Sobre la cuestión este Tribunal ha definido una clara línea jurisprudencial, como la que se tiene en la SC 0785/2003-R, de 10 de junio, que establece:

III.2   En el caso examinado, según se ha visto, la recurrente mantenía una relación laboral dependiente de la entidad pública con la que suscribió el contrato a plazo fijo, y no obstante haber anunciado y acreditado su estado de gestación, le fue negado el reconocimiento de sus derechos establecidos en la Ley 975 y protegidos por la Constitución.