AUTO CONSTITUCIONAL 086/2005-CA

El recurrente refiere que el ex Asesor General de la Fiscalía General de la República, Rolando J. Rojas Rivero por instrucciones del ex Fiscal General de la República, Oscar Crespo y ante la remisión de antecedentes del Consejo de la Judicatura,  por Resolución 123/2002 dentro de un proceso disciplinario contra el ex Presidente de la Corte Superior del Distrito de Tarija, Edgar Azurduy Salinas, Jenny Castellón Soruco, Edwin Castellón Soruco, Franco Cuellar y Miguel Azurduy Salinas por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo y otros, ordena se realice la investigación de dichos hechos y expresamente se eleve el correspondiente informe circunstanciado a la Fiscalía General de la República.

Continúa refiriendo que en el Distrito de Tarija, después de la excusa de varios Fiscales, el caso pasó a manos de la Fiscal María Cristina Mendoza de Romero, la que realizó la respectiva investigación y el 25 de abril de 2003 dispuso el rechazo de la investigación en favor de Edgar Azurduy Salinas, Jenny Castellón y Edwin Castellón, imputando formalmente a Miguel Azurduy Salinas y Franco Alberto Cuellar Suárez por los delitos de amenazas y extorsión; concluyendo su investigación dictó resolución de sobreseimiento, señalando la inexistencia de suficientes elementos de convicción para el juzgamiento, remitiendo dicha resolución a la Fiscal de Distrito, la que dispuso la devolución del cuaderno de investigaciones, recordándole a la Fiscal su deber de informar al Fiscal General sobre la investigación, sin embargo, con dicha providencia, la Fiscal Mendoza envió a la Jueza de Instrucción señalando que el sobreseimiento ya había sido resuelto, autoridad judicial que al observar que tal afirmación era falsa, devolvió el cuaderno a la Fiscal, la que por último, evacuó un informe sobre sus actuaciones remitiendo a conocimiento de la ex Fiscal de Distrito, María del Carmen Arellano de Yeske, advirtiendo dicha autoridad la irregularidad de las actuaciones remitió el cuaderno de investigaciones a conocimiento del Fiscal General de la República, recibiéndose el mismo el 14 de enero de 2004 en secretaría de la Fiscalía General de la República.