incorporados a la carrera administrativa, según determina el art. 41 del ya referido Estatuto; asimismo se tiene que el art. 1.II de la Ley 321 exceptúa a las jefaturas para el ingreso a las carreras administrativas; norma que es concordante con el art. 30 inc. b) del Reglamento del Estatuto del Funcionario Público y el art. 57 del Decreto Supremo 2615.

A cuyo efecto el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, por intermedio de Fiorela Quispe Chambi Directora de Talento Humano, en uso de sus atribuciones delegadas por la máxima Autoridad de la Entidad, cuenta con la facultad de remover al personal que no está amparado por la carrera administrativa, y se encuentra en calidad de servidores públicos de libre nombramiento; sin que los mencionados servidores públicos puedan invocar la estabilidad laboral correspondiente a los funcionarios de carrera; correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada en la presente acción de defensa.  

b)       No tomaron en cuenta que ha suscrito varios contratos de trabajo desde el año 2016 de forma ininterrumpida hasta su desvinculación el 19 de enero de 2021; debiendo operar la tacita reconducción de forma automática.

En cuanto a la presente sub problemática de que al tener más de dos contratos consecutivos, pasó a la modalidad de contrato indefinido debido a la tácita reconducción, tenemos que de acuerdo a lo mencionado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, se tiene que, cuando se suscribe contratos sucesivos en el sector público con base en la normativa laboral regulatoria para este sector, no opera la conversión de contratos establecidos a plazo fijo a contratos indefinidos, toda vez que dicho extremo se encuentra reservado solamente a favor del sector privado amparados por la Ley General del Trabajo por las particularidades que dicha relación contractual posee, ya que la validez de estos contratos estarán en el marco de estipulaciones normativas especiales así como del contenido del contrato propiamente efectuado.

Bajo ese entendido se evidencia que lo denunciado por el ahora accionante; en cuanto a que se debe considerar que al tener más de dos contratos consecutivos, pasó a la modalidad de contrato indefinido debido a la tácita reconducción, no puede ser aplicado en el presente caso; tomando en cuenta que el 9 de mayo de 2019 mediante nota suscrita por el ahora accionante, presentó su renuncia voluntaria al Contrato Administrativo de Personal Eventual DTH/P 2112/2019 de 22 de enero, cuando fungía el cargo de Responsable IV, dependiente de la Dirección de Agua Saneamiento y Recursos Hídricos del GAM de El Alto; y que posteriormente, mediante el memorándum de designación DTH-JCTCH/A/0104/19 de 10 de mayo de 2019, de la misma entidad municipal, es nombrado directamente en el cargo de Jefe de Unidad de Saneamiento Básico (Cargo de libre nombramiento); es decir que no se encuentra protegido por las normas establecidas en la Ley General del Trabajo, por ser designación directa de la Máxima Autoridad Ejecutiva; a tal efecto es importante manifestar que conforme el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional, la tácita reconducción no puede ser tomada en cuenta en el presente caso, porque es una facultad exclusiva de los contratos enmarcados bajo el amparo de la Ley General del Trabajo, motivo por el cual, no procede aplicar la misma por suscripción de más de dos contratos; consecuentemente no es posible conceder la tutela solicitada.

CORRESPONDE A LA SCP 0318/2022-S1 (Viene de la pág. 21)

Finalmente, es importante señalar que en cuanto a la estabilidad laboral el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, señala que se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias; motivo por el cual, en el presente caso al tratarse de una relación laboral que no se encuentra protegida o suscrita bajo los parámetros establecidos en la Ley General del Trabajo; y más al contrario se encuentra amparada mediante el Memorándum de designación DTH-JCTCH/A/0104/19 de 10 de mayo de 2019, designación de libre nombramiento; corresponde denegar la tutela solicitada en cuanto a la estabilidad laboral solicitada.

En ese entendido, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada actuó en forma correcta.