SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0180/2004-R

III.2      Si bien es cierto que por disposición del Estatuto Orgánico de ECOBOL aprobado por RS 208571 de 11 de enero de 1991, los miembros del Directorio son nombrados por un período de dos años y su remoción sólo procede por incumplimiento de sus obligaciones, incompetencia o inmoralidad funcionaria debidamente comprobadas (art. 11), plazo que tratándose de los recurrentes no ha transcurrido como tampoco se ha demostrado que los mismos hubieran incurrido en tales conductas, no es menos evidente que dada la subsidiariedad del amparo constitucional correspondía en principio a los recurrentes hacer valer sus derechos ante la propia autoridad que supuestamente los habría vulnerado, dado que conforme a la línea jurisprudencial citada, donde se deben reparar los derechos fundamentales es en el mismo proceso o instancia donde fueron conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda este recurso extraordinario, que por su carácter subsidiario no es sustitutivo de los recursos ordinarios, determinando esta circunstancia la improcedencia del amparo por falta de agotamiento de la vía administrativa, puesto que el art. 11.I LPA establece: “Toda persona individual o colectiva, pública o privada, cuyo derecho subjetivo o interés legítimo se vea afectado por una actuación administrativa, podrá apersonarse ante la autoridad competente para hacer valer sus derechos o intereses, conforme corresponda”.