SENTENCIA CONSTITUCIONAL  1536/2005-R

         Sucre, 29 de noviembre de 2005

Expediente: 2005-11548-24-RAC

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Artemio Arias Romano

En revisión la Resolución de fs. 59 a 60 vta. pronunciada el 27 de abril de 2005 por el Juez Primero de Partido Mixto de Sacaba del distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Leydy Dayana Gutiérrez Hurtado contra Luis Orellana Rojas, Alcalde Municipal de Sacaba, alegando la vulneración de sus derechos al trabajo, a una remuneración justa y a la protección a la maternidad, consagrados por los arts. 7 incs. d) y j) y 193 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

La recurrente en el escrito de 20 de abril de 2005 (fs. 29 a 31 vta.), manifiesta que encontrándose con baja médica por motivo de gravidez, se apersonó a la Alcaldía a cobrar sus haberes de febrero, quedando sorprendida por el hecho de que en su papeleta ya no se consignaba su mismo sueldo de Bs2.919.- y tampoco el cargo que desempeñaba hasta la fecha de Jefa de Fiscalización, sino que por motivos que desconoce, sin comunicación y menos proceso administrativo alguno se le había rebajado su sueldo a Bs1.481.- cambiándosele al cargo de asistente de planillas, ante lo cual remitió al Alcalde de Sacaba dos cartas de reclamo el 15 y 23 de marzo de 2005 de las que se hizo caso omiso, pese a que se encuentra amparada por la Ley 975, mereciendo un tratamiento especial por lo que no se le puede afectar su nivel salarial en su puesto de trabajo, menos aún si no demostró mala conducta, ineptitud o negligencia, tampoco evaluaciones no satisfactorias ni infracciones a la ley.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La recurrente estima vulnerados sus derechos al trabajo, a una remuneración justa y a la protección estatal a la maternidad, consagrados por los arts. 7 incs. d) y j) y 193 de la CPE.

I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio

El amparo constitucional se dirige contra Luis Orellana Rojas, Alcalde Municipal de Sacaba, solicitando se declare procedente el recurso y se deje sin efecto la rebaja de su sueldo y cargo.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de amparo constitucional

Efectuada la audiencia pública el 27 de abril de 2005, según consta en el acta de fs. 57 a 58 de obrados, se producen los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación del recurso

El abogado de la recurrente ratificó y reiteró los términos del recurso planteado.

I.2.2. Informe de la autoridad recurrida

El Alcalde Municipal de Sacaba, en el informe escrito que cursa de fs. 55 a 56, señala: 1) el art. 44.1 de la Ley de Municipalidades (LM) le faculta a representar al Gobierno Municipal, por lo que desde su designación como Alcalde asume la calidad de servidor público y como tal, conforme a la Ley de Administración y Control Gubernamentales, la responsabilidad por sus actos, sean administrativas, ejecutivas, civiles y penales, debiendo rendir cuentas por los recursos públicos asignados; 2) respetó la protección estatal a la maternidad consagrada por el art. 193 de la CPE y la inamovilidad de la mujer embarazada prevista Ley 975 y lo único que ha hecho en mérito al mandato de las Leyes de Municipalidades y de Administración y Control Gubernamentales es adecuar a la recurrente al puesto que en realidad le correspondía, ya que según su memorando de designación de 1 de noviembre de 2004 fue transferida al cargo de Jefa de Fiscalización y extrañamente, al día siguiente se le instruyó colaborar con la organización de las carpetas personales y planillas; 3) iniciada su gestión observó que en ningún momento se realizaron actividades de fiscalización en el Municipio, cumpliendo la recurrente únicamente la labor de asistente de planillas, motivo por el cual por memorando de 26 de abril de 2005 se la reincorporó a esas funciones; 4) la actora de acuerdo a las pruebas acompañadas consintió libre y expresamente la adecuación al puesto que le correspondía, pues firmó y selló documentos como asistente de planillas.

I.2.3. Resolución

Concluida la audiencia, el Juez de amparo constitucional pronunció Resolución declarando procedente el recurso, disponiendo la restitución de la recurrente a su cargo de Jefa de Fiscalización, debiéndosele asignar el ítem correspondiente y el salario de Bs2.919.-, como fundamentos se señalan: 1) la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en mérito a lo establecido por el art. 193 de la CPE y la Ley 975 ha otorgado tutela a la mujer embarazada por cuanto no se trata de proteger solamente el trabajo sino otros derechos primarios de la recurrente y del nuevo ser; 2) en el caso que se examina no se demostró que la asignación de la recurrente a un nuevo cargo e ítem no le haya afectado en su nivel salarial ni su ubicación; 3) siempre conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional si bien es cierto que el amparo tiene naturaleza subsidiaria, no es menos evidente que agotar los medios ordinarios implicarían un perjuicio irremediable que nace de la acción ilegal e indebida de la autoridad recurrida.

