SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1023/2003-R

En el escrito presentado el 29 de mayo  de 2003 (fs. 18 a 21), el recurrente aduce que en el proceso penal que se le sigue, en 31 de enero de este año, se le impusieron como medidas cautelares la fianza personal y el arraigo, que no se efectivizaron pues tuvo que ausentarse a Santa Cruz, juntamente con su enamorada, pues había recibido amenazas de muerte “por  motivos pasionales”.

Relata que, luego de una orden de allanamiento que no pudo ser ejecutada por error en el domicilio,  ante una nueva solicitud del representante del Ministerio Público la Jueza Cautelar  libró mandamiento de allanamiento para un inmueble en Santa Cruz, con el que fue detenido el 10 de mayo a horas 6:30 a.m.; empero, el citado mandamiento ya caducó en su plazo de vigencia conforme lo establece el “art. 182”, pues fue expedido el 5 de mayo.

Arguye que el referido allanamiento se ejecutó en una casa diferente a la señalada en  la orden, por supuestos funcionarios policiales que no portaban ninguna credencial ni indumentaria de la Policía Nacional, y sin presencia del Fiscal, para elaborar después un acta en la que introdujeron datos falsos, la misma que fue obligado a firmar por medio de violencia física.