SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 903/01-R

Continúa y dice que ante sus constantes reclamos, la Directora de Medio Ambiente del Gobierno Municipal mediante nota de 12 de diciembre de 2000, respondiendo a otra que ella había enviado al recurrido, le responde que los obrados del cierre preventivo de su empresa habían sido derivados al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación por ser la autoridad competente, que paralelamente también acudió a la Prefectura solicitando la reapertura, pero como respuesta le señalaron que su caso estaba siendo considerado por una comisión dirigida por el referido Ministerio, a fin de efectuarse una inspección ocular y luego decidir una posición; empero, ante el cierre dispuesto por el Alcalde, la Comisión se había visto obligada a plantear nuevos mecanismos. Señala que por medio de varias notas reiteró sus solicitudes de reapertura tanto al Alcalde recurrido como al Presidente del Concejo, a la Prefectura del Departamento y también al Viceministro de Medio Ambiente como autoridad competente para que ordene, instruya y/o aconseje al recurrido la revocatoria de la Resolución Nº 143 que dispone el cierre, pero a todas estas notas se le respondió que sólo el Alcalde podía levantar la extrema medida. Concluye indicando que al dictar el recurrido la referida resolución sin jurisdicción y competencia, ha incurrido en la nulidad prevista en el artículo 31 constitucional y también ha vulnerado sus derechos previstos en los artículos 7-d) y 16-II de la Ley Fundamental, dado que ha dispuesto ilegalmente el cierre de su fábrica con una resolución que no ha seguido los procedimientos señalados por la Ley del Medio Ambiente restringiéndole su derecho a la defensa, por lo que pide que el recurso sea declarado procedente y se disponga la inmediata apertura de las instalaciones de Industrias Químicas y Metalúrgicas S. Bustos M.