SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0381/2005-R

El abogado de la recurrente ratificó el contenido de su demanda y lo amplió expresando que la autoridad recurrida no realizó una adecuada valoración y fundamentación de la prueba de cargo y descargo; tampoco aplicó la ley penal mas favorable al hijo de su cliente, como el requisito de la interpelación al pago de la deuda económica en el plazo legal, especificado en el documento base del mencionado juicio, omitiendo además el cumplimiento del art. 242 en sus incisos 2, 3, 5 y 6 del CPP.1972, por lo que violó el debido proceso al pronunciar una Sentencia ilegal en perjuicio del representado de su cliente, entrando el asunto a la esfera del hábeas corpus. Hizo constar que la Sentencia se encuentra ejecutoriada desde el 12 de diciembre de 2000 y en mérito a los antecedentes expuestos pidió la procedencia del recurso, y en consecuencia, se anule todo lo obrado hasta el fallo impugnado, se expida mandamiento de libertad a favor del condenado, se remita el proceso al Juez Liquidador para la prosecución hasta pronunciar nueva Sentencia y se declare la extinción del proceso penal.