SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1461/2003-R

En la demanda presentada el 30 de julio de 2003 (fs. 176 a 182), la recurrente aduce que el Ministerio de Defensa ha iniciado proceso coactivo fiscal contra su representado y Luis Héctor Gonzalo Aranibar Lorini, representante de la Empresa Panagra Air, en base a un dictamen del Contralor General de la República que es resultado de un Informe de Auditoría en el que no se consideró la prueba de descargo aportada por su parte, entre la que figuraba el avalúo del avión Beechcraft, pues la Contraloría contrató a otras dos empresas para la tasación de la aeronave, y, no obstante, no se tomó en cuenta tampoco el peritaje realizado por la  empresa dirimidora y, sin ningún fundamento, “buscó una proporción  media de los montos de los tres dictámenes” para obtener un promedio, dejando de lado aspectos relacionados con el valor del avión, cuyo valor fue incrementado, además que  se estimó un precio según parámetros de aeronaves “parecidas pero no iguales”.

Relata que las autoridades recurridas señalaron que los informes de la Contraloría General de la República constituyen instrumentos con suficiente  fuerza coactiva y que la determinación sumida por el Juez a quo  en la Resolución de 22 de enero de 2003, por la que dispuso se designe un perito evaluador, no se ajusta a procedimiento siendo inaplicables los arts. 378 y 430 del Código de procedimiento civil (CPC).