SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1361/2004-R

En el memorial presentado el 17 de mayo de 2004 (fs. 25 a 27), el recurrente afirma que es propietario y poseedor de un terreno agrícola de 25 hectáreas y 5.600 m2,  ubicado en  Colonia Sajta del cantón Icuna, provincia Carrasco de Cochabamba, inscrito en Derechos reales en 7 de agosto de 1992, en el que ha cumplido la función social establecida por ley y ejercido su derecho propietario. No obstante, desde 1999, tanto él como sus familiares han sido objeto de hostigamiento  permanente por parte de los dirigentes y bases del Sindicato Agrario de  dicha zona, que “pretenden caducar (reversión arbitraria) su parcela” (sic), así como limitar sus derechos. Tales personas no han acudido a los llamamientos que se les ha hecho en sus intentos de solución  mediados por la Jefatura Regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Ivirgarzama y el Juzgado Agrario, ante quienes acudió.

Relata que, precautelando sus derechos, en 13 de agosto de 2003, en el interdicto que formuló, se le ministró posesión, pero a partir del conocimiento de ese acto, los recurridos  limitan y restringen su derecho de tránsito, no le dejan sacar ni meter productos desde y hacia su parcela, ya que tiene arroz, plátano y yuca que debe comercializar pero se lo impiden.

Indica que de acuerdo a la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), todas las propiedades agrarias tiene que realizar el saneamiento hasta el  2006, y el Sindicato Agrario Sajta Palmar ha realizado el “saneamiento interno” sin tomarlo en cuenta como propietario, haciendo aparecer su terreno como área comunal, frente a lo que reclamó ser incluido en las listas, recibiendo solamente respuestas negativas por parte del Director del Proyecto CAT SAN Trópico.