II. CONCLUSIONES

II.1.  Mediante memorando de 1 de noviembre de 2004, el entonces Alcalde Municipal de Sacaba dispuso la “transferencia” de la recurrente al cargo de Jefa de Fiscalización, con el ítem 23 (fs. 4).

II.2.  Por memorando de 2 de noviembre de 2004 el Oficial Mayor Administrativo y el Director de Recaudaciones de la Alcaldía, instruyeron a la recurrente colabore con la organización de las carpetas personales de los funcionarios y la organización de planillas de todas las gestiones (fs. 11), trabajo que la indicada cumplió y entregó el 10 de enero de 2005 (fs. 12 a 26).

II.3.  De acuerdo a los formularios de la Caja Nacional de Salud, la recurrente fue declarada en incapacidad laboral temporal por motivo de maternidad del 21 de enero de 2005 al 24 de abril de 2005 (fs. 6 a 8), habiéndose producido el nacimiento de su hijo el 11 de marzo de 2005 (fs. 9).

II.4.  De acuerdo a las papeletas de pago cursantes a fs. 27, a la recurrente se le canceló la suma de Bs2.919.- por concepto de sueldo por enero de 2005, correspondiente al cargo de Jefa de Fiscalización; mientras que por el mes de febrero de 2005 se le canceló Bs1.438.- que corresponde al cargo de asistente de planillas, situación que reclamó a través de sendos oficios de 15 y 23 de marzo de 2005, sin recibir respuesta (fs. 1 y 2).

II.5.  Por memorando de 26 de abril de 2005, con el rótulo “reincorporación a su fuente de trabajo”, el Jefe de Personal de la Alcaldía dispuso que cumplidos los cuarenta y cinco días de baja de la recurrente, ésta debe reincorporarse a sus funciones de elaboración de planillas (fs. 54).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La recurrente afirma que se vulneraron sus derechos al trabajo, a una remuneración justa y a la protección estatal a la maternidad al señalar que pese a encontrarse amparada por la Ley 975, se le ha rebajado de cargo y salario ya que hasta enero percibía Bs2.919.- en su calidad de Jefa de Fiscalización, mientras que por febrero se le canceló Bs1.481.- que corresponde al cargo de asistente de planillas. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son ciertos y si se justifica otorgar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la protección de la mujer embarazada y su hijo en los términos de la Ley 975, de 2 de marzo de 1988, la jurisprudencia de este Tribunal es invariable en otorgar la tutela en tales casos, por constituir la referida Ley el desarrollo de la previsión constitucional contenida en el art. 193 de la CPE sobre la protección de la maternidad por parte del Estado, al estar este aspecto íntimamente relacionado con un derecho fundamental primario y sobre el cual se sustentan todos los demás derechos, como es el derecho a la vida, es por ello que en varios casos se ha excusado inclusive la observancia de los principios de subsidiariedad e inmediatez que informan el amparo, a los efectos del ejercicio pleno de este derecho que asiste a la mujer trabajadora en estado de embarazo, no sólo para la protección de ésta, sino también y fundamentalmente del nuevo ser. Es así que por ejemplo, en la SC 0785/2003-R, de 10 de junio, se señaló lo siguiente:

         “La Ley 975 de 2 de marzo de 1988 en su art. 1º establece la inamovilidad en su puesto de trabajo de la mujer en período de gestación hasta un año de nacido el hijo, y abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión, sean con contratos permanentes o eventuales porque el sentido de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado como lo expresa el precepto constitucional contenido en el art. 193 de la Carta Fundamental”.

III.2. Sobre la naturaleza subsidiaria del amparo y sus alcances en los casos como el que se compulsa, en la indicada Sentencia se señaló:

         “Si bien el amparo constitucional tiene naturaleza subsidiaria, por ello antes de plantearlo se deben agotar las vías ordinarias de defensa; no es menos cierto que agotar esos medios ordinarios implica para la gestante un perjuicio que podría ser irreparable proveniente de una acción ilegal e indebida de la autoridad recurrida. En tal situación, es viable este amparo como mecanismo rápido y eficaz para proteger prioritariamente los derechos de la recurrente que se encuentra en estado de gravidez y del ser en gestación” (las negrillas son nuestras).

