SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0811/2003- R

El fiscal recurrido informó: a) que, a denuncia presentada por el recurrente el 10 de julio de 2002, se inició la investigación asignando la misma a un investigador que después falleció, estableciéndose posteriormente el extravío de los antecedentes del caso, b) que, fruto de la investigación se supo de la existencia de una sociedad que estaba en plena disolución, disponiendo la retención del vehículo, siendo dejado en depósitos de DIPROVE, enterándose ahora que estaba gravado por beneficios sociales; c) que también se estableció la existencia de un acuerdo transaccional respecto al vehículo, en el que se hacía referencia al reconocimiento de un porcentaje a favor de Hortensia de Vallotón, lo que fue comunicado al abogado del recurrente; d) que presumiéndose que había una cuestión anómala se ordena la reposición de obrados, por lo que no es verdad que no se quiera devolver el vehículo sino que es preciso realizar un inventario. Agrega que la solicitud de devolución data de un mes o dos meses y en ese interin la copropietaria ha presentado memorial indicando que con el acuerdo le han “tomado el pelo” y e) que no se puso la investigación a conocimiento del Juez porque el abogado del recurrente le manifestaba que estaban transando y que no le perjudicara.

Por su parte el co-recurrido, en su condición de Director de DIPROVE informó: a) que por las investigaciones de sus funcionarios, se determinó que el recurrente no era el único propietario de la movilidad, sino que había sido adquirido en sociedad con Hortensia de Vallotón para trabajos de turismo, b) que se presentó un documento transaccional en el que se hacía constar el porcentaje correspondiente a cada uno de los socios, por lo que instruyó al investigador reasignado, haga comparecer a ambas partes para la entrega de la movilidad, lo que también ya había sido ordenado por el co-recurrido, pero hasta la fecha no se ha presentado y c) que, el recurrente maliciosamente inscribió el vehículo en Tránsito solamente a su nombre.