SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0369/2004-R

Los demandados, Ministro de Gobierno y Viceministro de Régimen Interior, por informe escrito de fs. 110 a 113, señalaron que en el marco del mandato constitucional del art. 7 inc. a) CPE y el art. 4 de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), el Ministro de Gobierno dispuso el trasladado del representado del actor de un recinto penitenciario a otro, como una medida urgente, temporal y preventiva  para evitar la violación de los derechos constitucionales de la mayoría de los bolivianos, toda vez que por información proporcionada por organismos policiales, por todos les medios de comunicación y por las víctimas, una gran cantidad de delitos cometidos en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, eran planificados por los internos de los recintos penitenciarios de El Abra, San Sebastián y Palmasola. La medida no sobrepasa la autoridad del Juez de Ejecución Penal ni del Juez del proceso, ya que tiene vigencia hasta que se impriman los trámites correspondientes para que el órgano jurisdiccional tome una determinación confirmativa o negativa respecto al traslado. Agregaron que la medida determinó una disminución en los índices de criminalidad y que el representado del actor se encuentra protegido con todas las medidas de seguridad existentes en el recinto penitenciario de alta seguridad de Chonchocoro, recibiendo el trato humanitario correspondiente;  por lo que no se está violando sus derechos a la vida y seguridad física. Por último el representado del actor no impugnó el traslado ante el Juez de Ejecución Penal, solicitando en definitiva se declare la improcedencia del recurso con costas.