SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 1028/00-R

CONSIDERANDO: Que, el recurrente en su memorial de 26 de septiembre de 2000, corriente de fs. 23 a 24 de obrados, refiere que dentro del proceso que le sigue la empresa EXPRINTER LTDA. por la supuesta comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida y otros, en el Juzgado Sexto de Partido en lo Penal presentó prueba instrumental de descargo, demostrando que dicha empresa lleva doble contabilidad, lo cual motivó que ésta presente nueva denuncia en instancias policiales, expresando que él habría falsificado y robado la documentación probatoria.  Que frente a tal irregularidad, solicitó ante el Juez de la causa que las citadas diligencias se acumulen al proceso, por cuanto toda esa prueba constituía parte del mismo y por lo tanto toda cuestión conexa correspondía conocer a esa autoridad, la cual ante su solicitud pidió informe al investigador recurrido, el cual no fue elevado, pese a que presentó otro memorial ante los recurridos y se dejó un comparendo en el domicilio del investigador a fin de que se presente a rendir una declaración informativa.  Que, por lo expuesto y dado que dicho desobedecimiento y resistencia constituyen procesamiento y persecución indebida que vulnera sus derechos establecidos en los arts. 7-d) y 14 de la Constitución Política del Estado, pide que el Recurso planteado se declare procedente, disponiéndose la acumulación inmediata de las diligencias  Nº 3508/2000 al proceso sustanciado en el Juzgado Sexto de Partido en lo Penal, que la Policía Técnica se abstenga de conocer otra investigación conexa al citado proceso y cese la persecución mediante emisión de mandamientos de comparendo, de aprehensión u otros.

CONSIDERANDO: Que, instalada la audiencia pública el 05 de octubre de 2000, cual consta de fs. 30 a 33 de obrados, el recurrente por medio de su abogado ratificó y amplió los términos de su Recurso señalando que no se observaron los arts. 35 y 37 del Código de Procedimiento Penal, dado que el Juez Sexto de Partido en lo Penal asumió jurisdicción en la vía de exclusión probatoria, por lo que no se podía presentar denuncia paralela ante la P.T.J., además de que ésta data de junio y las investigaciones no concluyen hasta el presente. Por otro lado, aduce que el art. 4 de la Ley  Nº 1970, tomándolo como analogía establece que nadie puede ser condenado más de una vez por un mismo hecho, aunque se modifique su calificación.

Por su parte, los recurridos prestan informe indicando que son delitos diferentes, que se está investigando el de falsedad material para saber si los documentos que se acusan de falsos lo son o no, para lo que se ha solicitado la declaración informativa del recurrente mediante comparendo, ya que su obligación es investigar; alegan que no hay conexitud porque la causa y objeto no son los mismos y que no hay procesamiento ni persecución porque están en etapa investigativa y se ha citado al recurrente.  Finalmente, aducen que no están de acuerdo con la acumulación porque son situaciones totalmente distintas y que no tuvieron conocimiento del informe que solicitó el Juez Sexto de Partido en lo Penal, porque no está en el expediente.  

CONSIDERANDO:  Que, el Recurso de Hábeas Corpus, establecido en el art. 18 de la Constitución Política del Estado ha sido instituido para proteger y garantizar la libertad por ser un derecho fundamental de la persona, cuando ésta creyere estar arbitraria, indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa; precepto que es aplicable al caso de autos, por cuanto la cédula de comparendo expedida para que comparezca el recurrente a prestar su declaración informativa respecto a la denuncia presentada en su contra, no guarda las formalidades de Ley, dado que ésta no fue suscrita por el Fiscal recurrido y tampoco existe providencia por la cual se evidencie que dicha autoridad la hubiera dispuesto, en tal sentido, la citada cédula es contraria al marco legal y consiguientemente, hace que el recurrente esté siendo perseguido indebidamente, pues dicho acto se entiende también como la acción de un funcionario público que busca, persigue u hostiga a una persona sin una orden expresa, emanada de autoridad competente y en este caso es el Fiscal recurrido la autoridad adecuada  como Director de las Diligencias de Policía Judicial como lo establece el art. 90-a) de la Ley del Ministerio Público.