SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0269/2024-S1

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, se emitió el Auto Supremo 249/2022-RRC de 21 de abril, que declaró infundado su recurso de casación; esto, sin considerar que en el mismo, manifestó la existencia de defectos absolutos inconvalidables, citando al Auto Supremo 256/2015-RRC de 10 de abril, que determina la imposibilidad de sancionar al mismo sujeto como autor de los delitos de falsedad y uso de instrumento falsificado a la vez; y si bien, no manifestó este aspecto al momento de apelar la sentencia condenatoria, se debió tomar en cuenta que citó también en dicho recurso, la existencia de jurisprudencia que flexibiliza los requisitos para la admisión del recurso de casación, estableciendo la apertura de competencia del Tribunal Supremo de Justicia cuando se denuncian graves y evidentes lesiones a los derechos de las partes que constituyen defectos absolutos no susceptibles de convalidación.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a recurrir y el sistema de recursos en el derecho procesal penal boliviano, especial mención al recurso de casación; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a recurrir y el sistema de recursos en el derecho procesal penal boliviano, especial mención al recurso de casación

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0064/2018-S2 de 15 de marzo,                   0996/2019-S2 de 21 de octubre, 0016/2020-S1 de 12 de marzo-entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el art. 8.2                 inc. h), respecto a las garantías judiciales, dispone que toda persona tiene el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Nuestra Constitución Política del Estado instauró también el derecho a recurrir como parte de la garantía del debido proceso y como principio de la jurisdicción ordinaria en su art. 180.II, que sostiene: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”.

Cabe señalar que tanto el derecho a la defensa como el derecho a recurrir efectivamente son derechos fundamentales; en ese sentido, el derecho a la defensa es una garantía universal, general y permanente que constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, el ejercicio del mismo surge para el imputado, desde el momento que tiene conocimiento que existe un proceso en su contra                    -art. 5 del CPP- y culminará cuando finalice el proceso con el dictado de una sentencia que adquiera la calidad de cosa juzgada. Este derecho se debe ejercer de manera oportuna y por los cauces señalados en la ley. De ese modo, las facultades de las partes y las del Órgano Judicial en el proceso, están reguladas por ley, evitando de ese modo el abuso y la arbitrariedad, imponiendo comportamientos adecuados.

Al legislador conforme a la atribución de la competencia constitucional, le corresponde regular los procedimientos judiciales. En ejercicio de esa facultad, define las ritualidades de cada juicio, la competencia para su conocimiento, los recursos, los plazos, el régimen probatorio etc., pero para diseñar los diversos procesos judiciales, el derecho a la defensa debe encontrarse garantizado a lo largo de todas y cada una de las etapas que conforman el proceso penal. La importancia del derecho a la defensa, en el contexto de las garantías procesales radica en que, con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad y evitar una condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de los actuados; en el contexto de los procesos penales, el derecho de impugnación es relevante, adquiriendo preeminencia esencial el derecho a impugnar las sentencias condenatorias; por lo que, el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad, asegurándose que la oportunidad para impugnar sea real, tanto normativa como empíricamente.

Nuestra norma procesal penal, en su Libro Tercero, desarrolla lo referido a los recursos, que son los medios establecidos por la ley, que permiten a las partes solicitar al mismo tribunal o al superior, la revisión total o parcial de lo determinado. Los recursos previstos por dicha norma son, el recurso de reposición, de apelación incidental, de apelación restringida, de casación y el de revisión; su interposición está limitada por la previsión contenida en el    art. 394 del CPP, que establece:

“Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código.

El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante.”

Esta disposición legal determina dos limitaciones generales a la interposición de recursos en materia penal, una objetiva y otra subjetiva. Por la primera, no todas las resoluciones son recurribles, sino aquellas en los casos expresamente establecidos. Por la segunda, el derecho a recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante.

III.1.1. El recurso de casación

Siendo el objeto de la problemática el rechazo de la interposición del recurso de casación, es necesario referirnos de manera particular a este recurso: