SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0369/2004-R

Por memoriales presentados el 15 y 19 de diciembre de 2003, cursantes de fs. 75 a 79 y de fs. 104, el recurrente asevera que su representado fue sentenciado por el Juez Segundo de Partido en lo Penal, quien dispuso el cumplimiento de su condena en la cárcel de El Abra de Cochabamba, Sentencia que fue ratificada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior, estando la Resolución en casación en la ciudad de Sucre. Sin embargo, a raíz de varias denuncias de robo de vehículos, el Ministerio de Gobierno ordenó al Vice Ministerio de Régimen Interior y a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, el  traslado de varios internos, entre ellos su representado, de los penales del Abra y San Sebastián de Cochabamba a la cárcel de Chonchocoro; traslado que se efectuó  el 30 de noviembre de 2003, sin cumplir con ningún requisito legal al no haberse observado lo dispuesto por los arts. 18 y 19 de la Ley de ejecución penal y supervisión (LEPS) que indican la autoridad competente para disponer el traslado de los internos a cualquier parte del país.

En el caso de su representado, su traslado obedeció al reclamo que en calidad de delegado interno presentó sobre el abuso que cometían miembros de la Pastoral Penitenciaria y que derivó en la decisión de la responsable de esa Institución de no trabajar más en el penal porque sus miembros habrían sido amenazados, razón por la cual fue incluido en la lista de los internos a ser trasladados por el ex interno Jorge Baldivieso, ahora representante de la Pastoral Penitenciaria; además por el odio de parte del Director de DIPROVE al ser parte contraria en el proceso que se le sigue.