SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0845/2005-R

Los recurrentes en el memorial presentado el 26 de enero de 2005 (fs. 5 a 7 vta.), manifiestan que su representado, en calidad de abogado, suscribió una iguala con Ana María Monterrey Ríos, para que asuma su defensa técnica en el juicio oral que se le siguió por el supuesto delito de estafa, conviniéndose como honorarios la suma de $US1.500.-, habiendo cumplido a cabalidad su labor profesional en todas las instancias, inclusive en recurso de casación; empero, lamentablemente el proceso concluyó con sentencia condenatoria, imponiéndose a la nombrada y otro una pena mínima. Por esta circunstancia ha sido objeto de una denuncia penal de la indicada, atribuyendo a su representado el haber obtenido ventajas económicas con la promesa de sacar libre de toda culpa a sus defendidos, habiéndose emitido imputación formal por presunto delito de estafa ante el Juzgado a cargo de la recurrida, quien sin considerar la condición de abogado de su mandante, expidió en su contra mandamiento de aprehensión, vulnerando el art. 43 de la Ley de la abogacía (LA), que dispone que ningún abogado puede ser perseguido por hechos que deriven del ejercicio libre de la abogacía, sin que previamente el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados lo procese o le conceda licencia para su procesamiento, dictando medida restrictiva de libertad sin que exista pedido expreso y fundamentado del Fiscal o el querellante, conforme al art. 233 del Código de procedimiento penal (CPP), persiguiendo ilegalmente a su representado, sin tomar en cuenta que se presentó voluntariamente para someterse al proceso investigativo.