En revisión la Resolución Nº 248/00 de 8 de mayo de 2000, pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz

5.  Debe entenderse asimismo, como lo ha reiterado el Tribunal Constitucional en la jurisprudencia establecida, que el reconocimiento y efectivización de garantías y derechos constitucionales  cuando son procedentes, no excluyen ni enervan la acción penal que estaría tramitándose o pudiese iniciarse, las que deben ajustarse  con rigurosidad a las normas procesales de la materia.