         Respecto al principio de inmediatez, no obstante que éste no es de aplicación ni corresponde ser compulsado en la presente problemática, a los efectos de marcar la pauta en el desarrollo jurisprudencial sobre el tema y su consideración por los tribunales de garantías en el conocimiento de similares asuntos, conviene recordar lo señalado por éste Tribunal al respecto en la SC 0389/2004-R, de 17 de marzo:

         “En la especie podría alegarse que el recurso no cumple con el requisito de la inmediatez, puesto que ha sido planteado después de más de ocho meses desde que se dispuso la destitución y en consecuencia declararse improcedente el amparo. Empero, atentos a las particularidades del caso y a los derechos fundamentales puestos en litigio, que en casos análogos a los del presente han justificado prescindir de la subsidiariedad, por lo que en el caso presente es justificable también prescindir o excusar el cumplimiento del otro requisito cual es el de la inmediatez, ello debido a que la recurrente invocó en su momento su estado de gravidez, que no se quiso considerar en el proceso administrativo  (…)”.

III.3. Cabe aclarar que la Ley 975, de 2 de marzo de 1988, no garantiza únicamente la inamovilidad de la mujer embarazada en su fuente de trabajo, sino que conforme a su art. 2 también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo. En tal virtud, la línea jurisprudencial precedentemente glosada, corresponde ser aplicada invariablemente a la problemática que se analiza, por cuanto la recurrente se encuentra dentro de los alcances establecidos por la Ley 975, al haberse producido su embarazo en vigencia de la relación laboral en su calidad de funcionaria o servidora pública del Gobierno Municipal de Sacaba, situación que era de conocimiento de las autoridades del Municipio, por lo que habiendo el hijo de la actora nacido el 11 de marzo de 2005, conforme al art. 2 de la indicada Ley no podía ser afectada negativamente en su nivel salarial ni en su condición en el puesto de trabajo hasta el año de dicho nacimiento. Consecuentemente, al haberse dispuesto la afectación del nivel jerárquico que ocupaba en el Gobierno Municipal al cambiársele su ítem de Jefa de Fiscalización al de asistente de planillas y especialmente al haberse dispuesto la rebaja sustancial de su salario como emergencia del cambio de funciones, se ha incurrido en un acto ilegal que lesiona derechos reconocidos por ley en desarrollo del postulado constitucional de protección a la maternidad y que son de orden primario como la vida, la salud y seguridad social, no sólo de la actora, sino también y fundamentalmente del nuevo ser que requieren urgente tutela para la materialización del mandato contenido en el art. 193 de la CPE, lesionándose asimismo con esa acción ilegal el derecho a una remuneración justa, en circunstancias en que precisamente la recurrente por su condición de madre, requiere de los ingresos suficientes para la atención de las necesidades del nuevo ser como también de ella misma.

III.4. En cuanto a que la actora hubiese consentido libre y expresamente su cambio de funciones al firmar y sellar documentos como asistente de planillas, se debe señalar que la asignación de una tarea específica que se le encomendó según memorando de 2 de noviembre de 2004, no afectó en modo alguno su nivel salarial, como tampoco su cargo, pues el instructivo dirigido a la recurrente fue en su calidad de Jefa de Fiscalización, asimismo el trabajo presentado fue suscrito por la recurrente en esa condición, vale decir como Jefa de Fiscalización, materializándose la lesión a sus derechos en el momento en que arbitrariamente fue rebajado su sueldo de Bs2.919.- a Bs1.438.- que recibió en el mes de febrero, como asistente de planillas; mientras que el memorando cursado el 26 de abril de 2005, luego de la citación con el recurso, por el que supuestamente se la reincorpora a sus funciones de elaboración de planillas, no hace otra cosa que ratificar el acto ilegal vulneratorio del art. 2 de la Ley 975 en que se ha incurrido.

Por todo lo expresado precedentemente, la situación planteada se encuentra dentro de las previsiones del art. 19 de la CPE, por lo que el Juez de amparo al haber declarado procedente el recurso, ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y dado correcta aplicación al citado precepto constitucional.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 102.V de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve APROBAR, la Resolución cursante de fs. 59 a 60 vta. pronunciada el 27 de abril de 2005 por el Juez Primero de Partido Mixto de Sacaba del Distrito Judicial de Cochabamba, y en consecuencia CONCEDER el amparo solicitado.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional

No intervienen, el Presidente, Dr. Willman Ruperto Durán Ribera, por estar con licencia; la Decana, Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas, por encontrarse de viaje en misión oficial y el Magistrado, Dr. José Antonio Rivera Santivañez, por estar en uso de su vacación anual.

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat

MAGISTRADA