SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0063/2004-R

Jovita Guarachi Vidal, el 22 de diciembre de 2002, inició en contra de su persona una demanda de asistencia familiar, a favor del menor Franco Felipe Montoya Guarachi, demanda que llegó a radicarse en el Juzgado Segundo de Instrucción Mixto de Montero; esa acción es tramitada bajo el nuevo régimen procesal de audiencias establecido por la Ley 1760 de 28 de febrero de 1997 o Ley de Abreviación Procesal Civil de Asistencia Familiar (LAPCAF), que no derogó al art. 367 del Código de familia (CF), cuya norma establece que el Ministerio Público intervendrá en procesos familiares, bajo sanción de nulidad, disposición que queda subsistente y esta plenamente vigente.

De un examen minucioso  de los antecedentes del proceso se evidencia que admitida que fue la demanda, simplemente se corrió en traslado al demandado y se omitió dar intervención al Ministerio Público y la Defensoría del menor, omisión que vicia de nulidad el proceso, pues es inaudito que la primera instancia del proceso se hubiera tramitado sin la intervención del Ministerio Público, siendo por ese desconocimiento de normas procesales que son de orden público, que pidió (antes de sentencia y luego en apelación) que se reponga obrados, solicitud a la que lamentablemente no dieron curso ni la jueza de primer grado, menos las autoridades recurridas en sus calidades de fiscal adscrito al juzgado de alzada y de jueza de apelación, la última que ilegalmente sin realizar el saneamiento del proceso conforme al art. 15 Ley de Organización Judicial (LOJ), pronunció un irrito Auto de Vista en el que inopinadamente confirmó la ilegal sentencia recurrida