SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1164/2003-R

El 12 de julio de 2003, a horas 21:00 aproximadamente, en circunstancias en que departía con su familia en su domicilio ubicado en calle San Miguel 6 de la zona Bautista Saavedra de la ciudad de El Alto, tocaron el timbre de la puerta, constatando la presencia de cuatro personas quienes sin darle explicación alguna, con amenazas y “epítetos calificativos” (sic.) procedieron a detenerlo, sindicándolo del delito de robo, al mismo tiempo que uno de ellos amenazó con un revólver a su hijo. Empero  lo más grave del hecho es  que al haberles exigido le exhiban el mandamiento de aprehensión, refirieron ser funcionarios policiales acompañados por el Fiscal Pedro Mejía M, quienes posteriormente en un vehículo lo condujeron a dependencias de la PTJ, en cuyas celdas permaneció detenido desde las 22:00 del 12 de julio, hasta las 10:00 del domingo 13 de julio del presente año, en que fue llevado enmanillado a la población de Pucarani, donde luego de ser amenazado tuvo que cancelar la suma de Bs150.-  para  pagar el minibús que lo trasladó a esa población, además de que el Fiscal recurrido bajo amenaza de meterlo a la cárcel  y una serie de atropellos en contra de su humanidad le exigió $US500.- para luego disponer su libertad con la garantía personal de su esposa.

Añade que  de retorno a la ciudad de El Alto, la autoridad fiscal le exigió la suma de Bs200.- y para  una hora después la entrega de Bs3.000.-  en la puerta de Tránsito, haciendo efectivo sólo  Bs2.000.- siendo conminado  a entregar el saldo al día siguiente, por lo que tuvo que constituirse nuevamente en Pucarani el lunes 14 de julio, donde le entregó junto a su esposa el monto de Bs1.000.-disponiendo la autoridad fiscal se le reciba su declaración informativa a la vez que solicitó al funcionario encargado para ese efecto, lo ayude, actuado que concluido retornaron a la ciudad de El Alto.