SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 590/2002-R

A su turno, la autoridad demandada manifestó: a) que el caso de autos se trata de un proceso penal por los delitos tipificados en los arts. 49 y 75 de la Ley 1008 seguido por el Ministerio Público en contra de Marco Antonio Loayza y otros, b) teniendo en cuenta que la pena por los delitos que se sigue la acción es de 3 años de reclusión, en la audiencia de medidas cautelares  se dispone la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva previstas en los incs. 2), 3) y 6) del art. 240 del Código de Procedimiento Penal, c) el imputado solicita garantía personal por una semana, mientras tramite su cédula de identidad, para cumplir con el arraigo y d) en audiencia de 15 de abril de 2002 la recurrida rechaza esa solicitud, por lo que el recurrente planteó recurso de apelación.