SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0222/2003-R

El actor ratificó los términos de la demanda y precisó que el acto arbitrario viola los derechos al trabajo y a la propiedad privada consagrados en el art. 7.d) e i) de la Constitución Política del Estado (CPE), por cuanto la resolución impugnada ha otorgado ilegalmente la calidad de socios de la Asociación Trans Narváez, intromisión que causa perjuicios a sus legítimos miembros incidiendo en su trabajo e ingresos económicos al convertir a otras personas en propietarias del patrimonio de la asociación.

Aclaró que por documento privado de 20 de diciembre de 1997, adquirió de Miguel Narváez Avilés la razón social de la Asociación Sindical Trans Tours Narváez con todo su patrimonio. Posteriormente, conformó la Asociación con Reyna Judith Aguilar Lipa y Elvis Richar Aguilar Lipa, no figurando en absoluto en la escritura pública de 6 de abril de 1998, Juan Pablo Mendoza y Wilfredo Baldivieso. Tampoco están consignados en la nómina de propietarios de buses afiliados al Sindicato La Tablada, que con sus herramientas de trabajo prestan servicio de transporte en la Asociación, de modo que éstos no tienen calidad de socios ni de afiliados de la institución.

Por otra parte, el acto constitutivo de la Asociación Sindical Trans Narváez así como su Reglamento Interno y Compromiso de esa Asociación fue aprobada y reconocida por la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia mediante Resolución 19/2000 de 5 de mayo de 2000. Con lo dicho demuestra de manera irrefutable su derecho propietario en el patrimonio de Trans Narváez.

En cuanto a la Resolución impugnada, refiere que los recurridos la dictaron sin ninguna atribución, y sin que se hubiera acudido previamente a instancias preestablecidas, por lo que pidió la procedencia del Amparo y se declare nula la resolución 22/2002 emitida por los recurridos, sea con daños y perjuicios.