SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0232/2005-R

El recurrente manifiesta que en el juicio oral y público seguido en su contra por el supuesto delito de asesinato, sin que existan medios probatorios idóneos para determinar la existencia del ilícito se le condenó a 30 años de presidio, Sentencia que omitió prueba fundamental, por cuanto, no se estableció con prueba legal la verdadera causa de la muerte de la víctima, ya que no se presentó el acta de levantamiento de cadáver, mismo que no puede ser suplido por un informe policial; máxime, si el informe médico forense no tiene valor, porque fue realizado a petición del policía asignado; el examen fue externo no pudiendo suplir una autopsia o necropsia como correspondía, por lo que su condena vulnera el debido proceso; asimismo señala que, el Fiscal utilizó prueba ilegal para fundamentar su acusación y, que el Tribunal vulneró los derechos fundamentales y garantías constitucionales, por lo que no se puede alegar cosa juzgada, ni tampoco que se trate de una Resolución inimpugnable, por cuanto, la misma sólo adquiere dicha calidad cuando se ajusta a normas constitucionales; agrega que la Sentencia debe ser fruto de un proceso sustanciado en el marco del debido proceso, ya que los actos o decisiones que lesionen los derechos fundamentales o garantías constitucionales no pueden ser convalidados ni surten efecto legal por carecer de legitimidad y no merecen ser acatados. Corresponde, entonces, verificar si los extremos demandados se encuentran dentro del ámbito de protección del art. 18 de la CPE.