SENTENCIA CONSTITUCIONAL 958/2002-R

En el Juzgado Tercero de Partido en lo Penal se le sigue un proceso penal indebido por  la comisión de los supuestos delitos de estafa y estelionato, en base a la acusación falsa de haber vendido un inmueble y sonsacado $US. 30.000, siendo el fundamento de la acción un documento de arras y otro de resolución de contrato presentado por la querellante. Es así que la Policía Técnica Judicial levantó las diligencias sin su conocimiento, vulnerando  las garantías del debido proceso y la inviolabilidad de la defensa, ya que concluyeron las diligencias sin que hubiera presentado su declaración informativa ni presente  sus pruebas, remitiendo las diligencias al Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, desconociendo lo preceptuado en el art. 117 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), arbitrariedad ante la cual el Juez de la causa debió rechazar la querella o devolver los actuados a la Policía Técnica Judicial para que  regularice procedimiento puesto que  existen pruebas de que la materia de la denuncia corresponde a la jurisdicción civil y no a la penal.