SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0475/2004-R

III.1. El amparo constitucional ha sido instituido como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata ante actos ilegales u omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución y las leyes, siempre que no haya otro medio o recurso legal para ese efecto. Así lo establece el art. 19 de la CPE y art. 94 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), que señala los casos de improcedencia en su art. 96 de la LTC al establecer que el recurso de amparo no procederá contra: 1) las resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente y en cuya virtud pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas; 2) cuando se hubiere interpuesto anteriormente un recurso constitucional con identidad de sujeto, objeto y causa, y contra los actos consentidos libre y expresamente o cuando hubieren cesado los efectos del acto reclamado, y 3) las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aun cuando no se haya hecho uso oportuno del recurso.