SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0508/2003-R

Que, las normas referidas han sido establecidas por el legislador en el marco del precepto previsto por el art. 118-7ª de la Constitución, por cuyo mandato son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia el Resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder ejecutivo y las demandas contencioso-administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo pues de una interpretación constitucional, aplicando el principio de la eficacia o efectividad constitucional, se infiere que el Constituyente estableció dicha norma como un mecanismo de control de legalidad sobre los actos y resoluciones de los funcionarios y autoridades administrativas; ello en razón a que en un Estado Democrático de Derecho sustentado, entre otros, en el principio de la legalidad, los servidores públicos ejercen sus funciones con sujeción a las leyes vigentes en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, las decisiones o resoluciones de la Superintendencia de Servicio Civil también se encuentran sometidas a ese control de legalidad mediante el proceso contencioso-administrativo, máxime si se toma en cuenta que dicha entidad, por definición del art. 58 de LEFP, es una persona jurídica de derecho público que ejerce sus atribuciones bajo la tuición del Ministerio de Trabajo y Microempresa.

...Que, de lo referido precedentemente se concluye que la Resolución Administrativa dictada por el Superintendente del Servicio Civil, al resolver un recurso jerárquico, sólo puede ser impugnada en la vía judicial en un proceso contencioso-administrativo; lo que significa que, en el ordenamiento jurídico vigente, no está prevista la vía de la revisión o reconsideración para que las partes puedan plantear ante la misma autoridad que dictó la Resolución Administrativa. En consecuencia, cualesquiera de las partes que se considere agraviada por la resolución del Superintendente del Servicio Civil deberá impugnarlo por la vía judicial antes referida”.

En el caso sometido a revisión, los recurridos no interpusieron demanda contenciosa administrativa contra las Resoluciones dictadas por el Superintendente del Servicio Civil en las que ordenó la restitución de los recurrentes en sus respectivos cargos, encontrándose, por ende, plenamente vigentes en mérito de lo cual deberán acatarlas cumpliendo lo dispuesto por  la citada autoridad del Servicio Civil.

Resulta imprescindible advertir, de un lado, que  no  constituye requisito forzoso que una entidad pública tenga suscrito un convenio con el PRI sobre el proceso de institucionalización para  que se respeten y cumplan las normas establecidas en el Estatuto del Funcionario Público; y, de otro, que la falta de cumplimiento de una formalidad como es la obtención del número de registro de la Superintendencia del Servicio Civil  no es motivo válido para desconocer los derechos del funcionario de carrera.