SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 110/2002 - R

En lo que corresponde a nuestro país, en todo caso si como consecuencia de un incumplimiento al  pago de una obligación tributaria, se constatara la existencia de delito conforme a las descripciones típicas formuladas por la Ley, tal comportamiento puede merecer las acciones restrictivas a la libertad que el ordenamiento jurídico vigente prevé,  quedando consiguientemente reservada para la  jurisdicción penal las medidas cautelares personales, entre ellas el apremio y el arraigo.