SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0246/2003-R

III.4          Por otra parte,  el Estatuto del Funcionario Público, en su art. 41, dispone que el despido se producirá como resultado de un proceso disciplinario de responsabilidad por la función pública o proceso judicial con sentencia condenatoria ejecutoriada. En cuanto al estado de embarazo de la recurrente, la Ley 975, de 2 de marzo de 1988,  determina que “Toda mujer en período de gestación, hasta un año del nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo,  en instituciones públicas o privadas”. Por consiguiente, ninguna de las disposiciones legales anotadas fue observada por la autoridad recurrida, evidenciándose por ello que al haber despedido en forma intempestiva a la recurrente, cometió un acto ilegal y arbitrario, atentando contra el derecho fundamental al trabajo de la recurrente.