SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1062/2002-R

II.4.   No se ha demostrado que el recurrente, dentro de una etapa preparatoria de juicio, hubiera sido beneficiado por el Juez Cautelar con la concesión de la cesación de su detención preventiva y menos que existiera mandamiento de libertad en su favor. Tampoco se acreditó que la detención y traslado a dependencias de la PTJ el 8 de junio de 2002 hubiera sido como “depósito” por orden del Alcaide.