SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0613/2024-S2

La lesión es irreversible no existiendo tratamiento para recuperar la audición y de persistir la exposición al ruido la lesión irá aumentando progresivamente” (sic [fs. 522]).

Por otra parte, cursa Informe Psicológico de 5 de septiembre de 2023, correspondiente al peticionante de tutela, elaborado por Aracelli Rojas Antonio, Psicóloga Clínica, que en Conclusiones diagnósticas refirió, en lo esencial, que a nivel cognitivo se encuentra ubicado en las tres esferas: tiempo, persona y espacio; el curso, línea y contenido del pensamiento son lentos; la memoria retrograda y anterógrada se encuentra alterada, evidenciándose “a la fecha” limitación en el recuerdo diferido y grados de abstracción, presentando alteraciones en las funciones senso-perspectivas, originadas a partir del proceso patológico que cursa situación que le imposibilitan cognitivamente lograr comprender y adaptarse de forma adecuada al proceso evolutivo de su enfermedad; así también, a partir de todo el “cortejo” sintomático se evidencia trastorno depresivo por afección médica de base (Enfermedad Renal crónica estadio V en Programa de Hemodiálisis); y, otro aspecto que determina su estado de ánimo es la expectativa de vida que le otorga el proceso de la enfermedad, aspecto que no le permite tolerar, confrontar y sobrellevar la situación actual, frente a la cual no desarrolló estrategias de adaptación adecuadas; en función a ello , recomendó: promover un ambiente cálido y reconfortante, para fortalecer la homeóstasis emocional quebrantada por la patología de base causante de estados y crisis de angustia; promover terapia ocupacional, red de apoyo a nivel familiar y acompañamiento psicológico cada quince días (fs. 527 a 530).

Y, se tiene Certificado Médico de 12 de enero de 2024, extendido por Willy Salinas Siles, Neumólogo, que con relación al peticionante de tutela certifica que, fue internado del 4 al 12 de diciembre de 2023, diagnosticándosele: “NEUMONIA ADQUIRIDA EN LS COMUNIDAD PULMON ESPASTICO” (sic); y, como tratamiento antibióticos, broncodilatadores y mucolíticos (fs. 706).

A partir de este contexto jurisprudencial vinculado al resguardo constitucional que brinda esta acción de defensa con relación al presupuesto de activación inherente al atentado o riesgo de afectación del derecho a la vida, que en el caso concreto alcanza al elemento de vida digna en interrelación con los derechos a la salud, a la integridad física, psicológica y moral, se advierte, que evidentemente el ahora peticionante de tutela tiene una condición de discapacidad física-motora grave y estado de salud con el padecimiento de ciertas enfermedades; sin embargo, no se cuenta con ningún componente fáctico ni de apreciación objetiva probatoria que permita denotar que esa situación derive o tenga como un efecto subsecuente emergente del presunto acto lesivo medular planteado dentro de esta acción tutelar, vale decir, el reclamado desconocimiento al fuero que le reconocía la Norma Suprema abrogada relacionado con el juicio de responsabilidades y a contrario el sometimiento y/o juzgamiento penal ante la jurisdicción ordinaria penal, cuando además conforme sostuvo  el propio accionante en la demanda tutelar tiene la amplitud de solicitar -en el marco de la detención domiciliaria que estaría cumpliendo- constantes permisos para su atención médica y tratamientos ante la instancia judicial respectiva, teniéndose de antecedentes cursantes en obrados actuados jurisdiccionales relacionados con órdenes de salidas médicas -Causa penal IANUS: 200912800- (fs. 536 y vta., 537 y vta., 538 y vta.; y, 539 y vta.); sumado a que, de acuerdo al informe de descargo presentado por Omar Urbano Mollo Marca y Germán López Flores, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro -no rebatido por la contraparte- por su estado de salud se programaron audiencias en horarios accesibles, incluso con la alternativa de audiencia virtual en caso de impedimento.

Consecuentemente, no es viable asumir con la necesaria convicción y certeza la denunciada vulneración /o riesgo inminente de lesión al derecho a la vida digna relacionado con la salud, integridad física, psicológica y moral del ahora impetrante de tutela derivada del cuestionamiento competencial vinculado con las actuaciones y procedimientos desarrollados en las causas penales -respecto a las que se activa esta acción de defensa-; por lo que tampoco corresponde acoger favorablemente el resguardo constitucional tutelar requerido.

III.3.1. Consideración exhortativa final

Resueltos los planteamientos de presunta lesividad formulados dentro de esta acción de defensa y sin que se contraponga a los mismos, en atención a la condición de salud del accionante y en procura de garantizar la preeminencia de sus derechos a la vida y a la salud, este Tribunal considera necesario exhortar a las autoridades judiciales que integran los Tribunales de Sentencia Penal Primero, Segundo y Tercero; el Juzgado de Ejecución Penal Primero; y, Juzgados de Sentencia Penal Segundo y Cuarto, todos de la Capital del departamento de Oruro, dentro de los procesos penales signados con IANUS 200912800 y NUREJ: 201419197, 201209641, 201408259, 201418461, 201117792, 201302699 y 201107127, según corresponda; prioricen en sus actuaciones y en la tramitación de los mismos, en todo momento e inexcusablemente la atención médica  y tratamientos a los que halla sometido el nombrado, considerando que: “76. (…) la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos, y que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. (…)” [1]

III.4.  Otras consideraciones

Dentro de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, este Tribunal advierte que, siendo resuelta esta acción de defensa el 30 de noviembre de 2023, la misma recién fue remitida en revisión el 8 de enero de 2024 -constancia de courrier cursante a fs. 683-, es decir, con posterioridad al plazo de veinticuatro horas establecido en los
arts. 126.IV de la CPE y 38 del CPCo.

Razón por la que, corresponde llamar la atención al Juez de garantías y a la Secretaria de Juzgado, por incumplimiento de sus atribuciones jurisdiccionales vinculadas con la  dirección del proceso tutelar y funciones propias de apoyo judicial, respectivamente, al haber inobservado la imperatividad de los plazos procesal-constitucionales que se encuentran establecidos considerando el alcance de protección que brinda este tipo de acciones de defensa, conforme a lo cual se encuentran revestidas de sumariedad y prontitud.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aun con otros fundamentos, obró de forma correcta.