SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0103/2004-R

El recurrente arguye que el Fiscal demandado, pese a tener oportuno conocimiento de que su derecho a la defensa estaba siendo restringido, por cuanto de manera sistemática no se permitió a su perito entrevistarse con la víctima para realizar una evaluación psicológica, en vez de remediar esta situación formuló acusación dos meses antes de concluir el plazo de la etapa preparatoria, sin considerar que no pudo producir su prueba pericial por motivos ajenos a su voluntad, lo que -a decir suyo- ha vulnerado sus derechos a  la seguridad jurídica, a la defensa, a la presunción de inocencia y a la garantía del debido proceso. En ese sentido, corresponde en revisión, analizar si en la especie se debe otorgar la tutela pretendida.