SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0325/2004-R

El recurrente denuncia la vulneración a los derechos a la vida, a la salud,  a la seguridad personal, a la dignidad y a la legalidad de su representado, bajo el argumento de que las autoridades demandadas, ordenaron su traslado del Penal de “El Abra”, al recinto carcelario de “Chonchocoro”, sin orden judicial y en condiciones infrahumanas. Por consiguiente, corresponde analizar si los hechos denunciados se encuentran dentro del ámbito de protección otorgado por el art. 19 CPE.

En el caso de autos, se argumenta que las autoridades recurridas, sin contar con una orden de autoridad judicial competente, hubieran dispuesto el traslado de recinto penitenciario del representado del recurrente; no obstante, de antecedentes se evidencia que aquel no efectuó ningún reclamo sobre este hecho ante el Juez de Ejecución Penal, que de acuerdo a los arts. 55.1), 428 y 429 CPP y arts. 18, 19.1) de la Ley de ejecución penal y supervisión (LEPS), es la autoridad competente, para ejercer el control jurisdiccional en la ejecución de las sentencias condenatorias pasadas en autoridad de cosa juzgada y de resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante su ejecución; al contrario, formuló de manera directa el presente recurso extraordinario, sin haber agotado previamente los medios legales que tenía a su alcance, entre otros, el señalado, en cuyo mérito no es viable otorgar la tutela prevista por el art. 19 CPE, teniendo en cuenta que una de las características inherentes a la naturaleza jurídica del amparo constitucional es la subsidiariedad, lo que significa que esta vía tutelar sólo se activa cuando la persona no tiene o ha agotado todo recurso o vía legal para la reparación inmediata, efectiva e idónea de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, supuesto que no se da en la especie. Entendimiento asumido por este Tribunal en las SSCC 1300/2003-R, 1321/2003-R y 1705/2003-R, entre otras.