SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0245/2003-R

III.4          Respecto al argumento de la parte recurrida en  sentido de que no teniendo el amparo carácter sustitutivo, la recurrente podía seguir el procedimiento  establecido por el art. 37.III y IV del  DS 26319  sobre el hecho de  que el incumplimiento de las resoluciones administrativas definitivas, dictadas por el Superintendente, puedan  hacer pasibles de responsabilidad por la función pública a los infractores,  e independientemente la autoridad administrativa o máxima autoridad ejecutiva de la entidad que rehusare o retardare injustificadamente el cumplimiento de dichas resoluciones puede ser denunciada al Ministerio Público para su procesamiento conforme a ley. 

“Que resulta imprescindible hacer notar que la finalidad del Amparo Constitucional es diferente a la que se persigue en la instauración de un proceso penal -al que aluden los recurridos en su informe, sugiriendo que los actores tienen expedita la vía para  iniciar la acción penal por el impedimento o estorbo que estarían sufriendo a consecuencia de la 'toma pacífica' del edificio municipal- pues en este Recurso Extraordinario se busca la reparación oportuna de un derecho fundamental conculcado, mientras que en un juicio penal se pretende lograr la imposición de una sanción a quienes hayan cometido un delito”.