SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0911/2003-R

Esta línea jurisprudencial es aplicable al caso en análisis, toda vez que se evidencia que los hechos demandados de ilegales fueron ordenados por el juez de la causa y cumplidos por el Oficial de Diligencias con ayuda de la fuerza pública, por lo que el actor debió presentar sus reclamos oportunamente ante esa autoridad judicial pidiendo el respeto de su derecho de retención en su calidad de anticresista así como la devolución de sus bienes, pero no lo hizo, planteando más bien, tres meses después, un proceso ejecutivo con la finalidad de recuperar el monto dado en anticrético, a lo que se suma que once meses después, en forma errónea, demanda de amparo al recurrido, quien al no haber ordenado tales medidas ni ejecutado las mismas carece de personería y de legitimación pasiva para ser demandado en este caso concreto, situación que determina la improcedencia del recurso e impide conocer el fondo del asunto.

En cuanto a la supuesta apropiación indebida de los bienes del actor por parte del recurrido, queda claro que esa afirmación no condice con la realidad, por cuanto este último fue designado depositario de los mismos al momento del desapoderamiento, pudiendo el actor solicitar al juez de la causa su correspondiente restitución.