SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1517/2003-R

En la demanda  de 12 de septiembre de 2003, saliente a fs. 4, el recurrente señala que Marvel Javier Vargas Ortíz contrató sus servicios para tramitar la obtención  de los documentos que legalicen la propiedad del vehículo Chevrolet, color azul metálico, tipo blazer, vagoneta con placa de circulación 884-SZT, comprometiéndose a que dicha documentación sería legal; en el contrato de servicios se hace referencia que el vehículo es de propiedad del contratante, pero en ese contrato no se informa que el indicado motorizado había sido secuestrado por el Control Operativo Aduanero (COA), el 21 de diciembre de 2002, mucho antes de haberse suscrito el antes aludido documento; ya en el curso de los trámites se enteró que su contratante había internado el vehículo en forma ilegal y burlando el control aduanero, extremo que también se establece en el acta de intervención, por lo que el Ministerio Público y la Aduana Nacional realizan la imputación formal en contra de Marvel Javier Vargas Ortíz, por encontrarse la conducta del imputado tipificado como delito de contrabando, solicitando la aplicación de medidas cautelares, con lo que se lo obliga a presentarse ante  el Fiscal, quedando el vehículo secuestrado en los almacenes de SWISSPORT.

Sostiene que se encuentra detenido preventivamente ante una acusación falaz y temeraria del Ministerio Público que haciendo abuso en la aplicación de la ley ejercita la acción penal vulnerando sus derechos constitucionales ya que en el presente caso no existe tipicidad, siendo que de la comisión de un delito, tal el caso del contrabando “no nace un derecho” (sic).