SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0102/2004
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0102/2004

Fecha: 14-Sep-2004

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

Acreditando su personería, señala que el Fiscal de Distrito por Resolución de 5 de mayo de 2004, ratificó la Resolución de 21 de abril del mismo año pronunciada por el Fiscal de Materia Saúl Peñaloza, dentro del caso 401422 correspondiente a la denuncia y querella interpuesta por su representado contra Einar Angelo Lijerón por los delitos de prevaricato, falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado, obrando con falta de jurisdicción y competencia pues dicha resolución además de ser ilegal por no estar debidamente fundamentada fue dictada cuando el recurrido  había cesado en sus funciones por haber concluido el periodo por el que fue designado como Fiscal de Distrito, es decir que ya no tenía  jurisdicción y competencia para conocer el recurso de objeción, así como para dictar resoluciones, solicitando por ello la aplicación del art. 31 de la Constitución Política del Estado, (CPE) que sanciona con nulidad los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

Expresa el recurrente que las resoluciones pronunciadas que rechazan la denuncia y querella  aduciendo que los delitos cometidos por el Juez Einar Angelo Lijerón,  son errores, desconociendo  que el hecho ilícito se agota  en el momento en que el citado Juez  hace aparecer una sentencia de 17 de octubre  de 2002  en papeles sellados de 13 de noviembre y 6 de diciembre de 2002, probando ello la diferencia de tiempo sobre el que no puede haber confusión, y que la autoridad jurisdiccional  actuó alterando hechos y lugares, falsificando un instrumento público, introduciendo  elementos falsos tanto materiales como ideológicos y sin embargo, los recurridos  obrando con parcialidad pronunciaron las resoluciones mencionadas con el sólo propósito de beneficiar al Banco de Santa Cruz S.A., que utiliza a la justicia para confiscar el patrimonio de Luís Artemio Lucca Suárez, además de crear un sistema de impunidades  para los jueces prevaricadores.